El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) consideró hoy “primordial” clarificar los ratios de personal técnico en las residencias de personas mayores, en función del tipo de centro, profesionales y sus funciones, además de la dependencia de los residentes. También, apostó por “potenciar” los sellos de garantía en el cuidado de los mayores y establecer sistemas de evaluación, auditoría y transparencia sobre la calidad y la prestación de los servicios en los centros residenciales para conocer, “de forma continua”, el estado de salud de las residencias. Inspecciones periódicas, más allá de acudir a una residencia antes de su apertura, por lo que será necesario contar con un refuerzo de las plantillas de este tipo de profesionales.
Son algunas de las propuestas de la formación naranja al Proyecto de Ley de atención residencial de Castilla y León que hoy presentó la procuradora del Grupo Parlamentario de Ciudadanos María Teresa Gago, quien también abogó por “impulsar” las unidades de convivencia, sin discriminar por el nivel de dependencia; promover la eliminación de sujeciones, restringiendo siempre su uso a la prescripción de un facultativo; crear un registro de pacientes con sujeción mecánica; promover un plan de alternativas arquitectónicas y mobiliario que contribuyan a eliminar la necesidad de sujeciones e incorporar planes de formación para profesionales que divulgen la necesidad de eliminar esas sujeciones.
Pese a reconocer que el sistema residencial no es “malo” ni tiene “grandes lagunas”, significó que se ha visto “superado” por el COVID-19, por lo que planteó otras propuestas como la necesidad de elaborar un historial residencial que se incorpore al sistema clínico Medora y completar las bases de un modelo de coordinación sociosanitaria, supervisadas por los servicios públicos de salud con el objetivo de garantizar la asistencia y la atención sanitaria de las personas mayores. “Este colectivo tiene el derecho de ser atendidos, de forma similar al de otros ciudadanos”, precisó en declaraciones recogidas por Ical.
Por último, el Grupo Parlamentario de Cs demandó otra organización de los centros, teniendo en cuenta el perfil sanitario y de dependencia de los residentes, así como “apuntalar” el envejecimiento activo y saludable de los mayores así como su autonomía personal. Preguntada por el impacto económico de estas medidas que reclama Cs, Gago respondió que es algo que corresponde a los servicios técnicos de la Consejería.
La también portavoz de Cs en la Comisión de Familia valoró el esfuerzo de la Junta por “blindar” los servicios sociales de Castilla y León, especialmente de las residencias. Tampoco se olvidó de reclamar al Gobierno de España un mayor esfuerzo presupuestario y económica para “garantizar” la calidad del sistema. No en vano, recordó que la administración autonómica corre a cargo con el 80 por ciento de la financiación mientras que el Estado asume el 20 por ciento. Además, criticó que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, “arrebató” a la Comunidad 58 millones de euros para la Comunidad que estaban previstos en el fondo extraordinario no reembolsable para paliar los efectos de la pandemia en los Servicios Sociales.
"Punto de inflexión" del Covid
La procuradora de Ciudadanos reconoció que la crisis del Covid ha supuesto un “punto de inflexión” en la configuración del sistema social y residencial en Castilla y León, por lo que es necesario acometer reformas “inmediatas”. En este sentido, recordó que la gran mayoría de los grupos políticos firmaron en junio pasado el Pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en la Comunidad, que incluía el compromiso de mejorar los Servicios Sociales y aprobar una nueva ley de atención residencial.
María Teresa Gago también aprovechó la rueda de prensa para destacar el “impagable” esfuerzo de los profesionales de las residencias para contener la propagación del virus durante la pandemia del coronavirus y salvar la vida de las personas mayores.