Santovenia se ha convertido en el epicentro informativo durante las últimas semanas, pero es un problema que afecta también a otros municipios y en especial a la capital. La ocupación de viviendas se ha convertido en un problema para muchos municipios del área metropolitana y también, para la capital, aunque pueda pasar de forma más desapercibida.  

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detectaron 168 ocupaciones ilegales en la ciudad durante el pasado año, a las que hay que sumar otras 50 que se han localizado en lo que llevamos de año, según los datos que maneja la Subdelegación del Gobierno. 

El propio subdelegado, Emilio Álvarez, reconoce la dificultad existente con la legislación actual para poder realizar un desalojo de las personas que entran en una casa de esta forma. «Cuando entran sin violencia ni intimidación, aunque utilicen la fuerza para romper el bombín de la puerta, es muy difícil que se las pueda echar de una forma fácil», reconoce. 

No obstante, y a pesar del elevado número de ocupaciones ilegales, solo se lanzaron por parte de los juzgados siete desalojos en 2019 para echar a personas que habían okupado una vivienda en la ciudad, aunque finalmente solo se llevaron a cabo cinco, ya que en dos ocasiones se alcanzó un acuerdo antes del momento de desalojar a los okupantes del inmueble. En lo que llevamos de 2020 únicamente se ha registrado un desalojo a requerimiento de efectivos de la Policía Local.

Este problema tan acuciante en la ciudad no parece que tenga la misma dimensión en la provincia, ya que los agentes de la Guardia Civil solo han intervenido en alguna ocasión en 42 viviendas desde el año 2008, cuando estalló la crisis económica que obligó a algunas familias a tener que allanar viviendas para tener un techo sobre el que vivir. «En la provincia solo se dan casos de forma mayoritaria en los municipios del alfoz, que es donde todavía hay muchos bloques de viviendas vacíos que pertenecen a la Sareb o algunas entidades financieras», comenta el subdelegado. De estos 42 inmuebles, 24 se encuentran en la localidad de Santovenia de Pisuerga, y por eso se ha convertido en el foco de protestas vecinales y donde la Guardia Civil ha puesto el foco para evitar conflictos. 

Álvarez indica que los alcaldes deben estar pendientes e incluso tapiar con permiso de la entidad propietaria puertas y ventajas para evitar que entren los okupas, ya que una vez que están dentro «es muy complicado sacarles». Destacó Álvarez que este problema, afortunadamente, no se ha agudizado con el confinamiento, sino que ha mantenido una regularidad en el tiempo. 

El problema, recalcó, viene motivado por la escasez de denuncias de los propietarios de las viviendas, en la mayoría de los casos la Sareb. «Lo hace bien por desconocimiento o por cierta dejación de funciones». Esta situación ha motivado que desde Subdelegación se haya detectado un problema mayor. Se trata de un grupo organizado dedicado a la ocupación de viviendas que posteriormente se alquilan a terceros. «En algún caso nos hemos encontrado que los okupas tenían su contrato de arrendamiento», aclara.

Los vecinos de Santovenia han dicho basta. Y se concentran todos los martes y jueves a las ocho de la tarde como señal de protesta. 24 viviendas okupadas con nuevos ‘inquilinos’ problemáticos. «Sufrimos carreras con los coches, peleas, parece que bajan al parque y todo es suyo», comenta un vecino que prefiere mantener el anonimato por miedo a repercusiones. 

El número 2 de la calle Fuentona es el principal foco del conflicto. Así lo expone el alcalde, Bernardo Canedo. Una familia de etnia gitana está ocasionando «muchos problemas» y los vecinos no piensan parar hasta ver una solución. «Santovenia no se okupa», es el lema de la gran pancarta que encabeza todas las semanas la manifestación. «A un vecino le tiraron una lata de cerveza desde la ventaja y no le dio por poco», apunta otro vecino. 

Mientras, pocos minutos antes de la manifestación, los ocupas salen a la puerta de la vivienda fumando, con tranquilidad, casi desafiantes antes el centenar de vecinos que se concentra. Como si fueran conocedores de su semi-impunidad mientras no haya una denuncia de la Sareb. Los niños juegan con las bicicletas y la tensión se respira en el ambiente. 

Pero Santovenia no es el único  municipio afectado. En la calle Zapatilla 23 de Cigales hay otra familia de etnia gitana en una chalé okupado. Los vecinos lo saben y reconocen que no han tenido ningún problema por el momento. Los okupas no quieren hablar. «Bastantes fatigas tengo ya como para encima hablar de ellas campeón», es su respuesta. Eso sí, reconocen que están de forma ilegal. En el pequeño patio tienen unos pollos y el resto está casi lleno de juguetes de niños. Se puede ver la cerradura forzada y cierta sensación de abandono. 

El alcalde, José Ignacio Fernández, reconoce que hay seis casas en esta situación en el pueblo y que el Ayuntamiento ha presentado denuncias en el momento que comprueba que se está realizando un fraude en la toma de agua. «Nosotros no podemos hacer más». «Lo bueno que de momento tenemos en Cigales es que no son problemáticos, ellos hacen su vida y no se meten con el resto de vecinos».  

En Zaratán, los vecinos aún vigilan a diario una vivienda porque hace unas semanas entraron unas personas okupas y prendieron una hoguera en medio de la casa. «Ya hemos pedido permiso a la Sareb para tapiar la puerta y las ventanas por nuestra cuenta, pero no podemos hacerlo sin permiso». La regidora explica que los vecinos están pendientes y saben «todo lo que ocurre» en el inmueble. 

En su caso, el alcalde de Cabezón de Pisuerga, Sergio García, aclara que en su municipio existen cuatro viviendas ocupadas todas ellas pertenecientes a la Sareb o a otras entidades financieras y lamenta que algún vecino «ha tenido problemas». «Lo único que podemos hacer es poner en conocimiento de los titulares la situación y estar pendientes de la toma de agua y de luz, nada más».