Felipe Martínez Rico, que fue subsecretario de Hacienda y Función Pública durante el mandato de Cristóbal Montoro, ha admitido hoy en el juicio por el procés que la Generalitat de Cataluña pudo burlar el control que se le impuso en 2017 porque la certificación de gastos no tenía por qué ser "la realidad material de los hechos". Estos sistemas "llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", ha reconocido. 

Así ha respondido este ex alto funcionario a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal sobre la fiabilidad de los controles que se impusieron a los gastos autonómicos en Cataluña, que comenzaron en noviembre de 2015 y que llegaron a ser de carácter semanal en septiembre de 2017. Se trataba, según Martínez Rico, de un sistema de intervención común a todos que se realizan en diferentes organismos públicos y "persiguen hacer una certificación de gastos, pero no son la realidad material de los hechos", que es "más compleja", según ha reconocido. 

"¿Una contratación irregular podría haber eludido el control?", le ha preguntado la fiscal, a lo que el funcionario, actualmente residente en Londres, ha respondido que siempre que sea contraria a las pautas de contratación del sector público se puede hablar de contratación irregular, sea esta certificada o no, y en este caso quedaría "fuera del margen de control". 

En este sentido, la representante del Ministerio Público ha querido saber si "hubo un perjuicio de la deuda pública estatal". No obstante, el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha interrumpido esta parte del interrogatorio, pidiendo a la fiscal que no trate al testigo como un perito y advirtiendo que será la Sala la que concluya si fue así o no. 

La fiscal Madrigal ha repreguntado si "está de acuerdo" sobre los términos en los que el exministro Montoro se expresó y Martínez Rico ha enfatizado que el Ministerio puso todos los elementos a disposición para hacer un seguimiento para ver cómo se gastaba el presupuesto en la Comunidad Autónoma, pues estaban "involucrados" muchos departamentos. Así, ha hecho hincapié en que, aunque hubo un "cumplimiento formal" por parte de la Generalitat de todas las obligaciones de información, cosa diferente es que luego ello se ajustara o no a "la realidad material de los hechos". 

Aún así, "desde el Ministerio de Hacienda se solicitó a los servicios jurídicos del Estado que se personara en todas las causas penales en las que pudiera haber un perjuicio a la hacienda estatal", ha subrayado.