Estados Unidos ha sancionado este jueves a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, cuerpo de seguridad que tenía bajo custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta cuando murió, según la oposición, por las torturas sufridas a manos de las fuerzas chavistas.
El Departamento del Tesoro ha incluido en su lista negra de sancionados a la DGCIM, lo que implica el bloqueo de todos los activos que tenga bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de hacer negocios con individuos o compañías norteamericanas. "La detención políticamente motivada y la trágica muerte del capitán Rafael Acosta fueron injustificadas y son inaceptables", ha dicho el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. Además, ha subrayado que "este es solo el más reciente alarde de la brutalidad de una agencia conocida por sus métodos violentos". A este respecto, ha recordado el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que "detalla los métodos usados por la DGCIM para extraer información o confesiones".
Mnuchin ha reiterado que la Administración de Donald Trump está decidida a "acabar con el trato inhumano que el régimen de (Nicolás) Maduro da a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por suprimir la disidencia". El Tesoro ha recordado una vez más que "las sanciones no tienen por qué ser permanentes", ya que su objetivo es propiciar "un cambio positivo en el comportamiento" de los afectados. Al ex jefe de la Inteligencia venezolana Manuel Cristopher Figuera se le han retirado las medidas punitivas tras desertar.
Una muerte polémica
Rafael Acosta fue detenido el pasado 21 de junio por la Dirección General de Contrainteligencia Militar junto a otros seis uniformados por su presunta implicación en la asonada militar del 30 de abril, con la que el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, pretendía derrocar a Maduro.
El capitán de corbeta murió mientras estaba bajo custodia de la DGCIM tras aparecer ante un tribunal en silla de ruedas e incapaz de hablar. La oposición sostiene que fue torturado y ha exigido una investigación internacional para esclarecer los hechos. El Gobierno, por su parte, ha abierto una investigación interna por la que ya han sido detenidos dos agentes de la DGCIM pero decidió enterrar ayer el cuerpo en contra de la voluntad de su familia, que denuncia que murió a causa de las torturas sufridas. Según el abogado de la familia, Alonso Medina Roa, recibieron una llamada telefónica en la que se les informó de que un tribunal de Caracas había ordenado la entrega del cadáver pero solo para que fuera trasladado desde la morgue de Bello Monte al Cementerio del Este y se enterrara allí, algo "contrario a los deseos familiares". "Es decir, que el entierro iba a ser única y exclusivamente con estrictas medidas de seguridad y en el lugar donde el Estado decidió", ha explicado Roa en declaraciones a la prensa difundidas por Twitter. La viuda de Acosta, Waleswka Pérez, había denunciado horas antes en un vídeo publicado en la misma red social la "entrega controlada" del cuerpo sin vida de su marido. "Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esta empresa", se quejó en alusión a la morgue de Bello Monte. Además, indicó que se trata del mismo protocolo que se aplicó al caso de Óscar Pérez, ex piloto militar que se sublevó junto a otros uniformados contra el Gobierno de Nicolás Maduro y bombardeó desde un helicóptero la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Fue abatido en la casa de Caracas donde se ocultaba con sus compañeros pese a que habían anunciado que se rendían.