Sanidad pedirá que se endurezcan las penas por agresiones

Ical
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El año pasado se contabilizaron 579 agresiones y los tribunales han dictado 224 sentencias condenatorias, 92 por delito, desde que están tipificadas

Concentración en repulsa por la agresión a un médico - Foto: Jonathan Tajes

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció hoy la intención de su departamento de pedir a la Fiscalía que estudie si se puede "penalizar de forma más firme" a quienes agreden a un profesional sanitario, algo que calificó de problema social y que no se puede tolerar. Lo dijo después de guardar un minuto de silencio y de participar en una concentración de repulsa en el Centro de Salud de Parquesol, donde el martes, 5 noviembre, una médico fue agredida por una paciente que estaba esperando para solicitar la prescripción de una recta. Según Casado, la agresora, una mujer joven que no tenía cita, entró en la consulta y abofeteó a la facultativa, que cubría doble agenda y sustituía, además, a un profesional del centro.

La consejera, que estuvo acompañada por el gerente de Sacyl, Manuel Matadiel, advirtió que no van a "admitir de ninguna manera" este tipo de conductas contra quienes trabajan por garantizar la mejor calidad en la atención y quienes hacen posible que el sistema sanitario actual sea de los mejores del mundo. Pese a que la mayoría de los pacientes acude a su centro asistencial y trata a su médico con respeto, reconoció que en los últimos tiempos están aumentando los casos de agresiones verbales, psicológicas y físicas, algo que "no puede suceder" y en lo que trabajará la consejería para reforzar las medidas que lo eviten.

En concreto, el año pasado se registraron 579 trabajadores agredidos. Además, los tribunales ya han dictado 224 sentencias penales condenatorias contra agresores a personal de Sacyl, 92 de ellas por delito, cifra a la que se suman otras 59 resoluciones de la Junta que sancionan al agresor a multas económicas entre 300 y 600 euros.

Casado explicó que con su gesto de hoy apoya a todos y cada uno de los profesionales que han sufrido algún tipo de violencia por parte de los pacientes, y animó a todos los trabajadores de la sanidad a denunciar actos de este tipo que ya se consideran delito y pueden derivar no sólo en multas, sino también en prisión. También, precisó que el marco legal no permite a la Junta presentarse como acusación particular, pero sí ayudar a quienes son agredidos para que denuncien.

¿Por qué me pegas?

La consejera respaldó la concentración con la que los trabajadores del centro rechazaron estas conductas, la primera hasta la fecha en este centro de salud. En algunos carteles los profesionales planteaban la siguiente pregunta: "Si yo te cuido, por qué me pegas", para expresar su sorpresa por este tipo de conductas que hay que condenar y que no se pueden consentir.

Antes de guardar un minuto de silencio, se leyó el Manifiesto contra las agresiones a los profesionales de los centros sanitarios de Castilla y León, que fue aprobado por la Sección de agresiones al personal de los centros sanitarios del Observatorio de Castilla y León, en diciembre de 2018.

El texto, leído por uno de los compañeros de la agredida, hace un llamamiento a toda la sociedad para evitar esta "grave situación" y combatirla desde el respeto. "Las agresiones acarrean importantes consecuencias para sus autores: cambios de adscripción de profesionales sanitarios; expedientes sancionadores co multas económicas, procesos judiciales con penas de prisión por delito de atentado y órdenes de alejamiento", "es tarea de toda la sociedad" acabar con estos hechos.

Medidas

Desde el año 2008, la Junta ha adoptado diversas medidas para frenar las agresiones, incluida la defensa jurídica de los profesionales con un teléfono 24 horas y el apoyo del teléfono 012, medidas organizativas en los centros -como botones de alarma o interlocutores policiales directos-; asistencia médica y psicológica; la creación de un mapa con los puntos más conflictivos  y diversas acciones de formación y sensibilización.