CCOO exige una inspección general en residencias de mayores

Ical
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La secretaria general de la FSS-CCOO CyL, Ana Rosa Arribas. - Foto: Miriam Chacón (Ical)

La FSS-CCOO considera que el caso de los supuestos maltratos de la residencia de Montamarta (Zamora) "no es un hecho aislado"

Comisiones Obreras instó hoy a la Gerencia de Servicios Sociales a que “haga una inspección general” de las residencias de mayores y a que “ponga en marcha los protocolos que tiene publicados” sobre ese ámbito para controlar situaciones como las de los supuestos maltratos a ancianos en la residencia de Montamarta (Zamora).

“Estas situaciones se pueden estar dando en más centros y quienes lo tiene que detectar son las direcciones y la parte institucional, el Ayuntamiento de Montamarta o la Gerencia de Servicios Sociales. Si saltan muchos casos, lo natural sería que la Gerencia, de facto, hiciera una inspección general para ver qué está sucediendo en los centros”, expuso la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Castilla y León, Ana Rosa Arribas.

“Es una gota que colma el vaso, no solo son los supuestos malos trato en la residencia de Montamarta, sino que CCOO está preocupada por este tema hace muchísimo tiempo y no es un hecho aislado. Cuando salta un tema de estos a los medios es que hay detrás otros tantos casos que no se denuncian o que, si se denuncian, no llegan a ninguna parte”, añadió.

Arribas Muñoz hizo estas declaraciones en la sede de CCOO en la capital zamorana, adonde acudió para “denunciar la pésima gestión del Ayuntamiento y de las administraciones públicas implicadas en el conflicto de los supuestos maltratos a personas mayores atendidas en la residencia municipal” de Montamarta. “Es alarmante que, en el caso de las compañeras que han puesto en evidencia los malos tratos, estén sufriendo una situación de acoso, mal clima laboral, situaciones de angustia y acusaciones por ejercer la responsabilidad que les corresponde”, enumeró.

“Nos llama la atención que se repita que en tres años no han salido a la luz estos maltratos, que es oportuno lo que ha hecho un concejal. No voy a entrar en las oportunidades políticas porque, seguramente, se aprovechan pero lo cierto es que ha existido. Podemos hablar de supuesto porque están los tribunales pero si se escuchan los audios o se les da un Oscar si lo están fingiendo o algo pasa en esa residencia”, anotó.

Ana Rosa Arribas afirmó que, durante los últimos tres años, las trabajadoras del centro han asistido a “episodios indignos y situaciones vergonzosas" con los ancianos” y “han informado a la directora”, además de destacar las “mentiras y evidencias” del caso. “Se ha tardado en detectar, en conseguir pruebas con la vergüenza que supone para unas trabajadoras que sufren las consecuencias y que temen perder su puesto de trabajo”, denunció.

“Hay una contención para que no salga a la calle ni a los familiares. Se ha escrito en los cuadernos lo que ocurría en cada turno y ayer tuvimos noticia de que la Policía Judicial había requerido esos cuadernos. Algo habrá, a pesar de las negativas de la Dirección y del Ayuntamiento. Ellas han ido guardando pruebas. Hay que dar el paso y hay que entender a las compañeras que hoy están sufriendo esas persecuciones por haberlo hecho”, relató.

En este contexto, la secretaria general de la FSS-CCOOCyL afirmó que el “castigo” que debería aplicarse en este asunto es “prevención y actuación”, ya que “tiene que pestigiarse” el sector de la dependencia, “que está en auge y que lo va a estar más” por el problema social del envejecimiento de la población. “ay falta de formación y profesionalidad en todos los niveles de los profesionales que actúan en este sector. En la  mayoría de los casos, no se les exige ningún tipo de titulación ni información ni se les da formación continua”, subrayó. “También es una consecuencia y un abuso de género. Casi todos los profesionales son mujeres. Se entiende que el trabajo que desempeña en la residencia es una continuidad del trabajo que desarrolla en su casa”, criticó.

Igualmente, hizo hincapié en que “se deberían vigilar las ratios”, que tildó de “vergonzosas” y a las que atribuyó “la escasa atención” a los usuarios. “Hay una carga física y psicológica tremenda en esta profesión. Trabajan deprisa y con un estrés importante. No se puede salir en los medios a presumir de cifras cuando no sabes lo que está pasando en los centros. Hay muy pocos inspectores. Hay cuatro o cinco en toda la Comunidad autónoma”, denunció.