El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha fallado esta semana que los repartidores de la empresa Deliveroo son asalariados de la compañía y no autónomos, como defendía la compañía. Esta resolución judicial se produce meses después de que Deliveroo haya empezado a operar en Valladolid, del mismo modo que lo hizo hace tiempo Glovo. Se trata de unas empresas que arrastran multitud de críticas por las condiciones laborales de sus trabajadores. El secretario de Política Sindical, Industrial y de Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, admite la preocupación de los sindicatos por su aterrizaje en provincia y pide una regulación estatal que proteja a los empleados y dé un marco de actuación a los representantes de los trabajadores. 

Hace unos meses que han llegado a Valladolid empresas como Glovo y Deliveroo, salpicadas por la polémica sobre las condiciones laborales de sus repartidores. ¿Están preocupados por ello?

Hay preocupación. Todo aquello que no esté regulado mediante lo que conocemos a día de hoy, puede llegar a asustar. Sindicalmente es un reto. Una de las dificultades que tenemos es que no hay diálogo con estas empresas. Son aplicaciones, sociedades en las que no hay un encargado, un jefe o un responsable de recursos humanos, tal y como los entendemos. Hay un número de personas incalculable a nivel mundial que se ven obligadas a trabajar en estas compañías, que no existen como tales.

Pero son empresas legalmente constituidas...

Dentro de la legalidad están, pero legislativamente, a nivel europeo, estamos en pañales. En el año 2019, en pleno siglo XXI, en Europa se sigue debatiendo qué es ser trabajador. Hasta el día de hoy entendíamos que es una persona que presta unos servicios, cobra por ellos y sabe dónde cotiza. Pero es que ahora un trabajador también es una persona que abre un ordenador y mete un número determinado de trabajos en una aplicación, el que trabaja doce horas hoy y mañana ninguna... la falta de regulación sobre estas empresas ha generado muchas lagunas.

¿Y cuál es la solución? ¿Obligar a estas empresas a que tengan una estructura más tradicional o adaptar la normativa para que contemple esta nueva realidad y, al mismo tiempo, proteja al trabajador?

La mayor dificultad para nosotros es la regulación estatal. Hay un Estatuto de los Trabajadores, unos convenios colectivos, una Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), es decir, una legislación que tiene que regular lo que no esté recogido en los contratos. Y ahí es donde hay unas lagunas en las que esta gente se está amparando. El Gobierno debe decirnos las reglas del juego. Todas las patadas que demos al bote para intentar reivindicar en las regiones, bienvenidas sean, pero es necesaria una regulación estatal.

Empresas como Deliveroo y Glovo cargan con esta polémica, pero, ¿esas condiciones que denuncian los sindicatos son comunes en todas las empresas de reparto a domicilio?

Afecta a las que funcionan mediante plataformas digitales, a estas personas que trabajan con una aplicación que se descargan en su propio móvil. Aunque no me atrevo a decir que en el cien por cien de los casos sea una relación laboral fraudulenta, porque la Justicia está dando palos en un sentido y en otro. Lo que queremos es que estos riders tengan un contrato, un convenio y unos descansos. Eso es primordial también por la fiscalidad, para saber dónde cotizan. A día de hoy la única vinculación que tienen estas personas con la empresa es un móvil con una aplicación digital, y eso no puede ser.

Estas empresas llevan poco tiempo en Valladolid. ¿Ha recibido ya el sindicato quejas de sus trabajadores?

En Valladolid, y en otras provincias de Castilla y León, se acercan trabajadores y familiares de los mismos para quejarse de lo que les sucede. Pero es que los sindicatos, el propio trabajador, e incluso la Inspección de Trabajo, tenemos muchas dificultades al no existir un libro claro que marque las pautas, la normativa. Esto también es una consecuencia de la reforma laboral. Unas lagunas que solo se están solucionando a golpe de sentencia judicial.

¿En qué se traduce la precariedad de estas personas?

