El Juzgado de Instrucción 1 ha emitido un auto de imputación contra once personas, un guardia civil y diez empresarios, por su relación con una presunta trama de favores del primero hacia el resto, un proceso que lleva año y medio investigándose y del que el juez del caso ha vuelto a dejar fuera a los mandos de la Comandancia de Valladolid; ya lo había hecho antes, pero el auto fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Valladolid por la Fiscalía -para que aclarase la participación de cada uno de los imputados- y por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) -al entender que el agente actuaba en connivencia con los mandos de la Guardia Civil de Valladolid- y se devolvió a Instrucción 1 para que concretase los hechos.
Este segundo auto, en el que el juez José María Crespo exonera nuevamente a los mandos, ha vuelto a ser recurrido por AUGC para profundizar en el papel de los mandos, situación que ha causado malestar en la otra acusación particular personada, también otra asociación profesional, la Unión de Oficiales (UO), que se ha opuesto al recurso y que acusa a AUGC de seguir "enrocada en el enfermizo mantra de ir contra el mando": "AUGC, como parte acusadora, ha recurrido esa resolución judicial en apelación, exigiendo nuevamente que se investigue a los mandos, pero sin aportar nuevos datos, indicios o pruebas, y a pesar de la existencia una dilatada investigación. Parece que esta asociación olvida que la Justicia debe hacer que quienes son culpables paguen por sus actos, pero que también es obligación de la acción de justicia evitar que paguen y sean perjudicados quienes no tienen ningún tipo de responsabilidad".
Desde UO se advierte de que "actuará contra quienes, gratuitamente, sin datos, sin pruebas, y sin más ánimo que el de causar perjuicio a los mandos del Cuerpo de la Guardia Civil, intenten desacreditar su honorabilidad o prestigio profesional. No hay que olvidar que el perjuicio de hacer creer a la opinión pública que un mando tiene un comportamiento reprochable es de difícil reparación, aun cuando la Justicia, como en este caso, declare con rotundidad la ausencia de implicación y responsabilidad", detalla la Unión de Oficiales en un comunicado recogido por El Día de Valladolid. "Marco Tulio Cicerón, mantenía que no había mayor injusticia que 'buscar premio en la Justicia'. Pese a la claridad de la instrucción judicial, AUGC insiste en implicar a los mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid en la causa judicial", lamentan desde esta organización que recuerda que el Juzgado de Instrucción 1, "mediante resolución fundamentada, no ha apreciado ningún tipo de implicación por parte de los mandos, ningún dato, ningún indicio de prueba que les responsabilice de nada". "Aclara que el guardia civil, presuntamente, aparentaba estar en connivencia con los mandos para, a través de ellos, conseguir favores a determinados empresarios. De la instrucción judicial se desprende que los mandos ni eran conscientes, ni tenían conocimiento de que un concreto guardia civil estuviese utilizando sus nombres y cargos. En concreto, se precisa de manera muy clara, en el auto, que " (...) las menciones a altos cargos de la Guardia Civil de Valladolid, León o Alicante eran de cuenta del citado [guardia civil], aunque los afectados no tuvieran conocimiento de la utilización de sus nombres y cargos en los comportamientos de (...)", concluyen desde Unión de Oficiales.
OPERACIÓN ROSADO
Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la Operación Rosado contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo. Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la Operación Rosado, coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.
Según recoge el auto, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad. Las grabaciones, señala el juez, reflejan "la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad" y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación, según recoge Europa Press.
El magistrado instructor mantiene que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vendía" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal. Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores-en un caso se colocó a un fallecido-y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.