La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del exalcalde socialista de Valdestillas, Jesús Román Fadrique, y sus tres concejales que fueron acusado de delitos de prevaricación y malversación por tratar de costear el arreglo de una calle del pueblo con fondos públicos pese a ser consciente de que el coste habían de sufragarlo los vecinos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La sentencia absolutoria contrasta con las peticiones realizadas por el fiscal del caso y la acusación particular, ejercida esta última por el Ayuntamiento de la localidad, que habían solicitado para el exregidor una condena de 15 meses de cárcel, otros 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público de concejal o relacionado con la administración local y multa de 9.000 euros, así como un año y un día de privación de libertad, 12 años de inhabilitación e idéntica multa para los otros tres.

Además, en concepto de responsabilidad civil, pidieron que los cuatro, de forma conjunta y solidaria, indemnizasen al Consistorio en la cantidad de 3.380 euros por los honorarios pagados a la arquitecta municipal que redactó el proyecto de urbanización de la calle Olmo, rechazado por la Diputación Provincial.

Durante el juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid, el exalcalde de Valdestillas, Jesús Román Fadrique, que compartió banquillo con sus tres exconcejales, Lidia Vaquero, César Álvarez y Raúl Casero, defendió que cuando trató de costear la urbanización de la calle Olmo lo hizo en la convicción de que era legal, porque urgía concluir una vía a la que faltaba sólo un tercio por urbanizar y, además, porque la obra permitía "unir el barrio con el colegio y la piscina".

El exalcalde se escudó en que su decisión de incluir dicha calle con cargo a los Planes Bienales de Cooperación 2016/2017 no contó con ningún reparo de quien "era el asesor jurídico del Ayuntamiento", en referencia al secretario-interventor municipal, ni cuando se celebraron las comisiones informativas de Urbanismo los días 11 de enero y 4 de abril ni luego, el 7 de abril, durante el pleno.

Sí reconoció que el entonces portavoz de la oposición y hoy alcalde de Valdestillas por Ciudadanos, Alberto Sanz, se opuso al arreglo de la calle en las comisiones alegando como única excusa que en ella tenía una casa la concejal de Hacienda y también acusada, Lidia Vaquero, y más tarde en el pleno cuando, para su "sorpresa", advirtió de que la vía en cuestión se hallaba inmersa en una unidad de ejecución y por ello la urbanización era cosa de los vecinos y no de la Diputación.

"Esa advertencia no se produjo hasta el pleno, fue la primea vez que la escuché por boca del portavoz de la oposición y entonces entendí que era una discusión meramente política", explicó Román Fadrique, quien añadió que desconocía entonces la "trascendencia" de lo que supone una unidad de ejecución y que ni siquiera el secretario-interventor municipal dijo "esta boca es mía" ya que éste permaneció callado al respecto.

Pese a ello, y aunque el pleno aprobó incluir en los planes las calles Trillo y Medina, la primera por unanimidad y la segunda con los votos de la oposición y la abstención del PSOE, el alcalde llevó al pleno la polémica calle Olmo, que también salió adelante con su voto de calidad y la oposición de los grupos de Cs y PP.

Aunque la Diputación consignó para Valdestillas cerca de 150.000 euros, lo que tan solo daba para urbanizar dos calles, finalmente el alcalde, por decreto de 31 de mayo, incluyó como subvencionables las calles Trillo y Olmo, al tiempo que encargó la redacción del proyecto de la segunda de ellas a la arquitecta municipal con un desembolso en concepto de honorarios de 3.380 euros, importe que el Ayuntamiento actual entiende como perjuicio ya que el arreglo fue finalmente rechazado por la institución provincial.

Durante el juicio, Román Fadrique trató también de restar credibilidad al secretario municipal tras incidir en que ambos mantenían una "relación tensa" por aquel entonces después de que acordara quitarle la paga de productividad y le abriera expediente por presuntas irregularidades en la sociedad municipal de vivienda, de ahí, en su opinión, las acusaciones del aludido en cuanto a que el alcalde era plenamente consciente de que estaba prevaricando al incluir esa calle.

Incluso llegó a acusar a la oposición de haberle permitido aprobar la inclusión de la calle Olmo, de forma intencionada, al presentarse el día del pleno con un edil menos para facilitar que el alcalde sacara adelante la propuesta con su voto de calidad. "Creo que fue una trampa para que aprobásemos la calle y luego pudieran denunciarnos", aseveró.

En la línea del exregidor, los que entonces fueron miembros de su equipo de gobierno, Lidia Vaquero, César Álvarez y Raúl Casero, concejales de Hacienda, Urbanismo y Festejos, respectivamente, avalaron su versión de lo ocurrido y se escudaron en sus nulos conocimientos jurídicos y escasa formación para conocer la trascendencia de lo que suponía una unidad de ejecución.

En el bando contrario, el hoy alcalde de Valdestillas por Cs, Alberto Sanz, se reafirmó en que advirtió a su predecesor en el cargo y hoy acusado, tanto en las comisiones informativas de Urbanismo como finalmente en el pleno, sobre la ilegalidad de urbanizar la calle Olmo con fondos públicos y que incluso el secretario-interventor municipal, como éste mismo corroboró acto seguido en el juicio, le insistió en la ilicitud de tal pretensión.

"La propuesta que hizo el alcalde era por un interés meramente personal porque en aquella calle tenía fijada su residencia su concejal de Hacienda", apuntó el primer edil de Valdestillas, quien reprochó a Román Fadrique que no se cerciorara entonces de la ilegalidad que iba a cometer, a diferencia de lo que había hecho en otras ocasiones durante su mandato y que se había traducido en facturas de 100.000 euros en concepto de asesoramiento externo.

En clara discrepancia con tales afirmaciones, las defensas de los cuatro encausados solicitaron un fallo absolutorio, tal y como ha ocurrido finalmente, y, en el caso del exalcalde y su abogado, enmarcaron la denuncia formulada por el actual regidor de Cs en una "venganza política".