El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid apenas ha realizado cambios en la nueva ordenanza del taxi metropolitano tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) que ‘tumbaba’ el documento por un defecto de forma. Las modificaciones realizadas por la Concejalía de Movilidad y Espacio Urbano se limitan a pequeños retoques sin entrar en los aspectos fundamentales que sí fueron mencionados por el tribunal en la sentencia anulatoria. El concejal Luis Vélez explica que tenían dos opciones. Modificar de forma sustancial la ordenanza y dejar a la ciudad y a los municipios que componen el área metropolitana sin una orden clara de funcionamiento durante un tiempo prolongado o hacer cambios mínimos y ponerla de nuevo en marcha en poco más de un trimestre.
El edil explicó que los cambios se han basado en la eliminación de la obligatoriedad para las personas interesadas en adquirir una licencia de taxi de estar empadronadas, o bien en la capital o en cualquier de los otros municipios que componen el área. También se ha incorporado a Arroyo de la Encomienda, ausente en la anterior ordenanza. Se incluyen familiares de funcionarios públicos como posibles taxistas y se elimina esta incompatibilidad presente en el anterior documento. Ya no será necesario por parte de los futuros taxistas presentar los documentos de las declaraciones fiscales, permisos de circulación y conducción. «Será el Ayuntamiento quien contacte con el resto de administraciones para solicitar toda esa documentación». No será necesario tampoco solicitar la credencial de antecedentes penales y tampoco el DNI. Se modifican las cuantías para la sanciones, que van desde los cien euros para las leves a los 6.000 de las muy graves.
Según explica Vélez, estas serán las modificaciones que se realizarán con respecto a la ordenanza que suspendió el TSJ. Vélez recordó que el documento fue anulado debido «a un defecto de forma». Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia hicieron hincapié en el hecho de que el Ayuntamiento debería haber solicitado un informe sobre la puesta en marcha de esta ordenanza al Consejo de Transportes de Castilla y León, perteneciente a la Junta, para «garantizar la legalidad, acierto y oportunidad de la disposición general». Algo que no se hizo por parte del Consistorio vallisoletano y supuso su motivo de su anulación. «Ahora sí lo tenemos».
Sin embargo, los magistrados también entraban a valorar otros aspectos conflictivos de la ordenanza que no se han modificado. La sentencia del TSJ estuvo motivada por el recurso contencioso-administrativo de siete taxistas contra veinte artículos de la ordenanza. Este grupo entendía que no se correspondían a derecho algunos aspectos como, por ejemplo, que cada licencia solo pueda tener un único titular y ampare a un solo y determinado vehículo, que no se pudiera comprar más de una licencia, o el hecho de la exclusividad. Es decir, que los taxistas solo pudieran dedicarse a ejercer su trabajo y no otros. La ordenanza anulada también recogía en su artículo 19 que el vehículo solo podría ser conducido por el titular de la licencia y otras dos personas asalariadas, algo que también fue recurrido por los demandantes.
El artículo 24 de la ordenanza lo regulaba poniendo de manifiesto que sería el propio Ayuntamiento de Valladolid la entidad encargada de fijarlos. También recogía un mínimo de 24 horas continuadas de descanso por semana. El artículo 32 obligaba a todos los vehículos a disponer de los medios telemáticos adecuados para que aquellos clientes que quisieran pudieran pagar con tarjeta y no en metálico. Los coches de nueva incorporación tampoco podrían tener más de cuatro años o más de 70.000 kilómetros, según el artículo 36.
Estos aspectos, a pesar de ser motivo del recurso, no se han modificado. El concejal Luis Vélez se mostró convencido de que la nueva ordenanza volverá a ser recurrida por alguna asociación. «No solo está pasando en Valladolid, sino que están recurridas en todas las ciudades de España. Se debe a las legislaciones regional y estatal», afirmó el edil, quien insistió en la idea de que desde la Concejalía no había más remedio que «ponerse a trabajar» para intentar dotar al sector de una ordenanza. «Teníamos dos opciones, o avanzar o estar parados».