Las repercusiones de la sentencia del ‘caso Zambrana’, conocida el martes, que obliga al Ayuntamiento a pagar 20 millones de euros a los propietarios de una terrenos expropiados en 1943 han llegado hasta la Junta de Castilla y León.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que el caso de la expropiación de terrenos del Zambrana, por la que el Consistorio está obligado a la familia heredera, es un «problema municipal». «Si no es un problema municipal para que han creado deprisa y corriendo una comisión de investigación», sentenció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que explicó que la historia del Zambrana es larga, ya que parte de una expropiación en la época de la dictadura.
Por otra lado, añadió que en 2001 los herederos pidieron una revisión de la expropiación y en 2007 la Junta resolvió de acuerdo a éstos, que renunciaron expresamente a «poner recursos» contra la Administración autonómica porque «entendieron que la salida les satisfacía enormemente».
«Luego hay otros temas, que serán municipales», aseveró el consejero portavoz, que aplaudió que el alcalde haya aceptado la creación de una comisión de investigación para aclarar los hechos, pero insistió que será un «problema municipal» y no se investigarán temas estatales o autonómicos. «Vamos a centrar el asunto», zanjó el portavoz.
Por su parte, el alcalde de Valladolid señaló que «no hay miedo ni nada que ocultar». «El acuerdo para crear la comisión se analizará formalmente en la próxima sesión plenaria y todavía podría votarse que no, pero creo que no deben haber ninguna duda del interés que tiene el Ayuntamiento en este asunto», agregó.
«En esta comisión debe analizarse el asunto desde el punto de vista puramente jurídico, en torno a si se recurre o no el fallo del tribunal, al existir esa posibilidad, y eso lo decidirán los miembros de la asesoría jurídica municipal como siempre se ha hecho con todas las sentencias», agregó León de la Riva. Igualmente, concretó que la ley establece que el número de integrantes de la comisión investigadora se determina en función de la representación obtenida por cada partido político en las elecciones municipales.