Por qué no va a poder estar la sede de las Cortes o del Gobierno en diferentes provincias? Sería una poderosa forma de avanzar, de resolver agravios y de acercar el poder y la toma de decisiones a la gente». En apenas 15 segundos, el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, volvía a poner en la palestra en sede parlamentaria uno de los debates más espinosos de los casi 40 años de andadura autonómica: el de los lugares donde deben estar las instituciones, una discusión que empantanó las negociaciones para la constitución de la Comunidad y que, como un guadiana incómodo, emerge periódicamente. Con sus palabras, Tudanca pasaba página a la posición tradicional de los socialistas de Castilla y León que desde el primer momento han defendido el actual status quo, que implica que tanto la Presidencia como las Cortes estén en la capital vallisoletana. El Grupo Popular, reticente en los balbuceos de la autonomía, también se ha instalado en este consenso desde que, el 29 de diciembre de 1987, José María Aznar fijase las sedes por Ley.

Desde entonces, según informa Ical, y a excepción del Consejo Económico y Social que se creó en 1990, el resto de instituciones que fueron naciendo en la Comunidad se han repartido por distintas provincias. Así, la Dirección General de Minas, el Ente Regional de la Energía y el Procurador del Común están en León; el Consejo de Cuentas emite sus informes desde Palencia; el Consejo Consultivo, desde Zamora y el la mesa de gobierno del Tribunal Superior de Justicia está en Burgos. Este traslado tiene más de simbólico que de palanca de desarrollo en sus respectivas ciudades, dado que el volumen de funcionarios vinculados es muy reducido: 32, el Procurador del Común; 29, el Consejo Consultivo, y 71, el de Cuentas.

Pese a que, legislativamente, la ubicación de las sedes es una cuestión zanjada, el debate vuelve al primer plano con cierta periodicidad. La primera ley que votaron las Cortes de Castilla y León tras su constitución, un 30 de junio de 1983, tenía que ver con este tema y el planteamiento que entonces hicieron los socialistas –similar al reparto actual– no alcanzó la mayoría de dos tercios que contempla el Estatuto. 

Primeros debates

En los debates del primer estatuto, la cuestión se convirtió en una de las piedras de toque. UCD apostó decididamente por Tordesillas (Valladolid) y así figuró en el primer proyecto. En Burgos, la noticia cayó como un jarro de agua fría y fue el inicio de un intento, nunca consumado, de separarse de la Comunidad. Sin embargo, la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 rebajó las expectativas tordesillanas y en la redacción final del estatuto quedó recogido que una ley fijaría las sedes con el apoyo de tres quintos.

El primer presidente de la Comunidad, el socialista zamorano Demetrio Madrid, recogió el guante y, antes incluso que la propia ley de Gobierno, llevó a la Cámara una norma para fijar en Valladolid la sede de la Presidencia y de las Cortes. La iniciativa no salió finalmente adelante por la abstención del Grupo Popular. Finalmente, un decreto de Demetrio Madrid el 12 de agosto de ese año resolvió el asunto fijando las sedes provisionalmente en Valladolid. Con rapidez, las instituciones vallisoletanas ofrecieron inmediatamente locales para acogerlas: la Diputación puso en manos de la Junta el castillo de Fuensaldaña para las Cortes y el Ayuntamiento se apresuró a ceder el colegio de la Asunción para la Presidencia. Cuatro años después, Aznar llevó a la ley el status quo existente. A partir de ese momento, el resto de instituciones propias se han ido repartiendo por distintas ciudades, mediante el acuerdo de los grupos  sin que su sede esté fijada por ley.

Crisis socialista

Sin embargo, la polémica más encendida la que protagonizaron en 2005 los socialistas vallisoletanos y leoneses. Los primeros pretendían que la reforma del estatuto recogiera la capitalidad de Valladolid. La propuesta cayó como una bomba en León. Tras una sucesión de declaraciones públicas, el líder socialista, Ángel Villalba zanjó el tema señalando que el nuevo estatuto recogería «las sedes naturales. Finalmente, el PP dejó las cosas como estaban y el estatuto vuelve a recoger que una ley finará por mayoría de tres quintos las sedes de las instituciones de Castilla y León. Ese es el apoyo que deberá lograr quien quiera cambiar la situación.