Al 99,99 por ciento se les trata como si fueran autónomos, pero son ciudadanos que prestan un servicio durante un número determinado de horas. Si están en su casa y no abren la aplicación, no tienen ningún servicio que prestar. En cambio, si la abres, trabajas el tiempo que creas conveniente; cuantos más servicios prestes, más facilidad tienes de que te llegue más trabajo. En ocasiones, poniendo su propio coche o su propia bici. Entendemos que eso no es un trabajo regulado. Si esa empresa está registrada como tal para prestar servicios en España, hay que regular todo.

¿Y qué papel han de jugar los sindicatos para conseguir esa regulación que considera tan necesaria? ¿Son más efectivas las denuncias o la presión política?

Nuestras federaciones estatales están trabajando, en comisiones internas, con el Estado para hacer esa regulación. Lo que sucede es que Europa marca los caminos a seguir.

Me imagino que esta situación dificulta saber cuántas personas tienen este tipo de relaciones laborales en la provincia.

Unas 17.000 en todo el Estado, pero es una cifra que se puede llegar a multiplicar por tres en 2020.

Desde el inicio de la crisis y la aprobación de la Reforma Laboral los sindicatos han denunciado reiteradamente una precarización del mercado laboral. ¿La recuperación ha frenado esa tendencia?

No. El sector servicios cada vez está más precarizado. Me refiero a la hostelería, los hoteles, la logística, el comercio, etcétera. Pese a que están al alza, lo que hacen es concatenar contratos y hacer despidos, no por lo que hayan perdido, sino por el pronóstico que tengan de lo que van a perder en los próximos meses. La Reforma Laboral les facilita dispensar un trato degradante a los trabajadores.

¿Realmente considera que son sectores que están al alza?

Cada vez hay más apertura de negocios y las terrazas de la hostelería ya no son solo de verano, también las tienen en invierno. Pero, en cambio,  cada vez hay más trabajo de jornadas parciales y horas extras sin pagar. Además, son empresas que no cumplen con la legislación

Pero se supone que los sindicatos deben ser los garantes de los derechos de los trabajadores. ¿Se puede interpretar esa pérdida de derechos como un fracaso de los sindicatos? ¿Qué autocrítica hacen?

Es cierto que a nivel estatal deberíamos haber sido más duros frente a las reformas laborales. La patronal ha sabido amedrentar al trabajador para que no salga a la calle a reivindicar. Han sabido labrarse la política de la derecha, que ha construido un jardín de rosas para que la patronal puede amedrentar a la clase trabajadora. A día de hoy reclamamos a un Gobierno de izquierdas, como puede ser el de Pedro Sánchez, que corte con la Reforma Laboral, algo que no ha hecho ningún partido en los últimos once años. Necesitamos sentarnos a ver qué necesidades tienen las familias, no la patronal, cuyas reivindicaciones siempre están relacionadas con más flexibilidad y mejoras fiscales, nunca con los trabajadores. Hay familias de cinco miembros en las que trabajan tres de ellos y no llegan a fin de mes.

¿El miedo de los trabajadores a perder el empleo ha hecho que los sindicatos se vean menos respaldados en sus convocatorias?

Ese miedo, que existe, nos hace más necesarios. Somos igual o más necesarios que hace 130 años, cuando se creó UGT. Yo creo que el cien por cien de los trabajadores de este país deberían estar sindicados. Así podríamos hacer otra clase de sindicato.

¿En qué situación se encuentra la negociación colectiva?

En 2018 han ido muy bien las firmas de convenios. Se han cerrado unos 80 en Castilla y León. Bien es cierto que la patronal a veces los firma y luego incumple el articulado. La primera responsabilidad social de una empresa es cumplir con sus trabajadores, antes de decir, de cara al exterior, que es muy buena con el medio ambiente o que va a donar dinero al equipo de fútbol del barrio. Si has firmados un folio con 15 artículos, tienes que cumplir los 15. No lo hacen, y por eso estamos todos los días en los servicios de intermediación y en los juzgados.

