Vive en esa vorágine de quien llega a un cargo nuevo. Las incontables reuniones se solapan con las llamadas; de cortesía y de trabajo. Quería hacer tantas cosas que dice que tuvo que obligarse a frenar. A sus 57 años, este magistrado civilista palentino (de Baltanás), vuelve a la que él considera como ‘su’ ciudad para ocupar uno de los dos grandes cargos de representatividad de la Administración de Justicia; antes (de 2002 a 2006) fue juez decano y ahora, presidente de una Audiencia Provincial que tuvo durante 16 años en la plaza a toda una institución como es Feliciano Trebolle, con quien Javier Carranza mantiene un contacto «casi diario», aunque con sus propias ideas.

Quizá una de las  más llamativas de este mes y pico ha sido desechar la denominación (que acuñó el propio Trebolle) de ‘Campus de la Justicia’ para apostar por ‘Plaza de la Justicia’, a modo de borrón y cuenta nueva. Y aunque este es un proyecto histórico, Carranza tiene claro que no va a ser tan inminente como lo es la puesta en marcha del Juzgado de lo Social número 5, que llega a finales de este año; o el comienzo de las gestiones para conseguir el cuarto de Familia (Primera Instancia 16); o retomar la idea de comprar la sede al Colegio de Procuradores; o darle un impulso a la mediación civil; o hasta acotar tiempos y folios para jueces, fiscales y abogados... 

¿Cómo ha sido su llegada al cargo?

Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid. - Foto: J. TajesLa llegada ha sido muy interesante y muy intensa, porque, cuando llegas, tienes que abrir muchas puertas al mismo tiempo y esas puertas, claro, abren otras. Entonces te das cuenta de que hay un momento en que hay que frenar, poner orden y asumir que no se va a poder resolver todo el programa en el primer mes.

¿Cuánta gente habrá pasado por el despacho en este primer mes?

No mucha, pero porque yo tomé la determinación de ir yo a visitar las instituciones, ya que yo era el recién llegado. Aún así han pasado por aquí a verme bastantes personas, desde compañeros a abogados, pasando por miembros de la Administración de Justicia o Policía Judicial.

¿Visita protocolaria o para pedir?

Todos han sido muy amables, pero sin dejar de solicitar alguna cosa, que me parece lógico.

A finales de año se crea el Juzgado de lo Social número 5, ¿qué otras necesidades tiene Valladolid?

El próximo objetivo tiene que ser la creación de Primera Instancia 16, que se convertiría ya en el cuarto juzgado de Familia. Actualmente, esta es la jurisdicción con una mayor carga de trabajo y con un tiempo de respuesta más elevado.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconsejaba su creación ya este mismo año, cuando avaló la puesta en marcha de Social 5...

Sí, pero aquí nos encontramos con un problema que es que todo esto lleva su orden: se solicita por parte de la Junta de Jueces; luego lo apoya el presidente de la Audiencia; va a la Sala de Gobierno del TSJCyL, que lo respalda igualmente; se eleva al CGPJ, que es quien finalmente hace o no la propuesta al Ministerio de Justicia... Y aunque lo apoyase, luego está el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que poner los medios económicos para crear un juzgado, que es algo costoso, ya que aparte de local y material, tiene que haber juez, letrado de la Administración de Justicia y mínimo de seis o siete funcionarios. Todo eso lleva tiempo y dinero, y hay veces que, aunque se prevé la necesidad, pues no llega a conseguirse inmediatamente. Hay que tener paciencia e ir insistiendo, porque la necesidad existe, y esperar a que se dé vía libre al nuevo Juzgado de Primera Instancia 16.

¿Hay algo apalabrado?

No, todavía no.

¿Y mientras tanto? ¿A sobrevivir con jueces de refuerzo?

Sí, actualmente hay uno en Familia y dos en juzgados de Instrucción, los que refuerzan la causa de las Eólicas y la de la Estafa Funeraria.

El pasado mes de mayo era el propio Tribunal Superior de Justicia el que solicitaba la creación del Servicio Común de Registro y el reparto de los Juzgados de Valladolid y, mientras se decidía sobre su puesta en marcha, el refuerzo del juzgado de guardia... ¿se sabe algo de estas peticiones?

