El llamado ‘plan de especialización de juzgados en materia de cláusulas bancarias abusivas’ cumple cuatro años, pero lo hace sin haber logrado acabar con la montaña de demandas de vallisoletanos contra entidades bancarias por cláusulas suelo, gastos hipotecarios y demás condiciones contractuales que la justicia y los años han demostrado abusivas... En Valladolid, judicatura, abogados, procuradores, funcionarios y todos los agentes jurídicos coinciden en la necesidad de que el Ministerio de Justicia asigne más personal con el que poder aumentar el refuerzo en la plantilla del Juzgado de Primera Instancia 4, encargado en exclusiva de la materia, al tiempo que alertan del importante problema que se está generando con el atasco ya no tanto de resolución de asuntos, sino de tramitación de los casos y la ejecución de las sentencias.

Desde que se pusiera en marcha este plan de choque en junio de 2017, se cifran en más de 17.000 las demandas por cláusulas abusivas presentadas en Valladolid, de las que estarían resueltas unas 12.000, según las estadísticas recabadas por El Día de Valladolid. Es decir, se habría dado salida a siete de cada diez casos.

El gran empujón llegó en enero de 2019 tras convertirse en algo así como un ‘macrojuzgado’ al llegar juezas de refuerzo (más la titular) con la encomienda de dictar 100 sentencias mensuales. La misión se va cumpliendo con holgura y, por ejemplo, en 2020 se resolvieron 3.422 de los 4.152 ingresados (el 82%) y en lo que va de 2021, 2.512 de 3.492 (71%).

«El ritmo de señalamientos es vertiginoso porque hay cuatro magistradas, pero el problema es que el resto del personal no es el acorde. Porque en un juzgado de Primera Instancia hay un juez y nueve trabajadores más (un letrado de la administración de justicia y ocho funcionarios), y aquí ahora mismo hay solo 14 (en realidad son 13 funcionarios y dos letrados de la administración de justicia, aunque ahora mismo uno de los LAJ está de baja y con su plaza sin cubrir) cuando debería haber casi 40 para funcionar como cuatro juzgados», defiende Raúl Franco, el delegado de CCOO en la Administración de Justicia. La propia Sala de Gobierno del TSJ respaldó la petición de dos funcionarios más, pero lo único que se ha conseguido por ahora es que el Ministerio concediese «dos prolongaciones de jornada más, es decir, que dos personas dediquen dos horas y media más a la semana a trabajar en Primera Instancia 4, lo cual es totalmente insuficiente», critica Franco.

Denuncian que faltan manos para minutar los asuntos y, sobre todo, para ejecutar esas sentencias, lo que lleva este atasco por encima de las 4.000 (el último dato oficial, al cierre de 2020, era de 4.471), lo que se estima, a su vez, que tendría bloqueados unos tres millones de euros, correspondientes con las cantidades que van consignando las diferentes entidades bancarias condenadas para el abono de las indemnizaciones. «Por el volumen de trabajo, este juzgado necesitaría tener, por lo menos, el doble de funcionarios y dos letrados de la administración de justicia (LAJ) más, uno dedicado exclusivamente al pago del dinero depositado en la cuenta del juzgado, que asciende en este momento a cerca de tres millones de euros, algo totalmente inadmisible», censura la decana del Colegio de Procuradores, Mar Abril.

Javier Martín, decano del Colegio de Abogados también defiende la necesidad de dotar de más medios al juzgado, sobre todo de letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales), porque son los «encargados de realizar los apoderamientos apud acta, aprobar las liquidaciones de intereses y tasaciones de costas (sistemáticamente impugnadas por las entidades bancarias), y efectuar los libramientos de las cantidades consignadas para el pago de lo principal, intereses y costas a los demandantes».

UN «SINSENTIDO»

Por ello, el decano de los abogados cree que la situación  actual es un «sinsentido», ya que apunta que la asignación de cuatro juezas solo «solventa un problema, el de dictar sentencias, pero olvida otro mayor, el relativo al registro, incoación y tramitación de las demandas, paso necesario para poder llegar a la sentencia, y no se ha incrementado en la debida proporción la plantilla del juzgado».

«El gran problema que hay es la ejecución», asevera el delegado de CCOO, quien recuerda, además, que Primera Instancia 4, al que se le prorrogó hasta final de 2021 su exclusividad en materia de cláusulas abusivas, «también arrastra asuntos de años atrás». «No sirve de nada que haya un auto o una sentencia y que no se ejecute. El abogado y el procurador tienen que cobrar, la persona afectada también tiene que recibir la indemnización del banco... Y es justo ahí donde está el atasco», apostilla Franco.

«Tenemos un juzgado colapsado en la tramitación, con un retraso de más de un año y medio hasta llegar a la sentencia de un procedimiento que en principio sencillo, y con dos millones y medio ingresados en la cuenta de consignaciones y que se encuentran pendientes de entrega a los consumidores. Y todo ello sin contar las ejecuciones sin incoar, impugnaciones de tasaciones sin resolver, y demandas en espera de ser registradas», tal como censura el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, quien critica la «falta de respuesta recibida por parte del Ministerio a unas reivindicaciones necesarias y justas» para reforzar este juzgado.

La carga de trabajo de Primera Instancia 4 supera con creces las del resto de juzgados civiles, hasta el punto de que «más de un tercio de las demandas presentadas en lo que va de año en todos los juzgados de Primera Instancia, han ido al 4», alerta Mar Abril. «Este juzgado está hundido», apostilla Franco, «tiene una carga de trabajo abrumadora en comparación con los demás juzgados de Nicolás Salmerón, hasta el punto de que en estos cuatro años se ha ido yendo casi toda la plantilla». 

El decano de los abogados echa la vista atrás, a hace cuatro años cuando nacían estos juzgados y lo ve como «una gran falacia», ya que «ni se creaban nuevos juzgados, ya que se atribuían esas materias a unos que estaban funcionando, ni eran juzgados especializados solo en cláusula suelo, sino en cualquier cláusula que pudiera existir en préstamos hipotecarios».

UN «FRACASO»

En igual sentido, el delegado de CCOO en los juzgados no tiene dudas de que este plan de choque ha sido «un fracaso» y cree que el tiempo ha demostrado que «esta no era la solución judicial, sino que fue una solución política»: «Tras cuatro años, esto debería estar finiquitado solo con que se hubieran puesto los medios adecuados. La solución en Valladolid hubiera sido repartir todas las demandas por los 15 juzgados de Primera Instancia», defiende Raúl Franco.

«El atasco aumenta cada día», lamenta Mar Abril, quien apunta que «también influye el hecho de que el acceso a los juzgados sigue bastante restringido y hay trámites que requieren que las partes acudan a sede judicial, algo que hoy por hoy no es fácil y que ralentiza aún más la tramitación. Hay un gran esfuerzo por parte del juzgado, y de abogados y procuradores, que intentamos ahorrar alguno de estos trámites, pero está claro que quien tiene que responder aquí es el Ministerio, dotando de medios suficientes a un juzgado que necesita con urgencia más medios personales y que los tecnológicos funcionen al 100%», concluye la decana del Colegio de Procuradores.