"¡El olor a putrefacción procedente de la planta de BICOE era insoportable, sobre todo en verano!", es el testimonio unánime de distintos agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron la planta de compostaje de lodos de Velascálvaro entre 2014 y 2016 a consecuencia de las denuncias por supuestos vertidos incontrolados en sus instalaciones y fincas de otros municipios de la comarca de Medina del Campo.

La segunda jornada del juicio que el Juzgado de lo Penal 1 viene celebrando en la Audiencia Provincial, en cuyo banquillo se sientan Jesús Ignacio G.P. y Santiago R.G, como responsables de Biocompostajes Españoles S.L, ha estado centrada, fundamentalmente, en el interrogatorio de los agentes de la Guardia Civil que a raíz de dichas denuncias participaron tanto en la inspección de la planta como en la toma de muestras a camiones procedentes de la misma que fueron hallados en fincas de la comarca depositando esos supuestos vertidos.

Todos los funcionarios del Instituto Armado, en declaraciones recogidas por Europa Press, han ratificado las numerosas quejas de vecinos de Cervillego de la Cruz, Velascálvaro, Fuente El Sol y Rubí de Bracamonte como consecuencia de los olores emanados por la planta de BICOE.

"Son olores a putrefacción insoportables, no todos los días, pero que en verano se hacen más intensos", ha declarado uno de los guardias, mientras que otro de sus compañeros ha incidido en que incluso dentro de las propias instalaciones "te lloran los ojos", y ello pese a que ambos hayan reconocido que no hay una legislación que fije umbrales máximos en este sentido.

Otra cosa muy distinta es si el contenido de esos líquidos utilizados en "aplicaciones agrícolas", como así sostienen los acusados en su intento de negar la práctica de vertidos incontrolados, eran aptos o no para ese fin por su propia composición.

Los agentes de la Guardia Civil lo tienen claro, pues para ellos el contenido que transportaban los distintos camiones que fueron localizados en enero de 2014 en Rueda y en febrero de 2016 en Medina del Campo, entre otros, estaban compuestos por "vertidos de aguas residuales industriales procedentes del proceso productivo de la planta", en lugar de lodos de aplicación agrícola para fertilizar terrenos de cultivo esgrimido por las defensas.

En el caso del líquido que portaba el camión localizado en Rueda, los agentes actuantes comprobaron que "era negro, viscoso y que olía muy mal, un olor muy distinto al característico de los purines procedentes de vacas, ovejas o cerdos. No parecía un lodo para fertilizar la tierra".

De hecho, han recordado que fue la propia Confederación Hidrográfica del Duero, a la que remitieron las muestras tomadas para su análisis, la que declaró no apto para uso agrícola estos "vertidos" debido a la alta carga contaminante de sus componentes, metales entre ellos, que podían afectar a las aguas subterráneas.

De entre los testimonios de los agentes, uno de ellos, visiblemente molesto por el tipo de preguntas de una de las defensas, ha llegado a declarar que en más de veinte años de servicio en el Seprona no recuerda un "muestreo más duro" que el efectuado en la planta de BICOE.

"'Le invito a usted a que pase por allí y disfrute del entorno!", ha espetado al letrado de Jesús Ignacio G.P. el miembro del Instituto Armado en alusión al trabajo tan desagradable que le tocó realizar durante la inspección realizada a la compactadora de lodos el 16 de febrero de 2016 en la que, al igual de la practicada el 7 de febrero de 2014 por otros compañeros, se pudo comprobar la existencia de dos balsas, una de pluviales y otra de residuos líquidos, "totalmente colmatadas, conectadas entre sí" y que por escorrentía habían anegado parte del terreno de la planta y de una finca colindante.

Además, los testigos han coincidido también al afirmar que la pantalla vegetal aromática alrededor de la planta estaba seca, en su mayoría, posiblemente a causa de la toxicidad de los vertidos existentes, y que en una de esas visitas, en la que el acusado Santiago R.G. se identificó como responsable o encargado--en el juicio se ha presentado como un mero consultor externo--varios de los operarios les indicaron que dos silos allí existentes con biofiltros no eran utilizados.

El juicio se prolongará hasta el próximo día 21 de octubre. La fiscal del caso, que tipifica los hechos como delito continuado contra el medio ambiente, pide penas de dos años para cada uno de los encausados, multas de 7.200 euros y la prohibición por dos años para oficio o profesión relacionados con la gestión de residuos, así como una multa de 36.500 euros a Biocompostajes y el cierre de sus instalaciones en Velascálvaro por un tiempo de tres años.

Por su parte, la acusación particular imputa a los dos procesados y BICOE un delito contra el medio ambiente y otro de vertedero ilegal y pide penas de cuatro años y medio, multas por importe global de más de 114.000 euros e inhabilitación para profesión u oficio en gestión de residuos durante dos años, mientras que Facua--acusa de delito contra el medio ambiente, daños en espacio natural protegido y otro de daños--eleva las peticiones a seis años y medio de privación de libertad, inhabilitación por dos años y multas por importe conjunto de 75.000 euros.

Pero a mayores, Facua solicita que los acusados, junto con BICOE, indemnicen conjuntamente y de forma solidaria a cada uno de los municipios afectados, Cervillego de la Cruz, Rubí de Bracamonte, Fuente el Sol y Velascálvaro, con un millón de euros por el daño moral simbólico ocasionado en la vida cotidiana y la intimidad de los domicilios de sus habitantes durante años.