No, por el momento no hay nada. El Servicio Común de Registro es una vieja aspiración, ya desde mi época de decano, pero nunca se ha podido conseguir por falta de medios, de material y, sobre todo, de personal, porque Valladolid tiene las sedes tan dispersas que eso dificulta mucho la aplicación del Servicio Común. Por otro lado, está el problema que tiene el juzgado de guardia de Valladolid, que es que carece de instalaciones propias y adecuadas para el ejercicio de la función del juzgado de guardia; esto es un acceso diferente al resto de juzgados, una dependencia para poder hacer los interrogatorios, un acceso directo a los calabozos... La guardia se realiza semanalmente en cada juzgado de Instrucción, en sus dependencias, y se confunde con la actividad normal del juzgado. 

¿Sigue sobre la mesa aquella idea de adquirir la sede del Colegio de Procuradores, contigua a la sede central de calle Angustias, y dedicar una parte de ese espacio para el juzgado de guardia?

Se planteó como una posibilidad, sí. Son unos 500 metros cuadrados y la conversión en juzgado de guardia entraba dentro de lo posible.

También se habló de trasladar allí al Juzgado de Menores, ¿serían dos opciones compatibles?

No lo sé, habría que estudiarlo, ya que Menores también exige unas dependencias muy particulares, de cara a todo el tiempo que pasan allí los menores de edad. Incluso se aconseja que tengan otra estética.

¿Pero la negociación entre Colegio de Procuradores y Ministerio se ha retomado?

Aquí todo está supeditado a que el Ministerio dé el paso y proceda a la adquisición de ese inmueble. Sé que hubo una reunión hace como un mes, pero no sabemos aún cuál fue el resultado de esas conversaciones, pero también sabemos que, en su día, el arquitecto del Ministerio de Justicia dio el visto bueno a la opción de unir ambas dependencias, la de los Juzgados de Angustias y la actual sede del Colegio de Procuradores.

Por ahora, lo siguiente es la llegada de Social 5 y ya se han empezado a hacer movimientos para trasladar Vigilancia Penitenciaria a la sede de plaza del Rosarillo y que Social 5 pueda ocupar su espacio en la sede de Angustias. ¿La Justicia vuelve a quedarse sin espacio en Valladolid?

Sí, no hay sitio para más. Queríamos juntar los cinco sociales en la sede de Angustias y, para ello, no había otra posibilidad que liberar espacio, sacando algún juzgado de allí y se ha optado por llevar el de Vigilancia Penitenciaria a plaza del Rosarillo.

¿Comparte la reivindicación de los jueces de Instrucción para cambiar el sistema de guardias, que pasen a 72 horas en lugar de semanales?

Es otra vieja aspiración de Valladolid y es cierto que esta es una ciudad con un número de jueces y con un volumen de asuntos suficiente para cambiar al sistema de 72 horas. Lo apoyo totalmente, porque este tipo de guardias semanal, en Valladolid, es durísima para los jueces, porque en ciudades más pequeñas hay menos asuntos y menos posibilidades de que te llamen a horas intempestivas, pero en una ciudad como esta son muchas las veces que ocurre eso.

¿Ha hablado ya con el Ministerio del Campus de la Justicia?

Todavía no, porque el Ministerio no puede hacer nada si primero no contamos con la parcela del colegio El Salvador para construir la Plaza de la Justicia. A partir de ahí, habrá que ir ya con toda la fuerza, de los hechos y de la razón, a solicitar alMinisterio ese nuevo edificio para completar la Plaza de la Justicia.

¿Y qué le ha dicho el alcalde en su reciente reunión? ¿Está próxima la puesta a disposición de la parcela?

Sí. El alcalde es muy optimista y me ha transmitido ese optimismo, del que yo participo. La posibilidad de tener la parcela hay que plantearlo como algo inminente y yo confío en que no haya ningún problema de última hora que aborte la operación. A partir de ahí, pues pediremos al Ministerio una adecuada dotación presupuestaria, porque sin dinero no hay edificio, eso está claro.

¿Se atrevería a ponerle fecha?

Es bastante complicado, pero, en condiciones normales, si la parcela fuese algo inminente y el Ministerio que salga tras las elecciones apoyase el proyecto, estaríamos hablando de licitarse en 2021 y, quizá, podríamos hablar de 4-5 años para las obras. Siempre que todo fuese bien, claro.

Hace ya cuatro que se desechó la opción del barrio Girón, ¿cree que se acertó con el cambio?

