Castilla y León seguirá cerrada perimetralmente, sin hostelería, centros comerciales y gimnasios, al menos, otros catorce días más después de que este jueves la Junta aprobase la prórroga de las medidas restrictivas impuestas hace dos semanas para frenar la expansión del coronavirus en la Comunidad. Una decisión que lleva el cierre hasta el próximo tres de diciembre –incluido– y se sitúa al borde del Puente de la Constitución, una fecha que hosteleros y comerciantes han marcado en rojo como «irrenunciable». El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Francisco Igea, fue el encargado de anunciar la decisión tras el Consejo de Gobierno, y avanzó que se reunirá la próxima semana con representantes de los sectores de la hostelería, el comercio y el deporte para analizar «cómo relajar» las restricciones vigentes, que se mantendrán hasta que baje la incidencia de la covid-19 junto a otras complementarias como el toque de queda y las especiales para la ciudad de Burgos.
Igea reconoció que dado el nivel máximo de alerta en el que se encuentran Castilla y León y el resto de autonomías, parece «un poco difícil que esto mejore» de cara al próximo puente de diciembre –del 5 al 8 de diciembre–, justo después del plazo dado por la Junta para mantener estas restricciones, pero se remitió al acuerdo alcanzado este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud para tomar medidas consensuadas respecto a ese periodo y la Navidad. «Intentaremos una postura común», dijo.
«El puente no es el objetivo, ni las Navidades, el objetivo es el control de la pandemia», insistió el vicepresidente al ser preguntado por el hecho de que las limitaciones prorrogadas este jueves lleguen precisamente a los días previos al puente, ya que la Junta no tiene «en la cabeza» llegar con buen dato a una fecha concreta «y luego tener otra ola dos meses después».
La idea es «volver a la vida normal y segura», para lo que es necesario que haya el «menor riesgo e incidencia posible», ya que «ir trabajando a olas no es una buena idea», planteó la consejera de Sanidad,Verónica Casado. Ambos representantes del Ejecutivo autonómico reconocieron el temor existente ante la relajación de la sociedad en el cumplimiento de las medidas preventivas de contagios y, de cara al puente, se ha decantado por «restringir la movilidad» porque cuanto menos intercambio de personas hay entre comunidades, menor es el riesgo de transmisión del virus.
Acuerdo razonable
El vicepresidente reiteró que su intención respecto a los hosteleros y el resto de empresarios es «llegar a un acuerdo razonable», pero preservando la idea de que «no hay economía mientras la pandemia esté en lo alto», aunque, según informa Efe, descartó en varias ocasiones durante la rueda de prensa, adelantar qué nivel de incidencia pretende poner la Junta como límite para comenzar esa ‘desescalada’ de medidas.
Preguntado por las incidencias acumuladas que han tomado como referencia en autonomías como Cataluña (500) o el hecho de que Madrid haya mantenido la hostelería abierta y haya conseguido disminuir los niveles de contagios puede influir en su propuesta, Igea dijo que tendrán en cuenta «todas las experiencias», tanto en el ámbito nacional como el internacional.
«Si queremos abrir lo antes posible, mantengamos las medidas», recalcó el vicepresidente, convencido de que debe ser la voluntad de los ciudadanos y los empresarios por cumplir las medidas preventivas la que lleve a la mejoría de los datos epidemiológicos, y posteriormente a la apertura de los establecimientos.