Ocho CCAA exigen una estrategia nacional para la automoción

SPC
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Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Aragón, Navarra y Madrid defienden la necesidad de dotar de seguridad jurídica a las empresas y adecuar la formación al mercado

Un hombre trabaja en el interior de una empresa automovilística de la Comunidad. - Foto: Eva Garrido

Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Aragón, Navarra y Madrid han creado un frente común para reclamar al Gobierno la creación de una Mesa de la Automoción para abordar una estrategia que apuntale el futuro de esta actividad y cuente para este reto con las aportaciones del sector y de las comunidades autónomas. Los consejeros con competencias en industria de las ocho comunidades, Carlota Amigo en el caso de Castilla y León, han remitido una carta a la ministra del ramo, Reyes Maroto, en la que reivindican la oportunidad de que las autonomías aporten a este foro de análisis su experiencia de gestión en instrumentos y políticas para el desarrollo del automóvil. Estos ocho gobiernos manifiestan su «honda preocupación» por la situación del sector y comprometen su «colaboración constructiva» para idear una «estrategia común» que aglutine esfuerzos y recursos.
En concreto, solicitan medidas urgentes para dinamizar la demanda y mantener la actividad y el empleo a corto plazo, combinadas con un proyecto a medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector, en la línea de lo ya avanzado por otros países europeos donde se asientan muchos de los fabricantes que también producen en España.
Esta «hoja de ruta» para la industria de la automoción debe potenciar los«activos disponibles» en los territorios que suscriben esta petición al Gobierno central, entre los que se citan el esfuerzo inversor realizado por los sectores público y privado en materia de I+D, la puesta a disposición de suelo e infraestructuras para la producción y la oferta de capital humano con la formación y cualificación requerida por el tejido empresarial.
Nueve propuestas

Los firmantes del documento remiten al Ministerio nueve propuestas iniciales para comenzar el debate en torno a la estrategia de apoyo a la automoción. La primera es la configuración de un entorno de estabilidad y seguridad jurídica, que aporte certidumbre a las compañías. Se trata de asegurar «predictibilidad» respecto al marco normativo fiscal o medioambiental, informa Ical.
En segundo lugar, se plantea la aprobación de un programa de estímulos a la demanda basado en la neutralidad tecnológica. Las comunidades firmantes del escrito coinciden en que una apuesta en exclusiva sólo por el vehículo eléctrico en este momento de crisis puede fomentar los «desequilibrios sociales». No obstante, en tercer lugar, se propone el despliegue de una red de recarga que favorezca la expansión de la electromovilidad.
En cuarto lugar figura el impulso a la I+D+i para diversificar las nuevas tecnologías – aplicadas tanto a la fabricación de motores y baterías menos contaminantes, como a una producción más eficiente– y los nuevos materiales. En el punto octavo del documento se menciona expresamente el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en torno al vehículo autónomo y para la extensión del 5G a todo el territorio.
El quinto apartado hace referencia a la necesidad de apostar por una política energética basada en el desarrollo de renovables, basada en la eficiencia y que permita ofrecer unos precios más competitivos. El esfuerzo por adecuar la formación profesional y universitaria a las necesidades del mercado laboral constituye el sexto eje, mientras en séptimo lugar se propone prestar un apoyo decidido a las grandes empresas del sector, por su capacidad tractora sobre el sector auxiliar y por su capacidad de competir en el ámbito internacional.
Finalmente, Castilla y León y el resto de comunidades reclaman al Gobierno que intensifique la vigilancia sobre las políticas de ‘dumping’ fiscal de países externos a la Unión Europea por sus negativas consecuencias sobre la cadena de valor industrial del sector y, en su caso, adopte las medidas necesarias para paliar su impacto.
La carta concluye con el compromiso de todas las autonomías de sumar fuerzas en beneficio del futuro de la industria del automóvil y la petición al Gobierno de España de nuevas inversiones para este plan estratégico “que no tengan que esperar a los fondos procedentes de la Comisión Europea”.