Evidentemente, era un proyecto que podía dar respuesta a las necesidades que teníamos en la Administración de Justicia de Valladolid, puesto que permitía la construcción de un gran edificio, emblemático además como era, y también ofrecía la posibilidad de acoger a todos los juzgados. Pero aquello, esa opción de Girón es el pasado y ese fue un proyecto que no siguió adelante, porque hubo una serie de problemas y que no cuajó, que es la única realidad. Ahora lo que se plantea es este proyecto de la Plaza de la Justicia, con el colegio El Salvador, y hay que apostar por ello.  No sería un solo edificio, no, pero bastaría con tener tres edificios en un espacio de unos 100-150 metros, lo que resolvería los problemas de dispersión que hay en Valladolid, a través de esa Plaza de la Justicia.

¿Usted quiere acuñar ese término, el de Plaza de la Justicia, en lugar de Campus de la Justicia?

Sí, porque es una plaza. Lo indico así para separarlo de la idea de Campus como edificio único separado en una parcela, que esto ya quedó atrás y nosotros tenemos que apostar por lo que tenemos delante, que es la Plaza de la Justicia.

¿Ha hablado con el gran impulsor del Campus de la Justicia, Feliciano Trebolle? ¿Qué consejos le ha dado?

Hemos hablado de todo. Pero no solo es que haya hablado, sino que sigo hablando con él, porque hay un contacto casi diario, casi permanente con él, porque le pregunto muchas cosas. Feliciano, desde su retiro, siempre está al aparato y me informa, me indica y me aconseja, porque él tiene mucha experiencia, estuvo 16 años de presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid. Aunque está claro que cada uno tiene su estilo, no aspiro a superar el nivel de Feliciano Trebolle porque posiblemente sea insuperable.

¿Una de sus apuestas cuando se presentó a la Presidencia de la Audiencia iba a ser la mediación, cómo lo va a potenciar?

La mediación ya existe y lo cierto es que ha funcionado bastante bien la mediación penal, pues el acusado tiene la posibilidad de una rebaja de pena y evita el ingreso en prisión, y la víctima recibe de directamente  el perdón y la reparación moral y material, es decir, que ambas partes salen muy beneficiadas y, por eso, la mediación penal funciona bien en Valladolid. No así, la mediación civil, sobre todo en los casos de Familia, y la mediación mercantil, además de ir dando los primeros pasos en mediación contenciosa. En estos momentos, funciona un servicio de mediación que está en el Colegio de Abogados, pero en la práctica la mayor parte de los casos no llega a celebrar ni la primera comparecencia. No funciona, en definitiva, por lo que le vamos a dar un impulso. Hay pendiente una entrevista monográfica sobre este asunto con el Colegio de Abogados y con el de Procuradores. Además, yo quiero constituir una Unidad de Mediación que dependa de la Presidencia de la Audiencia y mi idea es, además, involucrar mucho a los jueces.

Si los jueces no quieren...

Hablamos de un tipo de mediación intrajudicial, es decir, cuando ya se encuentra el asunto en el juzgado, por lo que necesitamos implicar a los jueces para que deriven hacia la mediación y lo apoyen. Pero, claro, para conseguir esto necesitamos que no haya camino de vuelta, que cada asunto que salga a mediación termine en la mediación. Porque si un porcentaje muy alto de asuntos derivados no llegan ni a empezar la mediación y al cabo de un mes vuelve otra vez al juzgado, pues la percepción de los jueces es que la mediación no sirve para nada.

¿Y qué plazo se da para lograrlo?

Pues esto no se puede conseguir a corto plazo. Crear esa cultura de la mediación es cuestión de tiempo, esa cultura de que no todo tiene que ir a los juzgados. Sobre todo, cuando hablamos de cuestiones nimias, en Derecho de Familia, por ejemplo, puesto que hay veces que produce hasta sonrojo que ciertos casos lleguen a un juicio, tonterías, discusiones por el pique personal de los cónyuges...

En su programa también hablaba de la aplicación de un protocolo de buenas prácticas procesales, ¿en qué consiste?

