El Ayuntamiento estudiará a partir del año que viene la creación de una zona de bajas emisiones para dar cumplimiento a lo que dicta la Ley de Cambio Climático, todavía por aprobar, pero que establece que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben contar con este espacio. El límite para su puesta en marcha en finales de 2023, de modo que el Ayuntamiento tiene cuatro años para su desarrollo. Estas zonas implicas restricciones de acceso para los vehículos en función de su nivel de emisiones.

Una medida que irá acompañada por los planes de calidad del aire y por una nueva partida de subvenciones para ayudar a cambiar las calderas de gasoil, «con el fin de reducir emisiones de CO2», señaló la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez.