La «valiente» ley de violencia de género cumple 15 años

Violeta Molina (EFE)
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La normativa, aprobada por el Gobierno de Zapatero, ha alcanzado el reto con el que nació, dar visibilidad a esta gravísima lacra social y hacerla aflorar desde el ámbito privado al público

La «valiente» ley de violencia de género cumple 15 años

Vanguardista y valiente, espejo para legislaciones de otros países, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple hoy 15 años con retos pendientes, pero con el objetivo cumplido de que este grave problema social transitara de lo privado a lo público.
El 28 de diciembre de 2004 se aprobaba la Ley 1/2004 para dar un tratamiento integral a la violencia machista, desde la prevención a la atención asistencial de las víctimas pasando por la tipificación penal de los delitos cometidos por los agresores. La normativa establecía que esta violencia era estructural y específica contra las mujeres.
Impulsada por el movimiento feminista en un contexto en el que más de 70 mujeres eran asesinadas cada año por sus parejas o exparejas, fue la primera norma aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que entendió que la gravedad de este fenómeno exigía una regulación específica que diera de una vez visibilidad y solución a este problema.
En estos 15 años, más de 1,5 millones de mujeres han denunciado a su agresor. «Es un hito histórico en nuestra legislación, viene a decir que la violencia de género no es un asunto familiar sino que compete a todos los poderes públicos y, en consecuencia, es cuestión de Estado», explica la socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Lucía Avilés. Con la ley, agrega, se dio carta de naturaleza a «un modelo de violencia específico que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo y se caracteriza por ser estructural, sistemática, histórica y generalizada».
Aprobada por unanimidad, este marco legal «ejemplar», que afrontó con «valentía y sinceridad» la violencia contra las mujeres, hizo que la democracia entrara en todos los espacios para garantizar la integridad de la mitad de la población, explica la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, durante el acto de homenaje de esta norma.
La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, considera, por su parte, que esta norma ha sido fundamental para ayudar a más de un millón de mujeres a salir del pozo de la violencia de género gracias a que establecía distintos recursos para ello.
El abordaje integral de la violencia en el ámbito de la pareja cubría desde la prevención a la educación, pasando por la sensibilización, la tipificación de los delitos penales o la creación de juzgados especializados y unidades forenses.
Se trata de la ley democrática que ha sido objeto de un mayor número de cuestiones de inconstitucionalidad, todas ellas superadas, al entender el Tribunal Constitucional que la violencia que surge en el ámbito de la pareja afecta mayoritaria a las mujeres. Según este órgano judicial, imponer una pena mayor al hombre es «razonable», ya que ellas están «insuficientemente» protegidas en el ámbito de la pareja, no vulnera el principio de igualdad y no discrimina por razón de sexo, pues no se impone por ser varón sino por una grave conducta que reproduce una «arraigada desigualdad» y un «modelo agresivo» contra la mujer.
La presidenta de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice, matiza que la normativa fue tan cuestionada y generó resistencia porque ponía el foco en que era la desigual organización social la que subyace a esta violencia estructural.

El camino del futuro 

Las expertas hacen hincapié en la necesidad de dotar económicamente la ley para perfeccionarla. «Es eficaz, además países de nuestro entorno la están utilizando como espejo: Francia, América Latina... Es una legislación avanzada, muy novedosa, vanguardista, pero lógicamente después de 15 años tiene que adaptarse y retocarse», puntualiza Erice.
Hace justo dos años, el Parlamento aprobaba también con un amplio respaldo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con más de 200 medidas para avanzar en la lucha contra esta problemática. Muchas de ellas siguen sin aplicarse por culpa del bloqueo político.