Los grupos Popular y de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León sostienen que la supresión de los aforamientos se retrasaría si como avanzó este lunes el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, se incluye en la actual reforma del Estatuto de Autonomía las leyes que regulan la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Red de Protección a la Familia o el 'suelo social' que plantean los socialistas.

Tras la reunión de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, el 'popular' Salvador Cruz y la portavoz de Cs, Carlota Amigo, defendieron que incluir en esta reforma de la norma máxima de la Comunidad la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Red de Familias, como planteó el consejero, alargaría en el tiempo su modificación al igual que recoger el 'suelo social' que propone el Grupo Socialista, que también ha presentado su propuesta.

En ese sentido, la secretaria general del Grupo Socialista, Patricia Gomez, reiteró que no apoyarán solo la supresión de los aforamientos, como defendieron Salvador Cruz y Carlota Amigo, así como que no se contemple la eliminación de la prohibición de detener o retener a miembros de la Junta excepto en caso de delito grave. Para el PSOE solo debe mantenerse la inviolabilidad de los procuradores por sus opiniones o votos.

La socialista aseguró no entender por qué para PP y Cs establecer una inversión mínima del 12 por ciento del PIB autonómico en políticas sociales y del Estado de Bienestar es un “obstáculo insalvable” y por qué se ponen “tan nerviosos” con su reforma “express”, si bien recalcó que solo existe una fórmula para modificar el Estatuto de Autonomía, al tiempo que recordó que si se rechaza ésta, por un año no se podrá retomar.

El 'popular' Salvador Cruz recalcó que el objetivo de la propuesta, presentada en virtud del acuerdo de gobierno de su partido y Cs, es suprimir los aforamientos “a la mayor brevedad” y recalcó que es “muy sencillo” hacerlo si existe voluntad política por parte del PSOE, a quien advirtió de que será el “único responsable” de bloquear esta iniciativa si la supedita a la inclusión de otras cuestiones, como hizo a su juicio la legislatura pasada, que requieren de un mayor debate. Además, recalcó que todas las formaciones políticas de la Cámara están a favor de esta medida.

En la misma línea, la portavoz de Cs recalcó que la existencia de consenso sobre la necesidad de eliminar los aforamientos permite hacer una reforma estatutaria “más rápida”, a través del procedimiento de lectura única, por lo que según sus cálculos podría estar aprobada en diciembre. Para ello, recordó que es necesario el voto del Grupo Socialista, ya que requiere una mayoría de dos tercios del Hemiciclo castellano y leonés.

Junta y Cortes

Ante la propuesta del PSOE y la iniciativa del consejero de Empleo e Industria, Carlota Amigo evitó corregir a Germán Barrios y argumentó que recoger la Renta de Ciudadanía, que recordó ya figura como prestación, y otros derechos sociales requiere un debate “más amplio”, así como diferentes informes y consultas a organismos.

Insistió en que los aforamientos son un “privilegio” de la clase política que se debe suprimir. “No puede ser ahora”, dijo sobre otras cuestiones sociales y consideró que aunque suene “raro”, se podrían impulsar dos reformas del Estatuto en una misma legislatura, algo que admitió no se ha hecho hasta ahora, pero recalcó que en este momento existen políticos “nuevos” con “ganas de cambiar las cosas”.

De la misma forma Salvador Cruz expresó su respeto a las palabras de Germán Barrios, pero recalcó que el objetivo de PP y Cs, como establecieron en el programa de gobierno conjunto es acabar con los aforamientos de la forma más rápida posible.

La socialista Patricia Gomez aseguró que la propuesta del consejero, que formuló tras reunirse con los miembros del Consejo del Diálogo Social, demuestra que no hablan entre ellos o que tienen una “disparidad” de opiniones entre los grupos parlamentarios de las Cortes y el Ejecutivo. Además, defendió que la inclusión de la Renta de Ciudadanía y la Red de Familias son una demanda acordada con los sindicatos UGT y CCOO.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos, Pablo Fernández, abogó por una reforma “integral”del Estatuto si se “abre el melón”, que además de suprimir los aforamientos, privilegie los derechos sociales de los castellanos y leoneses, a través del blindaje del gasto social.