La pesca es un método infalible para medir el impacto del cambio climático en el planeta: los peces son sensibles al calentamiento del agua, que les hace desplazarse a otras latitudes, lo que produce consecuencias en la gobernanza de los mares, la sostenibilidad de la biomasa y la supervivencia del sector pesquero.

Se trata de una realidad analizada durante la sexta jornada de la Cumbre Mundial del Clima (COP25) -ecuador de la cita- en la que tienen voz desde armadores a pescadores, además de diversos expertos, oceanógrafos y organizaciones ambientalistas.

El último informe de la FAO (del año 2018) indica que los océanos han absorbido el 93 por ciento del calor adicional generado en la tierra desde la revolución industrial y que el nivel del mar, debido al deshielo glacial, ha subido 20 centímetros en el último siglo. Unas cifras que pueden provocar que las capturas de pescado desciendan hasta un 12 por ciento para el 2050.

Son por tanto los pescadores los primeros interesados en afrontar la crisis climática, en una compleja situación en la que deben reducir sus propias emisiones mediante prácticas más sostenibles y pedir activamente al resto de sectores económicos, se desarrollen o no en el mar, que hagan lo mismo, porque terminan afectando al frágil ecosistema marino del que dependen para su subsistencia.

El presidente de los armadores europeos (Europêche) y españoles (Cepesca), Javier Garat, hace una foto fija de la situación: la actividad pesquera es la que menos huella de carbono tiene de todas las producciones de proteína animal y proviene fundamentalmente de los motores de la embarcaciones.

Sin embargo, el calentamiento global se constata ya en los océanos con especies emigrando hacia aguas más frías (latitudes nórdicas), lo que puede provocar problemas de gestión de las pesquerías entre los países e incluso tener que rediseñar políticas en el futuro.

El apoyo de las administraciones es esencial y desde el Ministerio recuerdan la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado o la Política Pesquera Común. El Gobierno aboga por dos líneas que vertebran su apoyo a la lucha desde la pesca: aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos y el empoderamiento de las comunidades costeras.

Además, dentro de esas acciones, defiende la tolerancia «cero» ante la pesca ilegal, luchar contra la contaminación y valorizar e innovar las tareas tradicionales.