El proyecto de Presupuestos Generales de laComunidad para 2021 fija la elevación de 3,5 a 5 veces del IPREM el requisito de los ingresos de los posibles destinatarios de viviendas de promoción pública en el caso de promociones destinadas a la venta, con el reto de «lograr la fijación de población». Esto supone que el máximo para poder optar a estas viviendas públicas pasa de los 22.500 euros actuales a más de 32.000, abriendo el abanico de posibles solicitantes. Así lo avanzó ayer el consejero de Economía y Hacienda,CarlosFernández Carriedo, que presentó en las Cortes el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2021, elaborado por la Junta y sus medidas de acompañamiento, y recalcó que también se modifica la ley de 2010 de la materia en la Comunidad, con el reto de «dirigir los principales esfuerzos de la acción pública a lograr la satisfacción del derecho a una vivienda digna, en favor de las capas más desfavorecidas de la población».
El consejero abrió en el la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes las comparecencias de los consejeros de la Junta, para explicar las cuentas que manejarán el año que viene, donde hizo una exposición global del presupuestos y otra específica de su departamento. Allí trasladó como otra novedad del texto normativo, la incorporación de una nueva disposición transitoria a la Ley de la Función Pública de la Comunidad para «dar en la mayor medida posible» cumplimiento efectivo al derecho a la promoción profesional y movilidad geográfica de los funcionarios de la Administración de Castilla y León. Por último, mencionó otra modificación de la Ley agraria de Castilla y León, que recoge una regulación específica en materia de calidad alimentaria.
El consejero también aclaró que el tercer capítulo de la ley recoge, por su parte, medidas de carácter estrictamente administrativo y constató una nueva regulación de los encargos hechos por la Administración a entidades instrumentales para adaptar la misma a la normativa básica estatal. Carriedo repasó asimismo el segundo capítulo del proyecto de ley que establece distintas medidas financieras que permitirán, dijo, la mejora de la regulación en cuanto a la delimitación de las entidades que forman parte del sector público autonómico y, dentro del mismo, del sector público institucional.
A su vez, manifestó que se modifican los principios contables y los criterios de aplicación de los mismos, así como las competencias de la Intervención General como órgano directivo y como centro gestor de la contabilidad pública, para incluir en su ámbito de aplicación a las entidades del sector público institucional autonómico. Por último, anunció que en esta materia, se prevé la elaboración de una Cuenta General única de la Comunidad y se establece la supervisión continua de las entidades integrantes del sector público institucional a través del control financiero permanente y del plan de auditorías.
Reto demográfico
Carriedo reclamó «el apoyo de todos los grupos» en las Cortes autonómicas para lograr que el reparto de los Fondos de Nueva Generación de la UE, se realice «con criterios objetivos y atendiendo a factores vinculados al reto demográfico».