Los presupuestos de la pospandemia, como los ha querido vender la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no dejan de ser nuevamente un proyecto más en el arranque del curso político, pues las incertidumbres enmarcadas en la crisis energética, la falta de apoyos en sus socios del Congreso y las incógnitas derivadas de una recuperación que no acaba de despegar condicionarán no solo las cuentas del Estado, sino el propio rumbo de una economía asfixiada por el parón del COVID y sus consecuencias.

Las cuentas presentadas ayer al Congreso de los Diputados son de las más expansivas, con una recaudación récord y, como suele ocurrir, bastante optimistas de cara a la tasa de crecimiento apuntada para 2022, del 7%, el mayor avance de todo el ciclo económico independientemente de que se cumplan las previsiones de Moncloa o las del resto de organismos internacionales. También están apuntaladas sobre un techo de gasto histórico para mantener el aumento del gasto social, así como los anuncios estrella de las últimas semanas como el bono de alquiler, el bono cultural o más dinero para becas.

El Gobierno no oculta una subida de ingresos vía impuestos de más de 17.000 millones de euros, hasta superar los 232.000 millones gracias al incremento, en gran medida, de las rentas de las familias, la mayor creación de empleo y el aumento de los salarios, como explicó la ministra. Es decir, las rentas medias y los trabajadores son, de nuevo, los pilares donde se fundamenta este proyecto presupuestario.

La prioridad de Sánchez es encarrilar de alguna manera la legislatura con estas cuentas, a las que de momento le faltan apoyos claros para sacarlas adelante, aunque la cuota catalana está garantizada. El Gobierno no ha previsto para el próximo año una receta para contener el déficit tan disparado que ha producido la pandemia ni ninguna medida para frenar la deuda pública, dos índices que están desbocados y a los que más pronto que tarde deberá echarle el lazo antes que la Unión Europea le ponga condiciones. España sufrió una crisis más profunda que el resto de socios europeos, pero no puede obviar el Pacto de Estabilidad de cara a 2023, año de elecciones.

Lo que no está registrado en ese proyecto es la 'prudencia' de cómo contrarrestar una posible ralentización de la economía en el próximo ejercicio si se prolongan las perturbaciones de los mercados internacionales, el encarecimiento de las materias primas y la problemática de la logística que ahoga a las industrias. Con un gasto ya lanzado y una subida de impuestos confirmada, el estrangulamiento a la renta media será letal.