Las denuncias por maltrato de menores a padres suben un 19%

A.G.M.
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Enfermedades mentales, alcohol y drogas aparecen tras estos casos. La Fiscalía alerta de que es «muy complicado el cumplimiento de las penas de prohibición» y apuesta por abordar estos casos con «recursos distintos de los procedimientos penales»

Uno de los pasillos del Centro de Menores Zambrana. - Foto: Ical

La violencia doméstica continúa con su escalada en Valladolid, en una tendencia que es generalizada en todo el país. Los últimos datos de la Fiscalía recogen 38 casos, que son un 19% más que el año anterior (31) y prácticamente el doble de los que se registraron en 2016 (20). Se confirma como el tipo delictivo más común entre los menores de edad (sin tener en cuenta las faltas, solo los delitos graves), todavía por encima de los robos con violencia (27).

La Fiscalía de Valladolid le dedica una especial atención en su última Memoria al problema de los malos tratos familiares, sobre todo, en el caso de hijos a padres en el ámbito de los menores de edad, donde se destaca que hay supuestos que afloran incluso antes de los 14 años. No hay datos concretos sobre la edad a la que se comete este tipo de delitos, pero sí de su incremento el último año, hasta los 38 casos (19%). Además, también se va a las causas de fondo de la violencia doméstica y se recuerda que en esas situaciones es frecuente que concurran otros problemas de fondo, como son «las enfermedades mentales o el abuso de drogas o de alcohol».
En cualquier caso, el documento señala que «se sigue apreciando un grave deterioro en la relación entre padres e hijos», pero lamenta que se denuncien los hechos ante la Fiscalía cuando «el problema ya se encuentra muy enquistado», lo que supone «que, en muchos de los expedientes, sea necesario adoptar alguna medida (incluso cautelar) de salida del menor del domicilio familiar, como son las de internamiento en un centro».
Y es en este sentido en el que desde la Fiscalía de Menores se apuesta por que se aborden todos estos casos «a través de recursos distintos a los procedimientos penales», pidiendo la entrada de otras administraciones, toda vez que argumenta que «resulta muy complicado el cumplimiento de las penas de prohibición en las agresiones de padres a hijos y de hijos a padres», supuestos en los que, según remarca, «subyace no tanto un problema de maltrato, como dificultades derivadas de la educación y la convivencia». Ahí «casos se detecta la inadecuación de la pena privativa de derechos (prohibición de aproximación o de comunicación)».
«CELERIDAD Y EFICACIA»

No es la única queja que pone sobre la mesa la Fiscalía de Menores de Valladolid en la Memoria 2019, ya que lamenta la falta de celeridad en el desarrollo de los procesos con menores. La instrucción -en esta jurisdicción es competencia del fiscal- se lleva a cabo en un plazo máximo de tres meses desde que se comete la infracción, «sin embargo, una vez terminada la instrucción, se ralentiza todo el proceso y suelen transcurrir un par de meses para el señalamiento del juicio. «El criterio debe ser el de celeridad-eficacia, pues una respuesta lenta no es eficaz», sino que es «incluso perjudicial para el menor, que olvida rápidamente y que tiende a fabular lo sucedido, idealizando los hechos».
En la misma línea, la Fiscalía de Menores de Valladolid también se queja de la forma en que trabajan con el denominado expediente digital y la obligatoriedad para ellos de trabajar con hasta cinco aplicaciones informáticas, algo que no ayuda a una mejora de la organización de la especialidad. Así, recuerda la Memoria que está el programa Minerva, dedicado al registro y la tramitación de los asuntos de reforma; la aplicación del Ministerio de Justicia para el registro de asuntos de protección; Fortuny, destinado a elaboración digital de los dictámenes en los expedientes civiles en los que consta la intervención del menor; Horus, el visor para la consulta de expedientes; y el ‘portafirmas’, para la firma de los dictámenes.
BAJA EL ACOSO ESCOLAR

Un último aspecto que se aborda en la Memoria 2019 es «la reducción de los casos acoso escolar, pese a que uno de ellos fue objeto de una severa condena, lo cual hace pensar que los esfuerzos llevados a cabo por la comunidad educativa están recogiendo sus frutos». Ese supuesto fue el de seis menores a los que se condenó por acosar y denigrar a un compañero de La Rondilla. La pena más elevada fue ocho fines de semana de arresto domiciliario y un año de libertad vigilada y la más leve, tres meses de tareas socieducativas.


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