Los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015 plantearon ayer a la Junta de Castilla y León que, mientras se negocie la implantación definitiva de las 35 horas semanales para los funcionarios autonómicos, estos sigan utilizando el horario de verano (que ya contempla la jornada de siete horas diarias). Así se lo expusieron al Ejecutivo regional durante la reunión mantenida en la que la Junta de Castilla y León trasladó a CCOO,UGT y Csif su disposición a avanzar en la implantación de las 35 horas en la Administración autonómica, con los que acordó volver a reunirse el jueves para abordar la propuesta de los representantes de los trabajadores de mantener el horario de verano mientras se negocia la reducción horaria.
El consejero de la presidencia, Ángel Ibáñez y los de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; Sanidad, Verónica Casado; y Educación, Rocío Lucas, se reunieron con los representantes de Csif UGT y CCOO, que firmaron el Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015 por el que se recuperan los derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública.
Esta reunión supone la primera toma de contacto entre Ejecutivo y sindicatos después de que hace unos días el vicepresidente de la Junta,FranciscoIgea, asegurase que la reducción de la jornada se haría durante la legislatura y no este año, además de alegar otros problemas de falta de profesionales, en el caso de sanidad. Desde laJunta aseguraron en un comunicado -los sindicatos han convocado para hoy una rueda de prensa para explicar sus impresiones- que el encuentro supone una «primera toma de contacto» tras la cual el Gobierno autonómico, aseguró que «mantiene un compromiso inequívoco de alcanzar la aplicación de esta medida en esta legislatura, en beneficio de todos los empleados públicos de la Comunidad». «La Junta manifiesta su disposición por avanzar en esta materia como muestra de respeto y de puesta en valor del trabajo de todos los empleados públicos», añadió.
El Ejecutivo autonómico incidió en que la toma de decisión sobre la aplicación de la jornada ordinaria de las 35 horas, previa negociación, debe sustentarse en una serie de pilares que garanticen su correcta puesta en marcha.
Así, concretó que, en primer lugar, debe asegurarse la adecuada organización para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos a los castellanos y leoneses, teniendo en cuenta la especial incidencia que la medida tiene en materias como Sanidad, Servicios Sociales y Educación. Asimismo, indicaron que la puesta en marcha de la medida debe operar a través de una modificación normativa que contemple los criterios fijados por el Estado y que esté plenamente en concordancia con la legalidad vigente.
Por último, añadieron que «debe hacerse en base a garantías de equidad, y que la propuesta alcance a todos los empleados públicos de la Comunidad». En este sentido, y ante la propuesta de las organizaciones sindicales, las partes se han emplazado a una reunión el próximo jueves día 26 de septiembre.