Las elecciones municipales del 3 de abril 1979 marcaron el inicio de la democratización del poder político municipal, que garantizó Constitución de 1978. Estos comicios trasladaron la «ilusión» de la nueva etapa democrática a los consistorios, que todavía seguía en manos de políticos, en muchos casos, vinculados al anterior regimen.

Los ayuntamientos de 2018 son muy diferentes a los de 1978. Desde entonces hasta ahora se han convertido en la institución más cercana a los ciudadanos, pero todavía adolecen de una ley concreta que regule su financiación y se enfrentan con un situación enmarañada de competencias en la prestación de servicios. Estas son precisamente las asignaturas pendientes que destacan la mayoría de los alcaldes, incluidos los de los 225 municipios y nueve pedanías de la provincia. Políticos en activo, como el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, o su antecesor Javier León de la Riva; la alcaldesa de Medina y secretaria provincial del PSOE, Teresa López; el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero o el expresidente de la institución, Francisco Delgado ponen voz en El Día de Valladolid a esta reclamación, en la que coinciden la mayoría de los partidos políticos. Un guante que recoge la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), que considera que sigue pendiente la «segunda descentralización».

 La primera fase descentralizadora se desarrolló hacia el ámbito regional. Esto ha permitido que España se haya convertido en el segundo país con más autoridad política en manos de sus gobiernos regionales, según el Índice de Autoridad Regional. Aunque el balance no es igual en la segunda descentralización, que se anunció con el  Pacto Local de 1998, y que se inició en 1993 cuando  la FEMP proclamó la necesidad de un Pacto Local que clarificara las cuestiones competenciales de las entidades locales. 

Sin embargo, no hubo ningún proyecto concreto hasta que en 1995 se retomó la cuestión  y se creó una comisión para redactar ese Pacto Local. En septiembre del 1996 se aprobó un borrador, que después aprobó el Consejo de Ministro con el nombre de Bases para la negociación del Acuerdo para el desarrollo del Gobierno Local.  Una legislación a la que se dio una vuelta de tuerca con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en 2013, que  para muchos alcaldes significó un retroceso en esa descentralización.

Entre las medidas legislativas que se han aprobado para reforzar el municipalismo está la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que establecía nuevas competencias de los Plenos y los alcaldes y presidentes de Diputación en materia presupuestaria, oferta de empleo público, sanciones, contratación y adquisición de bienes y derechos.  Además, en 2003 se fijaron una serie de medidas para la modernización del gobierno local, aplicables a los municipios de gran población. Tras esta regulación se pasó el testigo para llevar adelante el Pacto Local o la segunda descentralización a las comunidades autónomas.

Esto no ha evitado cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para simplificar la regulación de la moción de censura e introducir la cuestión de confianza en el ámbito local.  Esta segunda descentralización también propició cambios en  la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para introducir el conflicto en defensa de la autonomía local y permitir a las corporaciones locales recurrir leyes estatales y autonómicas. Además, se modificaron diversas leyes para prever una mayor participación local en ámbitos u órganos de la Administración General del Estado.

Una descentralización que arrastra la rémora de una financiación adecuada y una definición actualizada de competencias. Desde la FEMP se reclama la aprobación de una Ley del Gobierno Local, que defina de manera más adecuada las competencias municipales, y una Ley de Financiación Local que les dé una estabilidad financiera acorde con la realidad competencial y solucione el contencioso sobre las competencias impropias.

Un discurso que defendía el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace tan solo un año en Villalar. Allí, aseguró: «la España autonómica del siglo XXI tiene que trascender y convertirse en la España municipal, de la autonomía local, de los pueblos y ciudades». Una reflexión que conllevaba el compromiso de incluir en una próxima reforma de la Constitución «una segunda descentralización que aumente la autonomía local».

Una reclamación que defiende su compañero de partido y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que llegó a plantear en unas jornadas sobre municipalismo en Valencia la movilización de los alcaldes «cansados de llorar y de quejarnos de la falta de atención a nuestros municipios desde el punto de vista financiero». Reclamaba una financiación «justa» para los ayuntamientos y pedía al Congreso iniciativas en este sentido.

Una defensa del municipalismo que desde el PP se realiza reivindicando la importancia de los municipios, de los alcaldes y concejales. Su líder, Pablo Casado apuesta por la racionalización del gasto burocrático, idea que no implica suprimir ayuntamientos, ni diputaciones, porque recuerda que la mayoría de alcaldes y concejales no cobran y «su labor es muy necesaria», sino de que no haya duplicidades competenciales, defendió en la última convención Convención de Cohesión Territorial de su partido en Toledo. 

«El 85% de los alcaldes y ediles no cobran ni un euro se dejan la piel por sus vecinos, empleando su tiempo libre en las gestiones municipales», dice el secretario general del PP de Valladolid, Luis Miguel Gago, que defiende su figura como básica para el municipalismo y para que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones «vivan donde vivan, en el medio rural o urbano». 

Nuevas propuestas sobre el municipalismo llegaron con los nuevos partidos que entraron la pasada legislatura en el Congreso. Ciudadanos propuso  en la pasada campaña electoral  reducir de 8.000 a 1.000 el número de ayuntamientos y eliminar las diputaciones para eliminar duplicidades y adelgazar la administración pública. Una idea que han ido suavizando para ahora proponer una fiscalidad distinta y ventajosa  para los municipios de menos de 5.000 habitantes o para las zonas con una ratio de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, donde enumeró la reducción de un 60 por ciento en el IRPF. En esta línea, Rivera propone ahora que  las diputaciones se conviertan en un consejo de alcaldes donde los municipios puedan abordar la puesta en marcha de servicios comunes para que el dinero llegue directamente a los habitantes del medio rural.