Ane sonríe. Hoy tiene teatro con sus compañeros de la escuela infantil El Principito de Valladolid, un centro al que acude una vez a la semana para interactuar con otros niños pese a estar escolarizada en un centro de educación especial. Tiene cuatro años y medio y unos enormes ojos que transmiten sus ganas por aprender, vivir, avanzar y ser feliz. Lo más importante para sus padres, que luchan día a día porque su hija, con parálisis cerebral, pueda llevar una vida normal.
Cristina Rodríguez, la madre de Ane, y su marido ya conocían lo que una escuela ordinaria podía ofrecer a su niña, porque su otro hijo que actualmente tiene 13 años, ya había pasado por esa etapa. Una experiencia que les llevó finalmente a optar por una educación especial que recibe desde hace un par de cursos en el colegio vallisoletano El Pino de Obregón. Un centro al que acuden a diario 130 alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años con discapacidad intelectual o pluridiscapacidad (motórica, auditiva y visual), así como con otros trastornos del espectro autista. «Conocíamos las carencias de un centro ordinario y Ane se beneficia de una serie de servicios y personal preparado que no podría tener», reconoce Cristina Rodríguez, una madre luchadora que defiende el mantenimiento de estos espacios que en Castilla y León dan servicio a 1.258 alumnos de los 7.419 con necesidades educativas especiales matriculados durante el curso pasado.
Jaime Anitua trabaja en Ernst & Young, una de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo, con un contrato indefinido. A sus 26 años, y tras estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de la Fundación de Prodis a través del Programa Promentor, este joven con síndrome de Down ha encontrado un hueco en el mercado laboral ordinario. Un espacio que, según su madre, no hubiera sido posible sin una educación especial que le ha preparado para una vida en sociedad que, aunque en su caso no solo va de cromosomas (47 en vez de 46), no está exenta de obstáculos para las personas con una discapacidad intelectual.
«Hasta los 14 años fue a un colegio ordinario, pero al llegar la adolescencia se produjo una fractura», explica Sol Ortiz de Artiñano. Los niños que le llamaban dejaron de hacerlo y la tristeza comenzó a invadirle. En ese momento, sus padres decidieron buscar un centro de educación especial -el María Corredentora- en el que encontrara su sitio. «Su desarrollo personal, entre iguales, se vio muy favorecido», defiende asegurando que «un ambulatorio, por muchos recursos que tenga, nunca será un hospital».
Su confianza en sí mismo hizo que Jaime dejara de ser «el último» y comenzara a «brillar». «Los centros de educación especial no son guetos», asevera después de que la ONU -en «un informe sesgado» de mayo de 2018- considere que existe «segregación» con el apoyo del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). «Mi hijo es absolutamente feliz gracias a una atención personalizada», apostilla invitando a los representantes del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a visitar un centro de estas características.
Una opinión compartida por Cristina Rodríguez, que considera que se ha tomado la decisión sin pisar el terreno. «Ahora no cambiaría nada de lo que Ane tiene. Trabajan con cada niño de manera individualizada según sus necesidades y su problemática. No se puede generalizar en ningún caso, ni en la educación ordinaria ni en la especial», incide, tras lo que pone de ejemplo los avances de su pequeña: «Está aprendiendo a controlar esfínteres y se comunica por gestos». «Lo que nos preguntamos es si van a poner medios de verdad para que estén así en centros ordinarios. ¿Qué padre no querría una integración real para su hijo? Pero la integración real no puede ser así porque esos niños, al final, nunca va a ser iguales a los demás», afirma.
Coexistencia
Como Sol y Cristina, Isabel Fernández solicita que coexistan ambos itinerarios para «una inclusión real» y «adaptada a las capacidades» de estos alumnos. Su hijo Marcos San José, que cumplirá 20 años el próximo 30 de marzo, tiene un trastorno del espectro autista. «A medida que crecen también lo hacen sus dificultades», señala.