Ahora que habla de incumplimientos, ¿se han adaptado todas al nuevo Salario Mínimo Interprofesional de 900 euros?

A la Inspección le está siendo muy difícil trabajar, a no ser que haya una denuncia individual sobre la cotización. Algunas empresas están aplicando reducciones de jornada para que esos trabajadores no lleguen a 900 euros. De forma individual, sin negociación ni nada, y aunque luego realmente se hagan jornadas completas. Después hay otros casos de trabajadores que llevan dos años cobrando unos complementos que a partir del 1 de enero de este año han pasado a ser parte del salario. Necesitamos que los trabajadores denuncien. Y si tiene miedo, tenemos comités de empresa, delegados y edificios a los que se pueden acercar. No queremos que denuncien para que haya una sanción al empresario, sino para que haya conversiones de contratos temporales en indefinidos, se les pague el dinero que se les debe, se respete los horarios...

¿Por qué esta costando tanto llegar a un acuerdo con el convenio de hostelería?

A nivel nacional el sector hostelero es, tal vez, el más precarizado, pese a que está en crecimiento. Y aquí cada día crecen más las peticiones de licencias para terrazas, las mesas en las mismas, hasta el punto de que en algunos puntos inundan las aceras. El convenio ya está negociado desde hace un año y medio, pese a que la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), con Ángela de Miguel a la cabeza, pida que negociemos otra vez. No hay nada que negociar. Lo que hay que hacer ahora es registrarlo.

Pero parece que la Oficina Territorial de Trabajo no está por la labor...

Tiene encima de su mesa el convenio negociado y lo que ha pedido, se lo hemos dado, como la representatividad. La Oficina está trabajando de parte de la CVE y de la hostelería, cuando debería ser aséptica y registrar un convenio que está negociado.

¿Ha sido muy conflictiva la implantación del registro horario en las empresas?

Ha habido un gran número de trabajadores que, aunque no denuncian, nos comunican que, en lugar de hacerles firmar su hora de entrada y salida cada día, les obligan a hacerlo de forma semanal, con un horario base, lo cual está prohibido. Otra práctica es eso de fichar a las dos, pero seguir trabajando hasta las cuatro. Ya ha pasado tiempo y pedimos a la Inspección que actúe para que se reconozcan la totalidad de las horas trabajadas. Tiene que empezar a sancionar ya. 

Usted fue delegado sindical en Iveco. ¿Cómo ve el futuro de un sector tan importante para Valladolid como el de la automoción y para sus trabajadores, teniendo en cuenta el nuevo modelo de movilidad que se avecina y los cambios legislativos que lo acompañarán?

Puede que vuelvan los expedientes de regulación de empleo, que es una herramienta que sigue contemplando la Reforma Laboral, si bien las empresas se están valiendo ahora de los multiservicios, la multicontratación, auxiliares y contratas, contratación parcial y las empresas de trabajo temporal. Ahora ya no pueden recurrir a los expedientes porque no tienen causas objetivas. Es cierto que el Ministerio se apresuró al decir que se acababa el diésel, pero la automoción debería invertir en acciones de mejora del medio ambiente en los territorios donde está implantada, que para eso reciben subvenciones y ayudas. Además, en estas empresas se está generalizando una competencia desleal a nivel interno, entre diferentes centros de trabajo, sobre las condiciones para conseguir nuevos vehículos. Esta competencia interna es añadida a la que tienen entre las marcas.

¿Qué opinión le merece el desarrollo del Diálogo Social en el Ayuntamiento de Valladolid?

El Ayuntamiento de Valladolid ha entendido que tenía que poner fondos propios, y esa era la máxima exigencia desde UGT. No nos valía que se quedará en eso de que la Comunidad no daba presupuesto. Veníamos de un equipo de Gobierno para el que el Diálogo Social no existía. Ahora bien, en 2019 y 2020 tiene que haber un salto cualitativo si, como dice el propio grupo que gobierna, ellos son el referente del PSOEen Castilla yLeón.