La huelga del metal de Cádiz, que suma más de una semana en pie de guerra, es un aviso de lo que le espera al Gobierno de coalición en las próximas semanas. Y es que el Ejecutivo tiene por delante un final de año caliente ante las demandas que están protagonizando sectores económicos tan importantes para la economía española como el campo, la automoción o el transporte, que se movilizan ante los problemas por los que atraviesan sus respectivas actividades. Consideran que el Ejecutivo les ha abandonado y por ello se echarán a las calles para dar visibilidad a su descontento. También las Fuerzas de Seguridad optan por la vía de las movilizaciones para mostrar su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, a su juicio, les deja «indefensos». Muchos frentes abierto para un Ejecutivo que se encuentra, además, en plena negociación de los Presupuestos -que ya han superado esta semana su trámite más decisivo en el Congreso, aunque aún falta el Senado- y con diversas reformas, como la laboral o la del sistema de pensiones, en plena ebullición. 

A pesar de que la economía española va recuperando el fuelle que perdió con la llegada de la pandemia, la crisis global de suministros y el elevado coste de las materias primas y del transporte logístico, unido a unos precios de los carburantes disparados y a una electricidad que se paga más cara que nunca, han provocado una especie de tormenta perfecta en sectores como el de la automoción, que se está viendo obligado a parar la producción de manera intermitente por la escasez de semiconductores. Ello a su vez está causando problemas en las ventas de turismos, con los concesionarios sin stock y retrasos en las entregas de vehículos, con un período que ya se alarga a entre seis y ochos meses de media.

La situación del sector y la «inacción» del Gobierno llevaron a convocar el pasado lunes una concentración ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con trabajadores procedentes de todas las comunidades. Reclaman al Ejecutivo que actúe con firmeza ante los cambios que están afectando a un sector que genera el 10 por ciento del PIB español y más de medio millón de empleos. 

Para paliar los efectos de la tormenta perfecta que viven, el sector exige, entre otras medidas, que puedan activarse expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en aquellas empresas que se comprometan a mantener todos los puestos de trabajo.

Costes disparados

El campo es otro sector en pie de guerra. Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado ya un «gran proceso de movilizaciones» de ámbito nacional, sin descartar «una gran manifestación» en Madrid. Está por ver, de hecho, si se suman a la que celebrará el mundo rural el 20 de marzo en la capital.

Estas movilizaciones se llevarán a cabo ante unos costes de producción disparados para los agricultores y ganaderos a niveles «nunca vistos». Así, los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30 por ciento en el último año y también son más caras las semillas (+20 por ciento), los abonos (+48 por ciento) o el agua (+33 por ciento). Sin embargo, las subidas «más espectaculares», según las organizaciones agrarias, son las que afectan al gasóleo que usan sus tractores (+73 por ciento) y a la energía eléctrica (+270 por ciento).

Además, ganaderos y agricultores denuncian que los alimentos están encareciéndose a los consumidores mientras que ellos siguen sin cubrir sus costes. «Es necesario un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria», aseguran las organizaciones, que reclaman un apoyo firme por parte de las Administraciones a todos los niveles. En este sentido, recuerdan que el Ministerio de Agricultura tendrá en las Cuentas un tres por ciento menos de presupuestos para el próximo año.

De momento, el sector lácteo ya ha comenzado las movilizaciones del campo para exigir precios justos, ya que, según denuncian, los múltiples costes que deben afrontar para cuidar a sus vacas y producir leche se han disparado en los últimos meses, y el precio que obtienen por su producto no les permite obtener «la mínima rentabilidad necesaria para seguir adelante». 

Justo antes de Navidad

También el transporte de mercancías por carretera tiene preparado para el Gobierno un invierno caliente si nada lo remedia. El Comité Nacional de Transportes por Carretera ha declarado dos jornadas de cierre patronal antes de Navidad por el «estado de abandono por parte del Gobierno». Estos tendrán una duración de 24 horas y se producirán entre el 20 y el 22 de diciembre, ambos incluidos, si las negociaciones de última hora con Moncloa no lo evitan.

La prohibición de que los conductores realicen carga y descarga de camiones, el impacto de los disparados precios del combustible, los futuros peajes que el Gobierno quiere imponer en las carreteras y el mal estado de las áreas de servicio y descanso son los grandes caballos de batalla para los transportistas en su diálogo con Moncloa. 

Cádiz y las cárnicas

Los problemas en la automoción, el campo y el transporte no son los únicos conflictos laborales que está viviendo y vivirá el país en esta recta final de año. Al margen ya del Gobierno, en el sector financiero se están produciendo protestas por los despidos anunciados en entidades como el Banco Sabadell y Unicaja, y en el sector industrial arrancó hace unos días una huelga indefinida en el metal de la provincia de Cádiz, que emplea a más de 20.000 trabajadores. El foco del conflicto, que ha provocado algunos disturbios en las calles gaditanas, se centra en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre del pasado año.

Precisamente el convenio colectivo mantenía también en guerra a la industria cárnica, pero los sindicatos desconvocaron las movilizaciones que tenían previstas para el 25 y el 26 de noviembre y del 3 al 8 de diciembre tras alcanzar un acuerdo con la patronal sobre las nuevas condiciones.