El pasado mes de septiembre el Gobierno prorrogó dos años la obligación de que cualquier entidad pública tenga la capacidad de responder por vía telemática a cualquier persona, ya sea física o jurídica, que se quiera relacionar con ella. El plazo inicial se había fijado en el 2 de octubre de 2018, pero el propio Decreto-ley mediante el cual se aprobó la prórroga reconocía que ese periodo «se ha revelado insuficiente», dado que las administraciones todavía no están «adaptadas a estas exigencias».

Y así lo revela el estudio La administración digital en España, publicado recientemente por la consultora EY, en el que se analizan 132 requerimientos contenidos en las Leyes 39 y 40/2015 de cara a mejorar la relación telemática de la Administración con los ciudadanos. El informe agrupa estos requerimientos en siete grupos y analiza el grado de cumplimiento de las 17 comunidades autónomas, 52 diputaciones provinciales y 21 ayuntamientos. En función del nivel de madurez, puede asignar tres colores a cada indicador: verde para un alto grado de cumplimiento, naranja para un cumplimiento moderado y rojo para un nivel bajo.

Tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial están entre las administraciones analizadas. Eso sí, con diferentes resultados. Mientras que el primero se encuentra en una situación «avanzada», la Diputación está en un nivel «inicial» de cara a cumplir con estos requerimientos.

El Ayuntamiento ya cumple con varios aspectos de la Ley, aunque no con todos. Por ejemplo, obtiene la calificación verde en la asistencia al ciudadano y empresas. Es decir, ofrece los canales necesarios para que puedan relacionarse de forma telemática con la Administración. También tiene un buen nivel de cumplimiento respecto a la exitencia de expedientes, documentos y archivos electrónicos. La Ley 39/2015 estipula que «los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos».

El Ayuntamiento también aprueba respecto al grado de implantación de sistemas de firma electrónica, así como la asistencia que se ofrece a los ciudadanos y empresas para su utilización. El estudio también ha tenido en cuenta la facilidad en el uso de estos sistemas. Solo uno de cada tres ayuntamiento analizados aprueba este aspecto. Por último, la sede electrónica del Ayuntamiento también destaca por ser un canal adecuado para que los ciudadanos se relacionen con la Administración.

Por otro lado, presenta un nivel de cumplimiento medio respecto al registro electrónico. Es decir, el formulario electrónico genérico que permite adjuntar documentación asociada para enviar al organismo competente para su tramitación. 

Los dos aspectos en los que el Ayuntamiento de Valladolid suspende son el sistema de notificaciones a la ciudadanía y el contenido de su portal web. En el primer caso, obtienen una calificación roja los ayuntamientos que no envían notifiaciones por medios electrónicos sobre resoluciones y actos administrativos cuando los ciudadanos así lo solicitan. El estudio pone como ejemplo al Ayuntamiento de Vigo, del que dice que ofrece un servicio «ejemplar» en este sentido. El segundo suspenso tiene que ver con la ausencia de procesos de participación ciudadana a través de medios eléctrónicos en la página web del Ayuntamiento, y con la carencia de publicaciones periódicas sobre normativas que afecten a derechos de los ciudadanos.

La Diputación presenta unos resultados más discretos que los del Ayuntamiento. Concretamente, se encuentra en el puesto 36 de las 52 analizadas. Suspende en asistencia al ciudadano y la empresa, expedientes, documentos y archivos electrónicos y el contenido del portal web. Saca nota media en identidad digital y firma electrónica, así como en el registro electrónico, y aprueba en el sistema de notificaciones y el sistema de interacción de su sede electrónica.

En lo que se refiere a la Junta de Castilla yLeón, el nivel de cumplimiento es moderado. De hecho, se encuentra en noveno lugar en una clasificación liderada por el País Vasco y que cierra Extremadura. En términos generales, el nivel de cumplimiento del Ayuntamiento se sitúa en el 76,3 por ciento, el de la Diputación, en el 63,7 por ciento; y el de la Junta, en el 78,8 por ciento.