La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 fue el punto de partida de un periodo más que complicado para muchas pequeñas empresas que se vieron durante meses sin la posibilidad de trabajar, pese a tener que seguir soportando gastos como el alquiler del local, la luz y el resto de suministros. Hace un año y medio, sobre la economía de España sobrevolaba la amenaza de una gran crisis que desembocase en una oleada de despidos y, por ende, incendiase la conflictividad laboral. Pero lo cierto es que no ha sido así. Si bien hay muchas empresas que lo han pasado realmente mal, y siguen estando en una situación delicada, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor se han revelado como una herramienta fundamental para apagar este fuego.
Y así la demuestran las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entre marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia, y agosto de este año, últimos datos disponibles, en Valladolid solo se han registrado nueve huelgas, justo la mitad de las que se celebraron en 2019 y 2018. Es una tendencia incluso más acusada que la de España, donde se han celebrado 739 huelgas en el año y medio que va de marzo de 2020 a agosto de 2021, por debajo de las 893 de todo el año 2019.
Bien es cierto que en este periodo se han perdido más jornadas, un dato condicionado por la huelga registrada este año en Iveco, donde trabajan más de mil personas. Si en 2019 participaron 761 personas en esas 18 movilizaciones, en las nueve de la pandemia esa cifra se ha disparado hasta los 1.779 huelguistas y, en consonancia, las jornadas no trabajadas han pasado de 1.206 a 1.861. Cabe recordar que la factoría de Iveco tuvo que parar durante varias jornadas este verano por la huelga convocada por todos los sindicatos ante las desavenencias en el convenio colectivo, si bien la plantilla al final acabó aceptando la propuesta de la empresa para evitar tener que ir a una huelga indefinida.
El secretario general de UGT en Valladolid, Luis Rivera, reconoce que los últimos meses han sido «un periodo muy tranquilo en cuanto a conflictividad laboral», pese a movilizaciones como las de Iveco, H&M y la banca, entre otras. «Tampoco ha sido muy posible hacer huelgas en una estado de alarma porque se ha dado prioridad a la salud», señala. Rivera destaca que el trabajo del último año y medio se ha centrado en negociar los ERTE y resolver las dudas de los trabajadores, «fueran afiliados o no». Además, destaca la efectividad de los acuerdos de protección especial de empleo.
Lo que está por venir. Eso sí, que no haya habido muchos conflictos hasta ahora no significa que esta vaya a ser la tónica general en los próximos meses. Rivera vaticina que la tendencia cambiará por el «IPC disparado» y la dificultad que implicará llevar esas subidas a los salarios en los convenios, ya que, según él, las distintas patronales no están por la labor. Incluso en algunos casos en los que esa actualización laboral está firmada en convenio. «Estamos en un periodo que coincide con la renovación de convenios, y queremos hacerlo con la actualización del IPC o por encima. Ya hemos tenido conflictos en sectores como la industria cárnica, agricultura, comercio, hostelería, donde se van firmando los convenios con unas subidas aceptables, por ejemplo, el 2,5 por ciento durante cuatro años en el comercio», señala.
Un discurso muy parecido al del secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile. «El estado de alarma llegó a paralizar por completo los procesos de negociación colectiva y a fecha de hoy todavía está costando retomarlos», explica. Según él, la situación sanitaria también fue un impedimento para la organización de movilizaciones, porque siempre se dio prioridad a la salud. Fraile también opina que los ERTE, el teletrabajo y otros acuerdos de protección social sirvieron para capear el temporal y salvaguardar la salud pública.
El representante de CCOO coincide con el de UGT en que los próximos meses serán distintos. «Ahora hay un crecimiento económico y las empresas han recibido millones de euros, y no se está produciendo un reparto justo de la riqueza», se queja. Fraile considera que los trabajadores deben «compartir esta prosperidad», mediante la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Por eso pide a la patronal que sea responsable en las negociaciones de los convenios colectivos.