Romero dice que es "insignificante" lo que devuelve la Junta

Ical
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La concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento recuerda que el Ejecutivo autonómico tiene la obligación de "poner el cien por cien" de los fondos y aporta 2,6 millones de los 3,7 de gasto real

Rafaela Romero.

La concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento, Rafaela Romero, ha pedido ser “justos y realistas”, porque los 83.700 euros que se devuelven a la Junta en partidas para servicios sociales son una cantidad "insignificante y parcial", y ha solicitado al Partido Popular y a la Junta “sensibilidad” al mismo nivel que está mostrando el Ayuntamiento con los programas sociales.

Romero ha calificado de “injustas” las críticas lanzadas por el Partido Popular de la ciudad sobre la devolución del dinero no ejecutado en materia de servicios sociales. La conceja ha explicado hoy que “es verdad” que se devuelve “una parte muy pequeña” de lo que concede la Junta de Castilla y León en el acuerdo marco para personal con los criterios que tiene el ejecutivo regional, pero que el Ayuntamiento gasta “muchísimo más” de lo que corresponde.

Estas declaraciones llegan en respuesta a las palabras de ayer de la presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, que le reprochó al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que reclamara más dinero a la Junta, cuando “siempre ha devuelvo” las partidas que se le condecían, pidió que “se gaste bien lo que hay”.

Según Romero, la Junta adjudica al consistorio vallisoletano 2,6 millones de euros para gasto de personal, pero el gasto real es de 3,7 millones, “algo más de un millón de euros que pone el Ayuntamiento, cuando la Junta tiene la obligación de poner el cien por cien”. La concejala explicó que hay una “diferencia de criterios que hace que no nos llegue todo el dinero”, pero aclaró que eso no significa que devuelvan el dinero de personal.

En ese sentido explicaron que en programas y servicios el Ayuntamiento gasta más de lo que adjudica el gobierno autonómico, y lo que está comprometido por ley. “Hay afirmaciones que no se ajustan a la realidad”, ha asegurado, “no son inciertas, pero son una mínima parte de lo que se tiene que contar, la realidad es mucho más amplia”.