El Parlament ha citado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a comparecer el martes 12 de noviembre en la comisión de investigación de la Cámara catalana sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. 

En el orden del día de la comisión, que no se reúne desde junio, consta la comparecencia de Sánchez; de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo; el exministro de Justicia Rafael Catalá; el exsecretario de Estado de Administraciones Territoriales Roberto Bermúdez de Castro; el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales Enrique Lasso de la Vega; el exsecretario general técnico del Ministerio del Interior Juan Antonio Puigserver, y el jefe de la Casa Real Jaime Alfonsín. 

Esta comisión ya llamó a comparecer hace meses al expresidente Mariano Rajoy y miembros de su Gobierno, como la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, entre otros. 

Ninguno de ellos asistió a la comisión y se acogieron a un dictamen del Consejo de Estado que establece que los miembros o exmiembros del Gobierno, altos cargos y exaltos cargos del Ejecutivo no están obligados a "atender la solicitud de comparecencia" en esta comisión, por lo que es previsible que Sánchez y el resto de citados el martes también rechacen acudir a la Cámara catalana. 

Este informe concluye que esta comisión de investigación "desborda el ámbito de competencias de la Generalitat y del Parlament", ya que, a su juicio, pretende ejercer de control político de las instituciones del Estado y ve estas comparecencias como una extralimitación de las facultades de la Cámara.

Sin consecuencias

En todos estos casos, la comisión los volvió a citar en una nueva sesión y, ante una nueva incomparecencia, el Parlament los llevó a la Fiscalía porque consideran que están obligados por ley a comparecer en la Cámara y que, si no lo hacen, pueden incurrir en un delito de desobediencia. 

Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía siempre ha archivado estas investigaciones argumentando que la negativa a comparecer en la comisión "carece de relevancia penal" y no incurre en el delito de desobediencia, como ya hizo en julio en el caso de Rajoy, Santamaría, Cospedal, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y el exjefe de gabinete de Rajoy Jorge Moragas.