Convertido en epicentro judicial y político de España, el Tribunal Supremo vivió ayer la primera jornada de un juicio histórico. Mientras en el interior del edificio podía verse por primera vez la esperada imagen conjunta de los presos separatistas, en el exterior se evidenció el cóctel de sentimientos encontrados que levanta este nuevo y trascendental episodio del proceso independentista. 

El reloj marcaba las 10,35 cuando tomó la palabra Andreu Van den Eynde, el abogado del exvipresidente del Govern Oriol Junqueras y del exconsejero de Exteriores Raúl Römeva, que levantó el telón de la sesión. La vista se inició antes, con las explicaciones organizativas del presidente del tribunal, Manuel Marchena y con el resumen de los argumentos de las partes leídos por la letrada de la administración.

La defensa de Junqueras y Römeva marcó las líneas por las que, posteriormente, se guiaron casi todos los abogados de los acusados: vulneración de derechos fundamentales de los líderes separatistas, la supuesta criminalización del independentismo, la suspensión de los derechos políticos y la falta de imparcialidad del tribunal. Solo el togado que representa a al exconsejero de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, se intentó desmarcar del carácter político de las intervenciones de sus compañeros para centrarse en los argumentos penales «como si se trata de del juicio de una estafa».

Todo ello bajo la atenta mirada del president, Quim Torra, protagonista de la imagen del día con una importante carga política cuando desde la primera fila del público ha saludado con la mano a los acusados. Todos ellos se han girado en ese momento salvo Santi Vila, Carles Mundó y Oriol Junqueras, que no ha apartado la mirada del frente.

La Fiscalía pide para los acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia por el proceso que culminó con el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición. Vox, acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años.

En su alegato, Van den Eynden calificó el proceso contra los líderes del procés de «causa general contra el independentismo catalán». «Hay una campaña de criminalización pública constante. Se les compara con terroristas y con nazis», remarcó. Asimismo, no dudó en invocar a la Constitución Española porque, en su opinión, los derechos recogidos en la Carta Magna «se han vulnerado en este proceso». Según enumeró, sus defendidos han visto como «se pasaba por encima» de su derecho a la intimidad, la inviolabilidad, a la reunión y manifestación, y la libertad de movimientos. Incluso el letrado citó el derecho a la libertad de culto, porque a Junqueras, denunció «no le dejaban ir a misa en prisión». «Todo este juicio se articula desde el lado oscuro del derecho penal democrático», lamentó. 

Zoido. El letrado de Forn evitó caer en la arenga independentista de su compañero y se limitó a insistir en la necesidad de que se cite como testigo al que fuera ministro del Interior en el momento de producirse los hechos enjuiciados, Juan Ignacio Zoido. Además, pidió que este proceso se acumule al que se ha instruido en la Audiencia Nacional contra mandos de los Mossos d’Escuadra por su actuación en el 1-O al considerar que su defendido no tenía responsabilidad política.

La «dudosa imparcialidad de los magistrados» fue el argumento estrella de Jordi Pina, el abogado que coordina las defensas del expresidente de la ANC Jordi Sánchez y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Por ello, les solicitó que «hagan de jueces y «no de salvadores de la patria». Esta línea fue seguida por otros letrados, que pusieron su vista en el Tribunal de Derechos Humanos Estrasburgo donde, según remarcaron, acabará el proceso si acaba en condena.