¿Qué balance hace de estas cuatro décadas y qué asignaturas pendientes hay por afrontar?

Los alcalde nos quejamos de que la descentralización del estado franquista en las comunidades autonómicas se desarrolló de forma progresiva, pero que el segundo escalón, que es la descentralización de competencias a los ayuntamientos se quedó a mitad de camino. Me temo que hoy sigue siendo una asignatura pendiente. Habría que sentarse seriamente para que de una vez por todas, aquello que decía Fraga Iribarne de una administración una competencia sea realidad. Hay temas en materia social que sería perfectamente competencia exclusivamente municipal, con una adecuada financiación. 

¿Cómo debería ser?

Es peregrino que en temas sociales intervenga el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y el Estado. Lo razonable, aplicando el principio de subsidiariedad, es que la administración más cercana, los ayuntamientos, haga lo que sea posible y capaz de hacer, aunque también hay algunos que se meten en competencias que no son suyas. En los 20 años en los que estuve de alcalde intenté que en los plenos se debatieran temas estrictamente municipales salvo algún acontecimiento excepcional, que fuera admitido por todos los grupos. No tiene sentido discutir temas que son claramente de competencia autonómica o estatal. Una cosa es pedir y otra es hacer mociones sobre esos temas, que hacen los plenos interminables y a los problemas de calle, cercanos al ciudadano, se le dedica menos tiempo.

¿Y por qué no hay más financiación y competencias?

Hace falta delimitar de una vez por todas cuál son las competencias municipales y financiarlas adecuadamente. Aunque hay ayuntamientos gastan el dinero en cosas que no son de su competencia y descuidan las propias.

¿Por qué no hay consenso político para esta descentralización?

Es muy complicado. En la FEMP hemos llegado muchas veces a acuerdos. La realidad es que en  los discursos de investidura de todos los gobiernos se muestran muy municipalistas, pero eso se les olvida al cabo de media hora. No ha habido una administración central que realmente haya atendido estas demandas de los ayuntamientos.

¿La mancomunidad refuerza el poder de los ayuntamientos?

Pretender tener una infraestructura municipal completa de servicios y personal en ayuntamientos con muy poca población es absolutamente impensable. Por eso es razonable esa mancomunidad de servicios que se hace entre distintos consistorios. De hecho, en Valladolid lo teníamos varios acuerdos en relación con la recogida de basuras, que es algo que heredé de Bolaños. Me pareció que era razonable y que en ese sentido se deben hacer las cosas porque sino sale el servicio peor y con un coste más elevado. Las mancomunidades no quitan autonomía a los ayuntamientos sino que les alivia y soluciona determinados problemas.

¿Y las diputaciones?

No es ningún secreto que no he sido nunca gran defensor de las diputaciones provinciales pero entiendo que realizan una labor que ahora vía mancomunidades o en su caso con competencias asumidas y cedidas desde la Junta podría hacer prescindir de la institución provincial, pero ya sé que eso no gusta a casi nadie.