El presidente del Consejo de Colegios de Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), Carlos Treceño, puso de manifiesto hoy que es preciso que “se cuente” con la farmacia en la reordenación sanitaria de la Comunidad “al ser un elemento clave”. En ese sentido dijo que se “irá trabajando y viendo en los borradores existentes” en qué medida la reestructuración puede afectar a los profesionales de este sector.

“La intención de la Administración autonómica es optimizar los recursos del mundo rural y el tiempo dirá cómo se aplica al sector farmacéutico, pero en todo caso hay que contar con su opinión y así va a ser”. Así lo explicó en presentación de la primera campaña de educación sanitaria autonómica que permitirá a las 1.620 oficinas de farmacia de la Comunidad, 830 de ellas ubicadas en el medio rural, contar desde mañana con información y asesoramiento sobre diabetes.

Por su parte, la Consejería de Sanidad, tal y como recalcó recientemente su titular, Verónica Casado, velará por el impacto que pueda tener su plan de ordenación de la Atención Primaria en la farmacia rural, en especial en aquellas económicamente comprometidas. Lo hará de la mano del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), con cuyos responsables tienen prevista una próxima reunión.

En todo caso, la Junta no se plantea una reordenación farmacéutica y tendrá en cuenta que en cada localidad con un consultorio rural agrupado haya una oficina. “Nosotros no cerramos ni consultorios ni farmacias”, insistió la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para precisar que la reordenación en la que trabajan pasa por “dar estabilidad al sistema” y que sea sotenible en el horizonte de los próximos diez años.

En términos similares se expresó el pasado 16 de octubre el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con motivo de la inauguración del XI Congreso de Farmacia de Castilla y León, donde precisó que el papel que juegan los farmacéuticos es muy destacado “ya que no se trata solo un señor que vende un medicamento, sino que también ayuda y orienta y sus prestaciones son imprescindibles para el proyecto sanitario y para el futuro de la Comunidad”.

Igea expuso además que el posible cierre de oficinas de farmacia por falta de viabilidad es una “decisión de la iniciativa privada”, aunque precisó que la Junta “siempre puede ayudar o colaborar” con este sector, al tiempo que sostuvo que se “tiene que cambiar” el modelo de ayudas que se dan para mantener este servicio en entornos rurales.