Así, aunque Marcos «siempre se ha defendido» bastante bien, su madre optó por matricularle en un centro de educación especial tras un proceso de escolarización preferente que no respondió a sus necesidades especiales. «Socialmente estaba muy afectado», asegura Isabel incidiendo en que «en Secundaria, al no tener intereses iguales a los del resto de sus compañeros, no entraba ni con calzador». Su llegada a un módulo de cocina le abrió las puertas a un mundo en el que «ha encontrado amigos» y, sobre todo, «ha ganado en autoestima». Tanto es así que se está planteando estudiar Imagen y Sonido.
Ana Vicente tiene 18 años menos que Jaime, pero comparte con él esa copia extra del cromosoma 21 más conocida como síndrome de Down. Consciente de ello, su madre consideró que la educación especial iba a trabajar mucho más en favor de la autonomía de la cuarta de sus cinco hijos. «En Infantil sus compañeros le sobreprotegían demasiado, le ponían hasta el babi», afirma Alicia Sedano. Y eso no es lo que ella quería para Ana.
Las barreras no existen para una niña de ocho años que «lee fenomenal» gracias a una metodología bimodal en el María Corredentora que le ha permitido asociar los sonidos con imágenes. «En un centro ordinario aprenden a juntar la P con la A», expone Alicia en defensa de una educación especial que ahora el Gobierno quiere reservar para los casos más graves.
Desde el centro madrileño de Los Álamos, donde conviven 90 alumnos con distintas discapacidades intelectuales con un grado ligero o moderado, su directora pedagógica, Mercedes Herrero, hace hincapié en que «las aulas no tienen más de siete u ocho menores en la Educación Básica Obligatoria y todos los años son readaptadas en función de su evolución, así como de la entrada de nuevos chicos». Algo que en el modelo inclusivo es inviable porque, en palabras de la responsable administrativa del centro, Noelia Gallardo, «hasta la fecha solo contamos con proyectos pilotos». Pese a ello, según pone de relieve, «los equipos de orientación están denegando a las familias el paso de sus hijos a la educación especial».
En este sentido, considera una «irresponsabilidad» la intención del Ministerio de Educación de que los centros de educación especial se conviertan en «recursos de apoyo a la inclusión» cuando, en sus propias palabras, «la mayoría de nuestros alumnos llegan rebotados de la escuela ordinaria».
Una opinión compartida por los padres de centros como El Pino del Obregón, uno de los que gestiona la Fundación Personas en Valladolid, que consideran que se debe dotar de recursos suficientes para atender a los niños con discapacidad en los centros ordinarios y en los de educación especial, además de defender que estos espacios «son una de las modalidades posibles y una vía legítima para la inclusión». Además, destacan la «alta calidad» de este tipo de educación que «no debe ponerse en riesgo».
Más de 240.000 firmas
Estas cuatro madres son miembros de la plataforma ‘Educación inclusiva sí, especial también’, que ya ha reunido más de 240.000 firmas. Cristina, Sol, Isabel y Alicia, junto a representantes de otra treintena de asociaciones de Castilla y León y de otras 70 entidades de toda España, luchan por evitar la eliminación de la educación especial saliendo a la calle a defender sus derechos, primero con una manifestación que se celebra durante la jornada de hoy en Valladolid que está previsto extender a otras ciudades españolas.
«Creemos en la convivencia de varios modelos de educación, la ordinaria, la especial o la combinada. Todos pueden convivir y la elección debe ser de los padres para optar por lo que mejor convenga a tus hijos, nadie debe imponerte esa decisión», recalca Cristina Rodríguez, miembro del ampa El Pino de Obregón. «Nosotros defendemos la inclusión, por eso rechazamos que nuestro centro sea segregador», asegura, tras lo que aconseja: «Primero nos tenemos que educar todos en la integración antes de tomar cualquier decisión porque igual ni la sociedad está preparada para eso».