Jornada intensa para la función pública que ha visto como este miércoles se sellaban dos acuerdos con importantes mejoras para los 88.000 funcionarios autonómicos de la Comunidad. La Junta de Castilla y León y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF suscribieron un acuerdo por el que se incrementa la retribución de los empleados públicos con una dotación de los fondos adicionales para la mejora del empleo que alcanza el 0,75 por ciento de media sobre la masa salarial y otro con el compromiso de garantizar la carrera profesional con el fin de avanzar en una administración «moderna, equitativa y eficiente». En un acto celebrado en la Consejería de Presidencia, el consejero Ángel Ibáñez explicó que la subida salarial se realizará a través del complemento específico porque «reconoce el rendimiento y la responsabilidad en el ejercicio de los puestos de trabajo», con el objetivo de que en el primer trimestre de 2022 estén «adecuados a las nuevas competencias» para que el incremento beneficie «por igual, y de forma lineal y consolidada, a todos los empleados públicos».

Se trata así de una subida «igual para todos», con la que se compensan los recortes sufridos durante la crisis económica de 2008, y la distribución de los fondos adicionales será del 0,2 por ciento sobre 2018, lo que se traduce en más de 1,3 millones para Administración General, 1,8 para Educación y 2,8 para Sacyl; del 0,25 por ciento sobre 2019, destinándose, 1,7 millones para Administración General, 2,3 millones para Educación y más de 3,8 para Sanidad; y de un 0,3 por ciento en relación a 2020, traduciéndose en 2,1 millones para la Administración General, 2,9 para Educación y 5,2 para Sacyl.

El convenio se circunscribe al II Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de marzo de 2018, que recoge medidas de mejora de empleo público, de condiciones laborales y retributivas. Un compromiso que la Junta ha hecho «suyo», como explicó ayer Ibáñez, con la firma del pacto con los sindicatos que «retribuye la especial dificultad técnica para el desempeño de determinados puestos». «Considerando que estamos en un momento crucial para resolver elementos organizativos, por las nuevas relaciones de puestos de trabajo que tenemos que construir, es un buen momento para realizar un análisis de los mismos acorde a los servicios que presta la Administración autonómica», señaló Ibáñez, propugnando que la nueva RPT «se adapte a las nuevas demandas».

Modernización

No obstante, el acuerdo, como subrayó el consejero, «apuesta por el reconocimiento del empleo público, al que refuerza», y supone también «un avance en la modernización de la Administración» de la Junta a través de un documento que, además, «goza de seguridad jurídica y económica» al contar con el informe favorable de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Además del consejero, en la firma del acuerdo estuvieron presentes la directora general de Función Pública de la Junta, Paloma Rivero; el secretario general de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad, Tomás Pérez Urueña; la secretaria general de Enseñanza de CCOO Castilla y León, Elena Calderón; y el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro.

Mejor acuerdo posible

Este último consideró que se firma «el mejor acuerdo posible» tanto en el fondo, porque «pone en valor el trabajo de los más de 80.000 empleados públicos de la Junta», y lleva «implícito el reconocimiento» a los servicios públicos que se prestan. Por su parte, el representante de UGT en la firma, Tomás Pérez, recordó no estarán «en aquellas firmas que solo benefician a una parte» porque su objetivo es «favorecer a todos». Por último, Elena Calderón (CCOO) afirmó que los acuerdos son «fruto del conflicto y la negociación» y que si la carrera profesional es «imprescindible para conseguir el cobro de los grados».

La carrera profesional se desatasca

Esta comisión también dio el visto bueno al otro gran acuerdo formalizado en la jornada de ayer por la Junta con los tres sindicatos representativos de la función pública, sobre carrera profesional, y por el que se reconoce «el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad por parte de los empleados públicos», que no otorga «solo un derecho económico», sino que valora el aumento progresivo de la capacidad y experiencia del empleado público, puesto que este «redunda en la calidad de los servicios públicos» y en una«modernización y estabilización de la función pública». 

El convenio firmado «cumple con las previsiones de la ley para el desarrollo de la carrera profesional y la evaluación de los empleados públicos» y constituye así «un elemento fundamental para el desempeño» de estos cargos bajo los principios de «progresividad, objetividad, transparencia, flexibilidad y consolidación», entre otros, lo que inicia el camino para «equiparar a todos los empleados públicos».

Ambos acuerdos, que serán ratificados hoy por el Consejo de Gobierno, fueron definidos por Ibáñez como «un ejemplo claro del poder de negociación» y una muestra de que «el buen entendimiento entre la Administración y los sindicatos sigue abierto», suponiendo además un «punto de inflexión» en la legislatura por establecer «hitos para una función pública equitativa y eficiente».