El plan del Gobierno para acabar con las autopistas y modificar el modelo de financiación de las autovías, a través del denominado peaje ‘blando’, afectaría cada día en Valladolid a más de cien mil vehículos, de los que entre un diez y un veinte por ciento son camiones que utilizan para trabajar los 261 kilómetros de este tipo de vías que discurren por la provincia. Por ello, la idea deslizada hace unos días desde el Ministerio de Fomento y que contaría con la anuencia del de Hacienda, ha soliviantado tanto a los profesionales del sector del transporte como a asociaciones de consumidores, que entienden que la medida podría resultar incluso discriminatoria, por aquello de que los conductores con menos poder adquisitivo tendrían que ir por las carreteras sin desdoblar y, por lo tanto, menos seguras.
Faltan detalles, se habla de un pago «simbólico» que podría ser de dos céntimos el kilómetro (catorce en el caso de los camiones) y todo se estudia todavía en el campo de la posibilidad, pero lo cierto es que tanto el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ya han reconocido que esta es una cuestión que se tiene que debatir para poder conservar las carreteras del país, tareas que se cifran en unos 1.100 millones de euros al año. «No sabemos detalles porque ha sido un globo sonda lanzado por esta desgracia de Gobierno que hay, pero estamos totalmente en contra», censura Miguel Olmos, secretario general de la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera. Así, en declaraciones a El Día de Valladolid, el dirigente de Fetracal avanza que «el sector no va a aceptar este peaje en autovías», si bien asegura que la federación regional aún no se ha reunido con las asociaciones de las provincias y «no hay una postura consensuada»: «Según estamos los transportistas ya y con las malas perspectivas que tenemos, con una recesión a la vista, lo que nos falta es que se implante ahora peajes en las autovías».
Pero, como dicen los transportistas, faltan detalles. En principio la medida sería solo para autovías de ámbito nacional, lo que dejaría fuera del peaje ‘blando’ a la única gestionada por la Junta que discurre por la provincia, la A-601 (Autovía de Pinares). Tampoco está claro qué ocurriría con la Ronda Exterior de Valladolid (VA-30), si también se consideraría autovía de pago o se la dejaría fuera.
Los que seguro que estarían dentro del nuevo sistema sería los 261,84 kilómetros de autovía que hay en Valladolid, entre la A-6 y la A-62, fundamentalmente, si bien también están ahí los del tramo hacia Zamora de la A-11, así como los que unen la capital vallisoletana con Tudela de Duero de esa misma autovía; y, en el caso de la A-60, los 18 construidos entre la salida de Valladolid, Zaratán y Villanubla (más información en la página 16 sobre el estado de las autovías del Duero y la Valladolid-León).
Pero son la A-62 y la A-6 las que más intensidad de tráfico soportan y, por tanto, las dos vías que más usuarios aportarían al hipotético peaje ‘blando’. Así, según los datos del Ministerio de Fomento, en la Autovía de Castilla ya hay tramos como el de Valladolid capital (entre la salida de Zaratán y la del estadio) con picos de casi 49.000 vehículos diarios, de los que cerca del doce por ciento son camiones.
En la denominada Autovía del Noroeste (A-6), los picos de tráfico a su paso por la provincia están en la variante de Tordesillas, donde llegan a circular más de 24.000 vehículos, de los que el 16% son pesados. El aporte de automóviles del resto es menor. El pico de la A-11 está a su paso por La Cistérniga, con poco más de 21.000 vehículos, de los que el doce por ciento son camiones. Mientras, en la A-60, el punto con más tráfico también se encuentra cerca de la capital, en el tramo de Zaratán: 12.300 (8,54% de ellos, pesados).
DUDAS
En cualquier caso, estas cifras estarán en cuarentena hasta que el Gobierno especifique cuál es se hoja de ruta en el asunto. Los transportistas admiten sus «dudas» sobre una medida que «no se le ha explicado a nadie», sino que «se ha lanzado y a ver qué pasa». «Es que yo creo que se iban a gastar más en montar las casetas de cobro y en el personal que lo que iban a terminar recaudando, salvo que se opte por un sistema de ‘telepeaje’, como el que tenemos instalado ya en casi todos los camiones», reflexiona el propio Miguel Olmos. «Igual los transportistas estamos fuera de la medida o se fija solo para grandes trayectos, porque para los cortos iba a ser un jaleo importante... no sabemos, hay muchas dudas y nos las tienen que explicar», apostilla.
Lo que ha trascendido desde Madrid sí incluiría a los camiones, a un precio siete veces superior al de los vehículos particulares, pero todo son aún conjeturas que se han ido deslizando desde el Gobierno que parece decidido a abordar esa cuestión, aunque no de un modo prioritario. Así, el propio ministro Ábalos dijo hace unos días que «el proceso ni siquiera se ha iniciado», pero nadie en el equipo de Pedro Sánchez niega que el camino vaya a ir por ahí y desde asociaciones de consumidores como Facua ya se ha alzado la voz para recordar que la medida sería discriminatoria, ya que «terminará afectando más a los usuarios que tengan menor poder adquisitivo». «Existirían dos tipos de conductores: uno con un nivel adquisitivo más alto, que podría transitar por autovías, y otro que, debido a no poder hacer frente al pago, se enfrentaría a carreteras con un mayor riesgo de accidente y en peores condiciones».
La iniciativa se enmarca dentro del proceso de liberalización de las autopistas que ya se ha iniciado y que se quiere continuar. Además, según parece, la implantación de ese pago «simbólico» en las autovías también contribuiría a reducir los precios de las autopistas que aún tengan contratos en vigencia, tal como ocurre en la AP-6 y la AP-61 por las que se llega a Madrid desde Valladolid, por ejemplo.