Cuando a principios del año pasado los sindicatos UGT y CCOO se sentaron con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y la asociación Hoteles de Valladolid para negociar el nuevo convenio, pocos podían imaginar que se estaba dando inicio a una lucha sin cuartel entre las partes que ha dejado a los 10.600 trabajadores afectados sin convenio durante los últimos 22 meses, y con el salario congelado desde 2017. Y no parece que se vaya a resolver a corto plazo.
El cruce de acusaciones entre unas partes y otras ha derivado en un juicio que se celebrará el próximo día 21. Es esta vista las dos patronales deberán determinar si tienen el suficiente nivel de representatividad para negociar este convenio, dado que el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores dicta que solo podrán hacerlo en los convenios sectoriales las patronales que tengan asociadas al menos al diez por ciento de las empresas y que estas den empleo al mismo porcentaje de trabajadores. También podrá hacerlo las asociaciones que den ocupación al 15 por ciento de trabajadores afectados.
Fue la Oficina Territorial de Trabajo la que decidió acudir a los tribunales para aclarar estas cuestiones y después de una serie de requerimientos a las partes en conflicto. Si las asociaciones demuestran que tienen ese nivel de representatividad, la negociación se tendrá que retomar, pese a que la Asociación de Hosteleros no está dispuesta a aceptar el incremento salarial que plantean los sindicatos, pese a que en otras provincias sí que ha habido acuerdo. En cambio, la asociación Hoteles de Valladolid sí que llegó a un acuerdo con UGT y CCOO.
Si las asociaciones no demostraran su representatividad, los sindicatos son conscientes de que, probablemente, tendría que negociar el convenio con la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), un extremo al que tampoco quieren llegar porque intuyen que la patronal acudiría con «planteamientos estandarizados» que harían todavía más difícil el acuerdo. Si se diera este escenario, los sindicatos también tienen decidido acudir al Ayuntamiento para pedir que deje de tratar a la Asociación de Hostelería como un interlocutor válido para el sector, lo que implicaría, por ejemplo, que no podría participar como colaboradora en eventos el Concurso Nacional de Pinchos ni la Feria de Día.
En poco menos de dos semanas el Juzgado deberá escribir un capítulo más dentro de un culebrón con un incierto final.