La Junta recibe de golpe más de 500 preguntas de los grupos

SPC
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El director general de Relaciones Institucionales garantiza el control de los procuradores al Ejecutivo, aunque se pidan prórrogas

La Junta recibe de golpe más de 500 preguntas de los grupos - Foto: ECOGEO

La Junta de Castilla y León ha recibido “de golpe” más de 500 preguntas escritas de los grupos parlamentarios después de que las Cortes hayan reanudado la actividad de este segundo periodo de sesiones, suspendida unos días antes de la declaración del estado de alarma por la expansión del coronavirus Covid-19, si bien el Ejecutivo garantiza el control legislativo aunque se pidan prórrogas para atender a las demandas de ‘sus señorías’, informa Ical.

El pasado 13 de marzo la Mesa de las Cortes acordó la paralización de la actividad del segundo semestre periodo de sesiones debido a la situación creada por el virus tanto en España como en Castilla y León. Ha sido el 17 de abril cuando la Cámara decidió levantar la suspensión y programó las comparecencias del presidente y consejeros para informar de la gestión del Covid-19 y un calendario de plenos hasta finales de junio.

De la misma manera, el estado de alarma ha dejado casi en modo de hibernación la actividad ordinaria en la Junta de Castilla y León. La crisis provocada por la pandemia centra la gestión diaria de las consejerías. Todo lo que no esté vinculado a la lucha para vencer al virus ha pasado a un segundo plano, como los textos normativos, la tramitación vía registro, contratos de obras sin esa finalidad o nuevos expedientes de contratación.

“Más de 500 preguntas de golpe no es habitual”, explica en declaraciones a Ical el director general de Relaciones Institucionales, Máximo López, que se detiene en cómo la complejidad de los datos solicitados en algunos casos es más difícil de atender ahora con agilidad cuando existe el teletrabajo de empleados públicos o no se tiene la documentación escaneada, por ejemplo, a lo que une la coordinación entre las consejerías.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los procuradores tendrán la facultad de recabar de la Administración Autonómica los documentos que, como consecuencia de su actuación administrativa, obren en su poder, así como aquellos que obrando en poder de la Administración del Estado o de otras Administraciones tengan relación directa con las competencias de la Comunidad Autónoma, recoge el artículo 7 del Reglamento de las Cortes.

El derecho de los procuradores en el control del Ejecutivo no está en cuestión dice el director general, que asegura que queda garantizado aunque tengan pedir prórrogas a las Cortes para responder a las preguntas, algo que también ocurre en periodos de normalidad y no solo por la excepcionalidad de la crisis sanitaria que ha limitado a lo prioritario la acción administrativa.

Vuelta a la normalidad

El boletín oficial de las Cortes de Castilla y León también ha tenido limitadas las publicaciones durante un mes y es ahora, una vez reanudada la actividad, cuando inicia la normalidad. En los últimos días, ha recogido iniciativas pendientes e incluso el dictamen de la comisión de Economía y Hacienda sobre el proyecto de ley de eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un texto que ahora la Junta ha dejado en suspense.

También, publica ya la prórroga de numerosas preguntas firmadas en el mes de marzo. Más plazo ha pedido la Junta para enviar la documentación en relación a las comisiones de investigación de las eólicas y plan de medios, criticado por PSOE y Podemos. Desde las Cortes, recuerdan que el Boccyl recupera su actividad normal y da salida a asuntos calificados por la Mesa, como ha sido el caso de las numerosas preguntas acumuladas durante el parón legislativo.

Según el Reglamento de las Cortes, la Junta dispone de un mes para facilitar la documentación requerida por los procuradores, si no puede cumplir el plazo tiene que pedir antes de los quince días una prórroga fundamentada las razones en derecho y por un mes contado a partir de que finalice el primer plazo ordinario. También, si la documentación pedida es voluminosa, el parlamentario puede cambiar la respuesta por escrito por la consulta presencial en las sedes administrativas.

Está convencido el director general de que los grupos son “conscientes” de la situación y van a “entender” que la Junta está sobre todo centrada en los prioritario, que es la superación sanitaria del virus y la reconstrucción económica y social. Máximo López ve positivo y un signo de vuelta a la normalidad que las Cortes hayan reanudado la actividad y señala que la petición de prórrogas “no es caprichoso”, sino que se razona. No obstante, asegura que se cumplen los plazos en la mayoría de las peticiones parlamentarias.

Desde las Cortes, recuerdan que no se aplica una flexibilidad ante la situación excepcional provocada por la pandemia, ya que en la prórroga que en la petición de prórroga se recoge el nuevo plazo y desde la institución se respeta, aunque si no fuera así se aplicaría el Reglamento.