Una vez zanjadas las tensiones en el Gobierno de coalición por la reforma laboral, el acuerdo sobre las pensiones debe cerrarse antes de que termine el año para que la Comisión Europea libere los fondos comprometidos a España. Un reto que se vislumbra como el nuevo caballo de batalla dentro y fuera del Ejecutivo ya que, mientras Unidas Podemos reivindica que no se pierda poder adquisitivo, algunos socios de Pedro Sánchez avisan de que no aceptarán recortes.

La última propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de subir medio punto las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores durante un período de 10 años desde 2023 para garantizar la sostenibilidad del sistema no ha convencido a nadie y no ha caído nada bien ni en Unidas Podemos ni en los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como ERC o EH Bildu.

Una idea que rome la estrategia que el Gobierno no quería desvelar y que consistía en una enmienda a la totalidad al plan de las pensiones de Escrivá. Y es que el PSOE, que no ha registrado enmiendas a este proyecto de ley, prefiere no polemizar y su socio en Moncloa se debate entre mantener su compromiso con las plataformas de pensionistas o no provocar un nuevo desencuentro dentro del Ejecutivo.

La formación morada pide la supresión de los topes máximos de cotización para que las rentas más altas contribuyan de forma más proporcional argumentando que este aumento puede paliar el déficit actual de la Seguridad Social. De hecho, la otra enmienda que plantean es la de no penalizar con coeficientes reductores a los pensionistas prejubilados con carreras de cotización de más de 40 años.

En la formación de Belarra están molestos por sacar a la luz este debate horas después de superarse el escollo sobre la derogación de la reforma laboral y, mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía dejar trabajar al diálogo social, el propio Escrivá intentaba quitar hierro a una medida que sería transitoria. Moncloa trató de calma las aguas señalando que no hay nada cerrado y que queda mucho por negociar. Otras fuentes más cercanas al grupo socialista parlamentario también señalaron que la medida se podría desinflar y recuerdan que hay que «contentar a Bruselas».

«No vamos a aceptar recortes ni endurecimiento en este asunto», advierten mientras socios como EH Bildu, que dan estabilidad a la legislatura junto con ERC, cuya filosofía en materia de prestaciones de jubilación choca frontalmente con Escrivá al recordar que «las pensiones no son del Estado sino del trabajador».

Y al mismo tiempo que Gobierno, patronal y sindicatos ultiman esta medida comprometida en el Plan de Recuperación que se enviará a Bruselas, el Congreso sigue tramitando el proyecto de Ley de garantía de su poder adquisitivo. «Son más de 44.000 millones de euros», desvelaba una fuente socialista, que aseguraba que este impacto en las arcas públicas no puede ser asumido por el Estado.

Otros apyoso prioritarios para Moncloa, como el PNV, consideraron que podría ser un globo sonda para ver cómo respiran los partidos en el Congreso, que ya han reaccionado en contra, tanto a derecha como a izquierda.

Una reforma que pivota sobre la revalorización según la inflación y que suprime el denominado factor de sostenibilidad aprobado en 2013. Cuestiones que valora Podemos, pero que considera insuficientes y, de hecho, así lo quiso dejar claro en sus enmiendas con una de sus reivindicaciones más clásicas: el destope de las cotizaciones máximas que se pagan en España.

División y críticas

Enfrente, se sitúan PP y Cs que critican las ideas de Escrivá y no quieren que la revalorización con la inflación suponga ganar poder adquisitivo cuando el IPC sea negativo.

Habrá que ver con quien pacta un PSOE dividido durante la tramitación de esta ley, ya que los socios de Sánchez, como ERC y Bildu, hacen suyas algunas reivindicaciones que la propia vicepresidenta segunda llevaba en su agenda cuando era portavoz de Podemos en el Pacto de Toledo, como es la vuelta a la edad legal de jubilación a los 65 años. Asimismo, separatistas y abertzales coinciden en proponer que la revalorización de las pensiones se ligue a la evolución del salario mínimo e, incluso, JxCAT se sube al mismo carro y reclama que no haya ninguna prestación que esté por debajo del SMI y que no tributen las pensiones inferiores a 22.000 euros anuales.