La Diputación de Valladolid acordó hoy poner en marcha una convocatoria de ayudas por valor de dos millones de euros con la cual pretende llegar a más de 3.300 autónomos y pymes ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes, que podrán recibir un máximo de 600 euros para cubrir hasta el 60 por ciento de los gastos subvencionables. De esta manera, confían en que puedan cubrir los gastos ocasionados por el cese de actividad o la pérdida de ingresos originados por el estado de alarma.

Esta ayuda es compatible con cualquier otro tipo de ayuda o subvención que reciban las personas o entidades beneficiarias de instituciones públicas o privadas para el mismo fin, si bien en ningún caso la suma de las ayudas podrá superar el coste de los gastos subvencionados. 

Los gastos subvencionables serán aquellos generados a partir del 1 de marzo y hasta el fin del mes en que se decrete la finalización del estado de alarma por el pago del alquiler o de la hipoteca del local de negocio; los de luz, agua o calefacción; los gastos en telecomunicaciones; los pagos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el COVID-19, así como los seguros; y los gastos de publicidad relacionados con la venta online o con el posicionamiento web.

Para optar a las ayudas, los autónomos que las soliciten deberán estar empadronados o tener su centro de trabajo en un municipio de menos de 20.000 habitantes, y estar dados de alta en el RETA o en la mutualidad de Colegio profesional desde antes del 1 de enero. Según explican desde la Diputación en un comunicado recogido por Ical, tienen que haber mantenido el alta durante el estado de alarma, y haber cesado su actividad o sufrido una pérdida de ingresos de al menos el 50 por ciento respecto a la media mensual del primer semestre de 2019 o de su periodo de actividad en el caso de haberse constituido con posterioridad a esa fecha. 

En el caso de las pymes, deben haberse constituido también antes del 1 de enero de este año, tener su centro productivo o de trabajo en un municipio de menos de 20.000 habitantes, tener menos de 20 trabajadores y un volumen de negocio anual que no supere los 2 millones de euros. Como en el caso de los autónomos, deben haberse mantenido de alta durante el estado de alarma, y que haber cesado su actividad o sufrido una pérdida de ingresos de al menos el 50 por ciento respecto a la media mensual del primer semestre de 2019 o de su periodo de actividad en el caso de haberse constituido con posterioridad a esa fecha.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 4 de septiembre y la convocatoria tendrá varias resoluciones a lo largo del año hasta agotar los fondos, aplicándose como criterio el orden de entrada en registro de las solicitudes y ordenándose el pago de las ayudas en el mismo momento de aprobarse su concesión, todo ello con el fin de agilizar al máximo el pago a los beneficiarios.