Valladolid se convertirá en una de las primeras provincias de España en celebrar juicios telemáticos. Todos los sectores que componen la Administración de Justicia han firmado un acuerdo para impulsar un protocolo pionero en el país para empezar a llevar a cabo las vistas a través de videoconferencia, algo que se lleva haciendo ya dos meses en asuntos "urgentes". El objetivo, según explicó el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Francisco Javier Carranza, es tratar de evitar que el atasco siga creciendo ya que, además, el magistrado se mostró convencido de que "lo peor vendrá después", pasados unos meses desde la reactivación: “Será entonces cuando a la Administración de Justicia se nos presente el verdadero problema, dado que entonces tendremos que resolver una ingente cantidad de reclamaciones en materia laboral, de ERTEs, despidos, impagos, régimen de visitas, concursos mercantiles...”.
Carranza cifró en 4.000 los juicios suspendidos por culpa de la crisis del coronavirus en Valladolid y explicó que el objetivo del protocolo es mitigar una situación que saben que será compleja: “Se nos va a caer encima una muy gorda, por lo que estamos intentando adelantarnos a los acontecimientos”, explicó durante una rueda de prensa telemática en la que dejó claro que la Administración de Justicia no está parada, pero sí ve clave que el Ministerio levante la suspensión de plazos de cara a una pronta reactivación de la actividad judicial. "Con este protocolo lo que queremos es estar preparados para cuando se levante la suspensión de plazos", argumentó el presidente de la Audiencia de Valladolid, quien apuntó que cree que, si no se adelante, los juicios telemáticos podrían empezar "entre la primera y la segunda semana de junio".
APLAZADOS LOS JUICIOS CON JURADO
El protocolo determina qué juicios se pueden celebrar telemáticamente y cuáles tienen que llevarse a cabo presencialmente. Así, por ejemplo, explicó que ya se han aplazado hasta septiembre tres juicios con jurado popular que había señalados, hasta ver cómo pueden organizarse, porque habría problemas de espacio para garantizar las distancias de seguridad. En este sentido, Carranza lamentó que aún no se ha instalado ninguna medida de seguridad en los edificios judiciales, como las mamparas.
Quedarían fuera de los juicios telemáticos todos los de delitos de graves, mientras que en todos los que haya testigos lo que se hará será citarlos en la sala y que estén solo ellos y los jueces, pero el resto de partes (abogados, fiscal, etcétera), así como los peritos, deberán comparecer a través de videoconferencia. Es un formato “híbrido”, según apuntó Carranza, con los que se pretende dar todas las garantías a esas declaraciones. Los documentos se entregarían por Lexnet 24 horas antes y la grabación se haría a través de los medios oficiales, con el sistema Minerva.
Los testigos serían los únicos que acudirían a los edificios judiciales porque, además, recordó que tampoco se podría garantizar la distancia física en las salas de espera. En la misma línea, señaló que este sistema se puede alternar con los juicios presenciales en los próximos meses, dado que después de cada vista habrá que proceder a la limpieza de la sala y así poder mantener un ritmo normal de señalamientos.
Además de por Francisco Javier Carranza, el protocolo fue suscrito por la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera; el secretario coordinador de la provincia, Juan Enrique Gutiérrez; el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Garicano; la decana del Colegio de Procuradores de Valladolid, Mar Abril; el juez decano de los Juzgados de Valladolid, Emilio Vega González; el magistrado Alberto Mata; la jueza decana de los juzgados de Medina del Campo, Esther Gómez, y la jueza decana del Juzgado de Medina de Rioseco, Patricia de Blas Pérez.
AGOSTO
Respecto a la declaración hábil de de varias semanas de agosto (del día 11 al 31), Carranza se refirió a ello como algo “testimonial” y apuntó que es el propio CGPJ el que recomienda reducir los juicios durante agosto, por lo que se mostró convencido de que se trata de una medida que “no resolverá el problema” y recordó que se ha pensado por "si hubiera algo urgente que no pudiera esperar".