El Consejo de Gobierno autorizó hoy la formalización de convenios con las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León para la rehabilitación de inmuebles en el medio rural y destinarlas al alquiler social e integrarlas en el parque público de viviendas. El presupuesto asignado a estos convenios es de 4.264.000 euros hasta el año 2023, aportados al 50 por ciento por cada una de las administraciones, como informa Ical.
Estos convenios se inscriben en el marco de la Agenda para la Población 2010-2020, en la que se establecen los principios y medidas necesarias para fomentar el mantenimiento de la población, especialmente en el medio rural, y en donde se reconoce que el acceso a la vivienda constituye, junto con la generación de empleo y actividad económica, un aspecto fundamental para evitar su despoblación.
Además, se enmarcan también en el Programa Rehabitare puesto en marcha por el Gobierno autonómico en la anterior legislatura en colaboración con los ayuntamientos y obispados y que ahora se amplía a las diputaciones. Con este programa, al que la Junta de Castilla y León ha destinado ya 11 millones de euros, se han rehabilitado hasta la fecha 246 viviendas de titularidad municipal o eclesial con el objetivo de incorporarlas al parque público de alquiler social para ofrecerlas a familias con muy escasos recursos, priorizando a los jóvenes y a los colectivos especialmente vulnerables.
Se trata, según apuntan desde el Ejecutivo en un comunicado recogido por Ical, de una iniciativa de marcado carácter social que, además, logra fijar población en el medio rural; evita el deterioro del patrimonio existente, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible en el territorio; y promueve la reactivación económica de los municipios rurales.
El convenio que se firmará con cada una de las nueve diputaciones establece que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contratará todas las actuaciones que requiera la rehabilitación de los inmuebles o viviendas seleccionadas. Las diputaciones provinciales, por su parte, prestarán el apoyo y coordinación necesaria con los municipios para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles en la provincia correspondiente. Ambas administraciones financiarán las actuaciones de rehabilitación en los términos y porcentajes establecidos, que están fijados en un 50 por ciento.
En cuanto a la selección de las actuaciones rehabilitadoras, habrá una Comisión de Seguimiento cuya decisión deberá basarse en los siguientes criterios: el inmueble debe ser de titularidad municipal, los municipios deberán tener menos de 5.000 habitantes y deberán tener demanda de viviendas en alquiler. El coste total de la rehabilitación no podrá superar los 40.000 euros más IVA de obra y 3.000 euros más IVA de honorarios o 43.000 euros más IVA de obra y honorarios y, en caso contrario, deberá cubrirlo el ayuntamiento correspondiente, con quien habrá que firmar también convenios particulares.
La cuantía de los convenios asciende a 4.264.000 euros, financiada al 50 por ciento entre la Junta y las respetivas diputaciones, con el siguiente reparto: 416.000 euros de presupuesto para cada una de las diputaciones, excepto Palencia, que contará con 520.000 euros y Salamanca, con 832.000 euros, debido a la mayor disponibilidad presupuestaria de estas diputaciones.
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