En España se ha generalizado una Justicia muy larga, con escritos muy largos, muy farragosos. Cada asunto requiere su dedicación, pero la experiencia demuestra que, con independencia de la complejidad particular del caso, el contenido de cada uno de los escritos muchas veces resulta desproporcionado. Quizás todo pueda tener su origen en el paso de la dictadura a la democracia y al hecho de que, en su momento, el Tribunal Constitucional sentó una jurisprudencia que defendía mucho la sentencia motivada; y, por esa vía, se han generalizado los escritos kilométricos.

Igual pasa con los informes de las partes durante los juicios, ya que ves como en un juicio verbal de tráfico en el que se discuten 300 euros, hay informes de una hora. Todo va en esa línea y ese protocolo lo que hace es intentar que el trabajo sea más fácil, ya que no es lo mismo leer un escrito de cuarenta páginas que uno de ocho y se puede decir lo mismo de los juicios. El gran objetivo es ajustar la dimensión, la forma, la tipografía... a la complejidad del asunto.

¿Y eso cómo se hace realidad?

Pues tomando valores medios. En realidad, ese protocolo existe, se firmó en 2016 entre una Comisión Mixta del CPGJ y el Colegio de Abogados de Castilla y León, y ahí se marcan unos parámetros: ocho folios para las demandas de juicio verbal, doce para las demandas de juicio ordinario, ocho para las apelaciones... y da otra serie de indicaciones de cómo identificar los documentos. Hay mucho tiempo de lectura que podía ser evitado, mucha discusión en la Sala... y al final todo redundaría en una mejora en la Administración de Justicia, porque si reducimos el tiempo de los juicios, podemos celebrar más juicios y los testigos no tienen que estar tanto tiempo esperando fuera... Si reducimos el tamaño de los escritos, el tiempo de lectura del juez se reduce y eso debería dar lugar a que el tiempo de respuesta se redujese. Además, los jueces también contestarían de la misma forma, con lenguaje claro, preciso y conciso.

¿Esto cómo se cambia?

Con una disposición legal, pero no existe, excepto para el recurso de casación en vía contencioso-administrativo. Es una decisión legislativa que ojalá se extendiese al resto de jurisdicciones. Mientras tanto, llegar a un convenio con jueces, abogados, fiscales y mucha fuerza moral... Y por ahí vamos a intentar ir en Valladolid.

¿Qué opina de la nivel actual de la digitalización judicial?

Estamos en ello, va avanzando, pero aún nos queda bastante terreno por recorrer. Empezamos tarde y hay ocasiones en que queremos ir con prisas y nos precipitamos. Ahora mismo el expediente digital está muy asentado en Valladolid, aunque el sistema a través del cual se accede a ese expediente digital, tiene aún muchas deficiencias. Hablamos de 16 o 18 deficiencias y todas de tipo práctico, de esas en que se necesita que haciendo un clic se pueda ir a un documento, que es algo que no existe, por ejemplo. Hay una serie de desajustes que se deben corregir. Está claro que esta es la Justicia del futuro y que el papel está dejando de existir, pero yo confío en que, con el tiempo, estas deficiencias se puedan subsanar, porque hablamos de unas deficiencias que, a base de repetirse, se hacen enojosas.

¿Ahora mismo es más un problema o una solución?

Estamos en un punto intermedio y no es por ser salomónico. Ahora ya no tenemos esos problemas de papel, podemos trabajar y hasta firmar resoluciones desde casa... pero, sí, tenemos unas deficiencias que hay que corregir.

¿Qué imagen cree que se tiene de la Justicia?

Una imagen que no responde a la realidad, ya que lo que se transmite a la ciudadanía, lamentablemente, es la de una Justicia politizada. Esto es porque se confunde el Pleno del Consejo General del Poder Judicial con la Justicia, porque el juez no está sometido a nadie, solo al imperio de la Ley. El CGPJ presta apoyo y tiene poder en lo administrativo, pero no entra en influir en un juez para que tome una decisión determinada, porque el juez es soberano.

¿La sentencia del ‘procés’ refuerza esa imagen de independencia que usted defiende?

Los jueces del Supremo son jueces profesionales, de enorme prestigio en la Carrera Judicial y con una gran experiencia, que han actuado según su leal saber y entender. Intentar ver la decisión que han tomado desde  un punto de vista político, pues es un error. Porque hablamos de una sentencia muy compleja desde el punto de vista jurídico, que parece que esto era un asunto sencillo. Yo mismo lo he discutido con varios compañeros, en cafés, y cada cual teníamos opiniones diferentes.