La Junta de Castilla y León calcula que la aplicación de las 35 horas semanales en los más de 80.000 empleados públicos de la administración autonómica supondría entre 110 y 120 millones de euros a las arcas públicas. Por ello, el vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea, consideró «poco probable» que pueda ponerse en marcha este año, pese a ser uno de los objetivos del Gobierno conjunto del PP y Ciudadanos para esta «legislatura». La falta de ingresos y la deuda de 440 millones que mantiene el Ministerio de Hacienda con Castilla y León por las entregas a cuenta pueden dar al traste de momento con esta medida.

Igea informó que la Junta convocará la próxima semana a los sindicatos firmantes del acuerdo de la Función Pública para «estudiar» la posibilidad de aplicar las 35 horas semanales «a lo largo de la presente legislatura», una propuesta que será remitida también al Ministerio de Hacienda en el plan de ajuste que prepara el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tras las advertencias sobre el incumplimiento del objetivo de déficit del 0,1 por ciento y del gasto que el portavoz situó principalmente en el capítulo 1.

El vicepresidente no escondió el «evidente impacto» que supondrían esos 120 millones de euros sobre el déficit, por lo que insistió en la necesidad de remitir la medida al Ministerio para que se pronuncie al respecto.

En este sentido, fue tajante al asegurar que la Junta de Castilla y León «nunca» engañará a los funcionarios públicos con la inminente puesta en marcha de medidas para reducir la jornada que podrían ser corregidas dos meses después por el Ejecutivo central en funciones, al que reclamó una vez más los 440 millones que tiene pendientes de ingresar a la Comunidad en concepto de entregas a cuenta.

La voz de los sindicatos.

A pesar de las explicaciones del vicepresidente, los sindicatos UGT y CCOO calificaron de «intolerable» y de «flagrante incumplimiento» el intento de la Junta por retrasar la aplicación de la jornada de las 35 horas y advirtieron que, si no se rectifica, habrá movilizaciones.

Ambos sindicatos, en un comunicado conjunto recogido por Ical, responden que «la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que solo podrán volver a la jornada de 35 horas las administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto», condiciones que cumple la Junta.

Por tanto, recalcan que la recuperación de las 35 horas no se vincula a los presupuestos sino al cumplimiento de déficit, deuda y regla de gasto de 2018 y recuerdan que la implantación efectiva se debe realizar a partir del 1 de junio de 2019.

Para CCOO y UGT, la posición de la Junta supone un «flagrante incumplimiento», ya que no respeta el acuerdo firmado con Función Pública y el consejero de Presidencia el pasado mes de mayo. «El Gobierno autonómico tiene la obligación de cumplir lo firmado con los representantes sindicales de sus empleados», indican.

Según los representantes sindicales, es «más cómodo para el gobierno autonómico escudarse en la falta de Prespuestos del Estado para incumplir los acuerdos que firma, que sentarse a trabajar y elaborar los presupuestos para Castilla y León».