La Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (Acenva) exigió hoy medidas “rápidas y contundentes” a la Junta, más allá de las que se deriven de la vía judicial y penal, centradas en suspender esta misma semana el aprovechamiento cinegético durante un mínimo de cuatro años en Wamba, tras el último caso de envenenamiento de fauna que, según la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es el más grave en los últimos años en la Comunidad, con 29 milanos negros, dos reales y un busardo muertos en una semana.

Acenva recordó que en la comarca donde se ha producido este “delito” se acumulan “muchos otros casos similares que se han repetido en los últimos años”, como en los municipios de Velliza y Castrodeza, en los que la Junta “ya tomó la medida de la suspensión del aprovechamiento cinegético”.

Sin embargo, la organización lamentó que a fecha de hoy no se han tomado medidas por la Consejería ante graves casos de envenenamiento producidos en años anteriores en la provincia de Valladolid, en los municipios de Villafrades de Campos, Villavaquerín o Curiel de Duero.

Por ello, exigió una actualización de la Estrategia Regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural y del Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de los mismos y criticaron a la Junta por “demostrar su total ineficacia desde su aprobación”.

Consideraron necesario, además, que dentro del anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León que se encuentra en tramitación, “se incluya como infracción muy grave el uso o manipulación de venenos o cebos envenenados, comercio ilegal de productos de veneno o cebos envenenados, así como incluir la suspensión del aprovechamiento cinegético durante un tiempo mínimo de cinco años cuando se den casos de envenenamiento de fauna; y que esta sanción se cumpla íntegramente, con indiferencia de que se apliquen o no medidas compensatorias por el coto sancionado”.

Por último, Acenva recordó que el uso de cebos envenenados “está estrictamente prohibido” por la legislación autonómica, nacional y europea, con sanciones económicas que pueden llegar hasta los 60.000 euros e inhabilitación para el desarrollo de actividades cinegéticas hasta un lustro. Además, está tipificada también como delito en el Código Penal, pudiendo alcanzar penas de hasta 24 meses de cárcel, aparte de que “puede ser un gravísimo problema de salud pública”.