Marzo de 2020. El Gobierno declara oficialmente el Estado de Alarma en España y miles de empresas tienen que cesar inmediatamente su actividad. La situación se prolonga mucho más de lo que estaba previsto en un principio y en pocos meses no tardan en aparecer los primeros problemas económicos en las familias. Trabajadores en ERTE que tardan en cobrar la ayuda, responsables de pequeños negocios que no pueden abrir y destrucción de empleo. Un cóctel perfecto para que los impagos en todos los ámbitos se empiecen a disparar.
Y el alquiler de viviendas no fue una excepción, tal y como revelan los datos del último informe del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). En la provincia se dispararon el año pasado los casos un 66 por ciento, el mismo porcentaje que en España. Sin embargo, la deuda media no se incrementó tanto, ya que pasó de los 3.493 euros de 2019 a los 3.448 del año pasado. En España la deuda media incluso fue menor que la de 2019. Un fenómeno que en el propio estudio achacan a que «la mayoría de los casos de impago se han concentrado en los meses con medidas más estrictas» y «a partir del verano fueron muchos los inquilinos que empezaron a resolver los pagos con sus propietarios».
De modo que el año de la pandemia, pese a lo que se pudiera pensar previamente, ha servido para frenar una escalada de la morosidad media que no ha cesado desde que el FIM comenzó a ofrecer datos provinciales en este estudio, en 2015. Por entonces la deuda media de los morosos ascendía a 1.911 euros, una cifra que pasó a 2.886 al siguiente ejercicio, a 2.935 en 2017, a 3.000 en 2018 y a 3.443 euros en 2019, antes de la casi imperceptible subida de este año.
Las diferencias entre provincias en este sentido son abismales, aunque están condicionadas con la diferencia del precio del alquiler que hay en unas comunidades frente a otras. Así, las deudas medias más altas se registran en Barcelona, con 10.487 euros, y en Madrid, con 8.973; y las más bajas, en Zamora, con 1.979 euros y Soria, con 2.122.
El desorbitado aumento de casos en toda España está estrechamente ligado a la crisis económica generada por la pandemia, tal y como reconoce el propio estudio: «La rápida propagación del virus y la paralización del país durante meses ha lastrado la situación económico-laboral de muchos ciudadanos, principalmente de aquellos más relacionados con el sector servicios, lo que les ha imposibilitado poder hacer frente al pago de las rentas».
Flexibilidad en los pagos. El presidente del Colegio de Administración de Fincas de Valladolid, Salvador Díez, que también es el presidente del Colegio nacional, reconoce que estos problemas se produjeron, sobre todo, en los primeros meses de la pandemia. Estos profesionales gestionan arrendamientos urbanos en algunas comunidades. «Durante los meses del confinamiento el problema fue muy agudo», señaló. Eso sí, Díez también reconoce que los propietarios de viviendas y locales fueron muy flexibles para ofrecer alternativas a las personas con dificultades económicas. «No les quedó más remedio», señala.
Por otro lado, el presidente del Colegio asegura que el problema registrado en los arrendamientos urbanos no se ha trasladado, al menos en la misma medida, al impago de las cuotas de comunidad.