El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, cifró hoy en el 58 por ciento el grado de aceptación de sus recomendaciones del informe de Fiscalización de la gestión de la investigación de las universidades públicas de Castilla y León, del Plan anual de 2016. La institución planteó diez recomendaciones, tres dirigidas a la Junta, ocho a cada una de las universidades y una a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, de las que no compartieron ocho y no contestaron otras siete. 

Amilivia precisó que en la primera recomendación, aplicada por la Junta, se planteaba la inclusión como posibles beneficiarios de subvenciones de concurrencia competitiva los institutos universitarios de investigación. Respecto a la Agencia para la Calidad autonómica, ha aplicado la recomendación de unificar sus criterios con los de Aneca (la agencia nacional) en la evaluación de las figuras del profesor ayudante y del profesor contratado doctor, atribuyendo una mayor puntuación a la actividad investigadora de los candidatos.

Asimismo, indicó que se han atendido, también, otras recomendaciones como la referida a la publicación conjunta de las actividades de investigación gestionadas directamente o por sus fundaciones para lograr una mayor publicidad y transparencia de la actividad investigadora. 

Así, indicó que ha sido corregida por la Universidad de Burgos y aplicada parcialmente por la de Valladolid. Asimismo, la recomendación sobre la armonización de las condiciones de acceso, permanencia y salariales que debe cumplir el profesorado para poder ser nombrado como emérito se considera aplicada parcialmente por las universidades de Burgos y Salamanca. Además, la recomendación relativa a regular reglamentariamente la forma de acreditación de la actividad profesional del profesor asociado exigida para su contratación o renovación, ha sido corregida por la Universidad de León.

Amilivia precisó también que la recomendación para eliminar la figura del becario de investigación en aquellos supuestos en los que legalmente subsiste ha sido aplicada por las universidades de Burgos y León. Junto a esto, la Universidad de León aplica parcialmente la recomendación que plantea diferenciar, dentro de los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU y de los convenios, los que tienen por objeto la investigación de otros de prestación de servicios.

La Universidad de Burgos aplica además parcialmente la referida a la implantación de un sistema de evaluación de la eficacia y la eficiencia del profesorado universitario en el desarrollo de la actividad investigadora.

En otra recomendación, el Consejo plantea que las universidades cuantifiquen los costes indirectos que deben aplicarse a la actividad investigadora en base a criterios y normas de contabilidad generalmente aceptadas para lo que debería utilizar, una vez implantados definitivamente, los sistemas de contabilidad analítica. 

Amilivia significó se está elaborando en la actualidad el informe de “Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas”, que podría ser aprobado en el último trimestre de este año. La implantación de dicho modelo, afirmó, no avanza de igual manera en todas las universidades, tanto en las de Castilla y León, como en las del conjunto del país.