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La representatividad agraria, a consulta

Vidal Maté
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El Ministerio de Agricultura abre un debate público sobre una cuestión que estaba enterrada de cara a elaborar un anteproyecto de ley para regularla

La representatividad agraria, a consulta - Foto: CORCES

El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un proceso de consulta pública de cara a la elaboración del anteproyecto de una ley por la que se determine la representatividad de las organizaciones agrarias en el ámbito nacional, lo que supondría poner fin a un debate que se mantiene en las últimas décadas sin que se le haya dado respuesta por parte de Administraciones de diverso signo. El hecho de que se haya planteado esta consulta ya pone de manifiesto la dificultad y la posición de la Administración para abordar este proceso con pies de plomo. Como procedimiento general, el Ministerio abre periodos de consulta pública sobre un anteproyecto de ley ya elaborado por los servicios jurídicos del departamento. En este caso, la consulta es solo para recabar ideas pensando en elaborar ese anteproyecto.

La actual representatividad en el sector agrario viene marcada básicamente por las primeras y únicas elecciones generales en todo el ámbito estatal celebradas en 1978 y por las que quedaban configuradas las que actualmente son la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Desde entonces ha llovido mucho y se han registrado algunos cambios importantes en materia de representatividad. En UPA no se han producido modificaciones. En ASAJA se produjo un proceso de integración de siglas y la salida de una parte de Jóvenes Agricultores, pero sin grandes cambios en su afiliación. Por el contrario, COAG fue escenario de importantes ajustes donde destaca la escisión de la misma en Castilla y León y en otros territorios o la salida de siglas importantes como Unión de Navarra, Unió de Pagesos y Unió de Llauradors. Ello dio lugar al nacimiento de Unión de Uniones como una nueva sigla que fue sumando otras nuevas en otras comunidades autónomas, pero que en la actualidad no cuenta con un reconocimiento oficial junto a las otras tres en las mesas del Ministerio de Agricultura y a la cual se recibe por la puerta de atrás.

Medir la representatividad en el sector agrario es una asignatura pendiente del Ministerio de Agricultura en las últimas décadas sobre la que nunca han mostrado un especial interés las tres siglas hoy reconocidas en las mesas de negociación o trabajo a nivel estatal, ASAJA, UPA y COAG. La reivindicación de unas elecciones se concreta en la Unión de Uniones, que sigue fuera a pesar de su presencia efectiva en el campo.

El paso teórico más importante en esta dirección fue el dado por el ministro Miguel Arias Cañete con la Ley de 2014, por la que se regulaba el sistema de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, a la vez que se creaba el Consejo Agrario como organismo estatal visible de esa representatividad al margen de las extintas Cámaras Agrarias. Esa disposición contemplaba, entre otras cuestiones, la celebración de elecciones cada cinco años de forma simultánea en todas las comunidades autónomas contabilizando los votos obtenidos en todo el territorio por cada sigla y asignando la calificación de organización representativa a la que obtuviera un 15% de todos los votos válidos emitidos y además un 5% de esos votos en, al menos, seis regiones. Se contemplaba como electores a quienes estuvieran dados de alta como autónomos en el Régimen de la Seguridad Social o tuvieran al menos un 25% de sus ingresos procedentes de la actividad agraria y percibieran más de 5 .000 euros de las ayudas de la PAC.

Miguel Arias Cañete se fue del Ministerio sin su desarrollo previsto en un plazo de 18 meses, cuando se deberían haber celebrado las elecciones, y su sucesora, Isabel García Tejerina, no se quiso meter en ese jardín, por lo que la normativa se quedó en el limbo solamente impulsada sin éxito con diferentes iniciativas por la Unión de Uniones. Así, en 2018 lograba que el Defensor del Pueblo instara al Ministerio de Agricultura a desarrollar esa iniciativa o la aprobación en diciembre del pasado año de una proposición no de ley instando a Agricultura a celebrar elecciones en el plazo de seis meses. Ni el Ministerio de Agricultura convocó elecciones en plazos de cinco años, ni, además ha existido alguna coordinación en los procesos electorales que tienen capacidad parar llevar a cabo las comunidades autónomas en el marco de sus competencias en materia de agricultura. Eso ha supuesto que, mientras en unas comunidades se han celebrado uno o varios procesos electorales, como en Cataluña, Castilla y León, Aragón, Madrid o Extremadura, en otras como Andalucía o Castilla-La Mancha no ha tenido lugar ninguno.

En conjunto, la línea dominante en la Administración central ha sido la de alargar esta cuestión. El propio ministro de Agricultura Luis Planas señalaba en septiembre de 2018 a Unión de Uniones su interés sobre la necesidad de repensar la situación de la representatividad derivada de la falta de un desarrollo reglamentario de la Ley de 2014 y la necesidad de abrir un periodo de consultas sobre la posibilidad de modificar o derogar esa disposición. Dos años más tarde, en junio de 2020, el propio ministro en una comparecencia en el Congreso dudaba sobre el interés por las elecciones en las propias organizaciones agrarias.

Con todos estos antecedentes de aparcar el proceso, ha sido en parte un motivo de sorpresa la decisión del Ministerio de Agricultura de abrir ahora una consulta pública para elaborar un anteproyecto de ley para medir esa representatividad. En algunos medios se considera que es un proceso impulsado por los socios catalanes del Gobierno, donde Unió de Pagesos es dominante.

En relación con el sistema para determinar la representatividad agraria, la realidad es que no existe un consenso en el propio sector. Desde unas posiciones mayoritarias se defiende que ese proceso se haga sin la celebración de elecciones por ser un sistema que requiere una importante movilización de medios y de recursos de los que precisamente no están sobradas las propias organizaciones agrarias y se abogaría por un sistema alternativo donde se valorasen otros aspectos de funcionamiento como el número de afiliados cotizantes en cada sigla y otros baremos como oficinas abiertas, suscripción de seguros u otros servicios que se proporcionen a sus afiliados. Frente a estos mecanismos, desde Uniones Agrarias se defiende por el contrario la celebración de elecciones, para lo cual los adelantos tecnológicos pueden evitar esos movimientos tradicionales de medios y de recursos económicos.

La salida, nuevamente en el aire.