El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fallado finalmente a favor de la Junta al dictaminar que las más de 200 monedas de oro halladas en 2016, durante unas obras de reforma, en una vivienda de Valoria la Buena (Valladolid) son dominio público de la Administración regional y forman parte del Patrimonio Cultural, frente a un recurso de la titular del inmueble.

Así lo ha resuelto la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Valladolid, tras un contencioso con la propietaria de una panera ubicada en Valoria la Buena que encomendó la realización de las obras de derribo y desescombro a dos operarios, que encontraron enclaustrada en una pared del edifico una vasija de barro que contenía monedas de oro auténticas, y se las repartieron.

Tras diversas vicisitudes, se recuperaron 237 piezas, que fueron depositadas en el Museo de Valladolid del Servicio Territorial de Cultura de la Junta en Valladolid, y los operarios fueron condenados por sentencia de 19 de enero de 2018 del Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid por delito de hurto.

La dueña de la panera, actualmente solar, presentó recurso contencioso contra la resolución del viceconsejero de Cultura y Turismo de fecha 3 de marzo de 2020, que desestimó el recurso administrativo contra la resolución del director general de Patrimonio Cultural de 29 de noviembre de 2018 que le denegaba la devolución de las monedas de oro. La reclamante había solicitado en vía judicial la devolución de las monedas o subsidiariamente que se las abonen por su valor real.

Como han defendido los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la resolución judicial recoge que las monedas tienen un indudable valor histórico, acuñadas durante los reinados de Carlos III, Carlos IV, Isabel II y Alfonso XII, con una cronología comprendida entre 1773 y 1882, y que aportan datos sobre la acuñación española en oro a lo largo de más de 100 años, así como sobre cuestiones económicas y comerciales particulares de esa época en el entorno geográfico del hallazgo.

Reconoce la sentencia, de acuerdo con la argumentación de la letrada de la Junta, que las monedas de oro constituyen dominio público, e integran el patrimonio cultural de Castilla y León, sin que sea preciso que hayan sido declaradas de interés cultural o inventariadas, por lo que no procede la devolución de las monedas a la demandante, se desestima su recurso y le impone las costas.

Por último, respecto a que se le paguen las monedas por su valoración real, tampoco procede acceder a dicha pretensión. Recuerda la sentencia que sólo tiene derecho, al tratarse de un hallazgo casual, y como ya se le comunicaba en la resolución del director general de 29 de noviembre de 2018, a solicitar la participación en un premio en metálico, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León del 2002, cosa que no ha efectuado.

A este respecto, la letrada de los Servicios Jurídicos de la Junta defendió, en todo caso, que la valoración de las monedas a tener en cuenta es la efectuada por la directora y el conservador del Museo de Valladolid en un informe de mayo de 2016, inferior aproximadamente en un tercio al pretendido por la reclamante mediante un informe numismático que aportó, y que no es acogido por la Sala al entender que la cualificación técnica de los funcionarios es mayor y más especializada.

EN VÍA PENAL

El hallazgo casual de las más de 200 monedas de oro de gran valor histórico durante las obras de rehabilitación en una vivienda de Valoria la Buena por parte de tres albañiles, que mantuvieron en silencio dicho tesoro y lo vendieron en distintas casas de empeño, concluyó el 19 de enero de 2018 con una sentencia condenatoria para cada uno de los operarios que osciló entre los seis meses y un año y medio de prisión.

Fueron las penas finalmente pactadas por los albañiles, que de este modo, tras reconocer su culpabilidad, evitaron la celebración del juicio previsto en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, donde sí comparecieron pero únicamente a los efectos de manifestar su conformidad con la condena y su voluntad de no recurrir el fallo.

El acuerdo supuso que el conjunto de penas de seis años solicitado para los imputados quedó reducido a la mitad, en el sentido de que P.G.O, el más beneficiado, fue condenado a un año y seis meses de prisión (se exponía a tres); F.J.M, a un año, frente a los dos que le pedía el fiscal, y el tercero de los procesados, F.C.B, asumió una mínina de seis meses, la mitad de la petición inicial.

F.J.M. y P.G.O. fueron condenados por un delito de hurto (artículo 175.1.1º), en el primer caso con la atenuante de reparación del daño, mientras que la condena al tercero es por delito de receptación (art. 298.1). Además, en concepto de responsabilidad civil, los condenados, cada uno en función del número de monedas vendido, tenían que indemnizar a la Consejería de Cultura en la cantidad que se determinase en ejecución de sentencia.

Los hechos, reconocidos por los condenados, se remontan a los primeros días de febrero de 2016 cuando F.J.M. y P.G.O, que habían sido contratados por una familia para rehabilitar una casa en ruinas en Valoria, hallaron accidentalmente, enclaustrada en una pared, una vasija de barro con cientos de monedas de oro auténticas acuñadas en los reinados de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XII.

Ante la localización de las piezas, cuya cronología está comprendida entre los años 1773 y 1882 y cuya cantidad exacta no ha podido ser concretada, ambos operarios acordaron repartírselas para obtener un beneficio económico, tarea en la que P.G.O. contó con la colaboración de un tercero, F.C.B, quien, conocedor de que las monedas no pertenecían al anterior y dado que éste no quería figurar en la transacciones de venta, se prestó a figurar en las operaciones tendentes a la venta de parte de ellas.

De este modo, tres de las monedas fueron vendidas a una empresa numismática de la capital vallisoletana y otras tantas a un compra-venta de Palencia, mientras que F.J.D.M. hizo lo propio con otras once en la misma filatélica de Valladolid.

OPERARIO ARREPENTIDO

La investigación se inició en abril de ese año al recibirse en la Comisaría de Las Delicias la denuncia de una persona que relataba que habían contratado a dos obreros para realizar labores de desescombro en una casa propiedad de su familia que se encontraba en ruinas y que pasados unos días uno de los operarios, F.J.D.M, arrepentido, le había llamado para confesarle los hechos.

El autor confeso hizo entrega además de un total de 1999 monedas que aún conservaba. Posteriormente, la Guardia Civil recuperó otras 38 monedas que estaban en posesión del segundo operario.

Las 237 piezas recuperadas, cuyo valor supera los 50.000 euros, están consideradas como parte del Patrimonio Cultural de Castilla y León, de ahí que la Fiscalía de Valladolid solicite la entrega definitiva de las mismas a la Administración regional, como así ha acordado el juez sentenciador.