La Guardia Civil de Tráfico detecta a un conductor sin carné cada tres días en Valladolid: 136 en 2019. No es ciencia, sino simple estadística, la misma que alerta del repunte de estos casos registrado durante este último año en la provincia y que llevó a los agentes del Subsector a descubrir a un 37 por ciento más de personas que iban al volante pese a haberse quedado sin todos sus puntos, tener su permiso de conducción suspendido por orden judicial o que, directamente, no lo habían tenido nunca.

Esta es una de las infracciones que la reforma de 2015 del Código Penal convirtió en delito, como la de ir a 110 kilómetros por hora por ciudad, a 200 km/h por autovía, o con más de 0,60 de alcohol en el cuerpo. Ir sin carné, en cualquiera de sus tres variantes, es un delito del artículo 384, que castiga esas actitudes con penas de prisión de entre tres y seis meses, con multas de 12 a 24 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad durante periodos de entre 31 y 90 días.

Tener el permiso caducado o no llevarlo encima a requerimiento de un agente también tiene sanción, pero solo económica, a razón de 200 y 60 euros, respectivamente. La multa administrativa que se fija a los que conducen un vehículo sin el permiso habilitado para ello es de 500 euros y cuatro puntos, que es la misma que para aquellos que lo hacen sin puntos, con el carné retirado o sin haberlo obtenido nunca, si bien en estos tres casos la sanción administrativa queda en suspenso a la espera del proceso penal y solo se reactiva si hay una absolución.

UN TERCIO NUNCA LO TUVO

En 2019 fueron 136 los conductores que acabaron ante un juez por circular sin carné, de los que un tercio (45) no lo había obtenido nunca, por los 75 que se habían puesto al volante pese a carecer de puntos y los 16 que lo tenían suspendido por sentencia judicial. Las cifras contrastan con las de solo un año antes, cuando la Guardia Civil detectó a 99 personas en esa situación, llevando a 46 ante el juez por conducir sin puntos, a 44 por no haberlo obtenido y a 9 por tenerlo retirado por dictamen de un juez.

Este incremento obedece, según el presidente de la Federación de Autoescuelas de Castilla y León, Arcadio González Toquero, a una «mejora de la comunicación y del traslado de la información entre la administraciones, la judicial y la propia Dirección General de Tráfico». «Antes, muchos de los expedientes judiciales de pérdida de vigencia del permiso por privación del derecho a conducir no llegaban a comunicarse en un tiempo prudencial a la DGT, lo que provocaba que los agentes no dispusieran de la información en tiempo real y, por tanto, no tuvieran conocimiento de la irregularidad», detalla González Toquero, quien también destaca la importancia de la generalización del «uso de nuevas tecnologías por parte de la Guardia Civil de Tráfico» para detectar esos casos.

Además, recuerda que se daba otro problema en el caso de los conductores con retirada judicial del carné, al no informarles de que, pasada la condena, debían realizar un curso de reeducación antes de volver a conducir, puesto que «se devuelve el permiso físico (tarjeta) al cumplir el tiempo impuesto, pero pendiente de realizar el curso». Y había muchas personas que volvían a conducir por desconocimiento, según apunta Toquero.

«El alumno debe recuperar el permiso al igual que con la pérdida de puntos administrativa, con un curso de reeducación vial y luego superando una prueba teórica», tal como remarca el presidente de la Federación de Autoescuelas de Castilla y León. 

50 CURSOS AL AÑO

En Valladolid se llevan a cabo unos 50 cursos al año para permitir que todos estos conductores puedan recuperar su licencia. Duran 24 horas, divididas en seis u ocho días, generalmente, y exigen superar luego una prueba en Tráfico. El precio viene marcado por la DGT y oscila entre los 124 euros de los ciclos adicionales (para los que suspenden la prueba) y los 399 de los cursos de recuperación total.